La
Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y
pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el Estado, por la mala
liquidación de sus haberes.
La
iniciativa fue aprobada en general por 55 votos a favor y once en contra tras
nueve horas de debate con el apoyo del interbloque Cambiemos más el peronismo
disidente y gran parte del bloque del Frente para la Victoria.
En
contra votaron un sector ultrakirchnerista, mientras que se abstuvo Proyecto
Sur.
Al
ser discutida en particular, hubo varios artículos cuestionados por la
oposición, como los que hablan sobre el blanqueo y sobre la utilización del
Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES para pagar las deudas, pero que
fueron aprobados, aunque con un margen menor a la votación en general.
La
ley contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y
pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al Fondo de Garantías
de Sustentabilidad (FGS) del Anses y en parte a la apertura de un blanqueo de
capitales.
La
propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad
previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle
los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán
financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
No
tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel
del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000
pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo
año.
Además
se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión
a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Entre
otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para
jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados
(casi dos millones y medio).
Podrán
participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra
el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no
obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes
mal calculados.
Aquellos
con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en
el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El
financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de Anses en
empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer
en manos del Estado.
La
propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo
para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para
financiar el sistema previsional.
Además
se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a
las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden
exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
El
proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el
ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60
años para las mujeres y de los 65 para los hombres.
El
presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el peronista pampeano
Daniel Lovera, defendió la iniciativa argumentando que se trata de “una
reparación para jubilados” que “busca un blanqueo de capitales para hacer
frente a esa tarea”.
No
obstante, Lovera destacó la “restitución” del quince por ciento de la
Coparticipación para las provincias a las que se les había retenido desde la
década de los ’90.
El
presidente del bloque radical, Angel Rozas, consideró a la iniciativa como
“trascendente”, ya que “no solo ha puesto a prueba el carácter social y federal
del gobierno nacional, sino que viene a saldar con sensatez y equidad las
deudas internas más serias que tienen los argentinos”.
En
tanto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel
Pichetto, evaluó que “el corazón del eje de este debate tiene como finalidad el
pago a los jubilados y un compromiso y un desafío para el gobierno”.
La
peronista disidente Liliana Negre de Alonso, en tanto, destacó que “hay una
deuda pendiente” y “una violación a los derechos humanos” en referencia a lo
que se les debe a los jubilados, al tiempo que adelantó que votará el blanqueo
de capitales “porque tiene una asignación específica para que estos fondos
vayan a abonar esta reparación”.
Finalmente,
la ultrakirchnerista María Labado fustigó duramente al proyecto y denunció que
“el blanqueo no garantiza el financiamiento” del pago de las deudas.
Además,
indicó que el Senado debería estar debatiendo “la Ley del 82% móvil”, pese a
que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó durante su primer
gobierno una norma similar aprobada por la oposición.