El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro hizo lugar a la medida cautelar pedida por la concejala Marcela Durrieu y dispuso la suspensión de la Ordenanza 8745, sancionada el 5 de diciembre del año pasado, que permitía la construcción de 43.000 metros cuadrados de espacios verdes del Hipódromo de San Isidro para emprender allí el desarrollo de edificios de oficinas y viviendas.
En enero de este año, Durrieu había solicitado la suspensión de la ordenanza impulsada por el Intendente Gustavo Posse, debido a que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por Ley para aquellos casos donde se compromete el medio ambiente. Esa Ordenanza carecía del correspondiente estudio de impacto ambiental y del soporte de participación ciudadana, como así tampoco se tuvieron en cuenta la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana que disponía la norma votada de apuro por el oficialismo del Concejo Deliberante en la última sesión del 2013, antes de la asunción de los nuevos concejales.
“En aquel momento dije que era irresponsable que se negara a realizar una consulta popular y un estudio de impacto ambiental, pero como de costumbre siguieron adelante igual. Se consideran los dueños de San Isidro y que pueden hacer lo que se les da la gana. Pero la Justicia les dijo que no. Este es un fallo muy esperado y es un mérito de toda la comunidad de San Isidro que se movilizó en defensa del medio ambiente, y que tiene que ver con los postulados del nuestro Frente Renovador, como lo hizo Sergio Massa cuando trabajó para frenar el desastre de Colony Park en el territorio de las Islas”, afirmó la presidenta del bloque de concejales del Frente Renovador.
Según consta en el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro, “el Jockey Club llamó a licitación para vender el lote en cuestión a desarrolladores inmobiliarios de primera línea, o inversores o grupos financieros de reconocida solvencia con intervención de un estudio de arquitectos o empresa constructora”.
“El fallo establece claramente que la oportunidad de la medida cautelar se encuentra justificada a los fines de evitar la vuelta atrás de obras, emprendimientos y gastos que se puedan efectuar, y que el peligro en la demora se justifica a los fines de evitar hechos consumados que irroguen mayores conflictos y pérdidas económicas que pudieran ocasionarse de rechazarse el pedido de esta medida en favor de la Municipalidad”, explicó Luis Sprovieri, representante legal de la concejal massista.
“La Justicia está aportando el sentido común”, señaló Durrieu, y agregó que “el fallo incluso se preocupa por salvaguardar la integridad patrimonial tanto del Jockey Club como del Municipio ante una posible paralización o revocación de permisos de obras ya aprobados”.
Quien también se pronunció sobre la cuestión fue el senador provincial Sebastián Galmarini: “Este es un triunfo de los vecinos que se manifestaron a favor de preservar el medio ambiente donde elegimos vivir. Muchos nos movilizamos para cuidar este pulmón verde y no queremos que San Isidro sea un barrio más de la Capital Federal. Es hora que los gobiernos locales empiecen a planificar este tipo de modificaciones en defensa de los intereses ciudadanos por delante del negocio inmobiliario”.
