Enmarcar bajo la figura penal de femicidio los crímenes contra las mujeres, planteó el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ante el reciente episodio que tuvo como víctima a la adolescente de 16 años, Lucía Ríos, ocurrido en La Plata.
Además, el OVG pidió que desde el comienzo de las investigaciones penales, intervengan las fiscalías especializadas en violencia de género, acompañadas por un cuerpo de investigadores.
Lucia Ríos fue asesinada de un tiro el 16 de septiembre, en un barrio periférico platense. Su ex pareja, Gustavo Arzamendia, de 28 años y de nacionalidad paraguaya, fue identificado como el presunto autor.
Pese a que en el Departamento Judicial de La Plata existe una Unidad Fiscal especializada en Violencia de Género, las primeras intervenciones estuvieron a cargo de la UFI 6, desde donde se pidió cinco días después del hecho la captura internacional del supuesto homicida, mientras que la fiscalía especializada recién tomo intervención el 22 de septiembre.
A partir de esos acontecimientos, el OVG requirió la intervención de las unidades fiscales especializadas en violencia de género desde el inicio mismo de las investigaciones penales.
Propuso, además, que cuenten con un cuerpo de investigadores especializados en violencia de género, abocado a disponer de manera inmediata las medidas de instrucción: librar la orden de captura del homicida, preservar y analizar la escena del crimen, disponer allanamientos, tomar declaraciones a los testigos, producir y analizar pruebas periciales desde una perspectiva de género.
El OVG manifestó su preocupación para que las fiscalías caratulen las causas desde un inicio como femicidio, tal como lo prevé el Código Penal.
El modo en que se llevó a cabo el asesinato de Lucía Ríos, el contexto de riesgo y de vulnerabilidad en el que se encontraba, las situaciones de violencia previas contra ella y sus familiares, la relación desigual en términos de género entre el agresor y la víctima son parámetros que dan cuenta del contexto de violencia en el que se cometieron los hechos. Y en ese sentido, el OVG consideró que no resulta necesaria la existencia de denuncias previas para configurar el delito de femicidio.
En esa línea, pidió la definición de una agenda de políticas públicas que, con la integración de todos los niveles del Estado, aborde las desigualdades estructurales entre los géneros.
