Los
abogados especializados en cuestiones de familia y violencia de género explican
que las restricciones que pueden afectar a los padres varones pueden ser de
derecho -cuando existe una decisión judicial que así lo determine- o de hecho,
que es el caso en que las madres esgrimen distintas excusas para impedir el
contacto entre el padre y los hijos.
El
primer caso, el de la restricción judicial, se da cuando existen causas por
violencia o abuso, tanto contra la madre como contra los menores.
El
juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de La Plata Carlos Rozanski,
expresó una opinión crítica respecto a "ciertas organizaciones de
padres" que denuncian impedimentos de acceder a sus hijos: "en
general encubren a hombres violentos, muchas veces acusados y procesados por
abusos de sus hijos".
"Cuando
se impide judicialmente el acceso de un padre a un hijo es porque hay sobradas
razones", agregó el magistrado.
"Cuando
un padre es violento o abusador, lo más lógico es que -para proteger a los
menores- se restrinja el acceso o se lo envíe a la cárcel", agregó.
Por
su parte, el psiquiatra especializado en vínculos familiares Enrique Stola,
explicó a Télam que el impedimento a un padre para ver a sus hijos
"generalmente es por hechos de violencia, sobre la mujer o sobre la mujer
y los niños; o por abuso sexual. Muchos de estos hombres le pegan a la mujer,
pero dicen que no les pegan a los niños. Lo cierto es que los niños padecen
estrés post traumático igual como si le hubiesen pegado".
En
la vereda opuesta se ubican agrupaciones de padres como la que lidera Gerardo
Manghi, que viene denunciando lo que considera "el negocio de la
obstrucción de vínculos a través de las falsas denuncias".
"Somos
un grupo de padres, que sufrimos la obstrucción de vínculo con nuestros hijos y
que llevamos años sin poder verlos", expresó Manghi en un comunicado, al
tiempo que continúan difundiendo en circuitos no tradicionales el documental
"Borrando a Papá", en el que denuncia "el sistema judicial que
borra a los padres en forma sistemática y obstruye los vínculos familiares por
rédito económico" y "los prejuicios de la Justicia y de algunos
profesionales, que hacen de la exclusión paterna una decisión automática ante
las primeras denuncias de una madre".
El
documental fue estrenado en 2014, en media docena de salas de la capital y el
interior del país, pero una orden judicial impidió que se pudiera seguir
proyectando. El juez civil de Buenos Aires Guillermo Blanch fue quien dispuso
la prohibición hasta tanto se eliminen de la película tres testimonios de
profesionales entrevistados. La medida cautelar fue presentada por la médica
María Cristina Ravazzola, la abogada Hilda María Radrizzani y la psicóloga
Susana Tesone, que plantean enfoques contrarios al que sostiene el documental.
El
productor del filme Gabriel Balanovsky -cuya historia es una de las seis de la
película-, dijo que "es imposible borrar esos testimonios sin desvirtuar
el documental" razón por la cual consideró la medida como "un acto de
censura".
Pero
más allá de los casos de violencia o abuso que derivan en exclusiones
judiciales, existen también los impedimentos "de hecho", los casos en
que una madre pone excusas para que el padre no vea a los hijos. Los
especialistas coinciden en que estas situaciones de impedimento suelen durar
poco tiempo. Es que no solo el "arsenal" de excusas tiene sus
límites, sino también que el padre tiene la posibilidad de presentarse ante un
juez y reclamar el inmediato acceso a sus hijos. Este tipo de reclamos
-coinciden fuentes judiciales- se resuelven rápidamente.
Un
caso paradigmático de este último tipo de impedimento, que contribuyó a
visibilizar la problemática, fue el de Ricardo Biasotti, ex marido de la actriz
Andrea del Boca.
En
el año 2007, Del Boca fue procesada y sufrió un embargo de sus bienes por
haberle impedido a Biasotti que tuviera contacto con su hija.
El
juez correccional Alejandro Litvack dictó la medida por considerar que Del Boca
violó el primer artículo de la ley 24.270, que establece que "será
reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no
convivientes".
En
el caso de los progenitores de niños menores de 10 años, como era el caso de la
hija de Del Boca por aquel entonces, la pena oscila entre los seis meses y los
tres años, aunque la actriz nunca perdió su libertad por tratarse de un delito
excarcelable.
Litvack
había dictado en principio la "falta de mérito", pero las sucesivas
apelaciones de Biasotti acabaron con la condena de la actriz.