El
ex vicepresidente Amado Boudou quedó a un paso del juicio oral en el marco de
la causa Ciccone luego de que el juez a cargo de la instrucción considerara que
la investigación estaba completa.
El
juez federal Ariel Lijo solicitó al fiscal Jorge Di Lello que requiera la
elevación a juicio oral de la casa en la que se investiga al ex vicepresidente por
los delitos de coecho y negociaciones incompatibles con los deberes de
funcionario público.
De
acuerdo a la investigación, el ex funcionario y el empresario José María Nuñez
Carmona adquirieron la empresa con capacidad para imprimir billetes cuando se
encontraba quebrada y Boudou era ministro de Economía.
La
adquisición, según se determinó en la pesquisa, se habría producido a través
del amigo de Boudou Alejandro Paul Vandenbroele y de la firma The Old Fund, de
la que este era titular.
El
objetivo de la adquisición de Cicciones Calcográfica -siempre según la
investigación- era el de contratar luego a esa empresa para que imprimiera los
billetes y documentación oficiales.
“En
la causa se constató que Amado Boudou, aprovechando su condición de funcionario
público, y Núñez Carmona, habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y
Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa”, informó el
Centro de Información Judicial (CIJ), que difundió la decisión de Lijo.
El
acuerdo contemplaba también que se realizaran los actos necesarios para que la
firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública, algo
de lo que estaba imposibilitada como consecuencia de su quebranto.
“Amado
Boudou tuvo injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la
adquisición, y, junto a Resnick Brenner -Jefe de asesores de la AFIP- y César
Guido Forcieri -Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el
trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP”, reconstruyó el CIJ, que depende de
la Corte Suprema de Justicia.
Boudou,
Nuñez Carmona y Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Reinwick, Resnick Brenner y
César Guido Forcieri, fueron y sus bienes fueron embargados hasta cubrir la
suma de 200.000 pesos.
Todos
los procesamientos, menos el de Reinwick, fueron confirmados por la Sala I de
la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y por la Sala IV de la
Cámara de Casación Penal.
