Ocho
choferes que trasladaban personas en la Ciudad con el sistema de la empresa
UBER fueron identificados en sus domicilios y en la vía pública y la Justicia
analiza pedir penas de arresto efectivo de hasta diez días por excederse en el
límite permitido para su licencia de conducir ya que efectuaban transporte de
personas para lo cual se necesita tener un registro profesional.
El
procedimiento, ordenado por la jueza Claudia Alvaro por una investigación que
lleva adelante el fiscal contravencional porteño Martín Lapadú, abarcó 13
allanamientos a oficinas, una de ellas en Maipú al 500, donde la Justicia
asegura que UBER SRL tiene su sede.
Lapadú
explicó a Télam que además se le pueden imponer "una inhabilitación de
hasta dos años para volver a conducir un vehículo" y detalló que en los
procedimientos "no hubo detenidos, las personas notificadas e
identificadas comenzarán a ser citadas a partir de la semana próxima".
Lapadú
explicó a Télam que además de ubicar y notificar a los choferes, siete en sus
domicilios particulares y una en la vía pública, se logró identificar además a
cinco personas que cumplen funciones directivas en UBER"
"A
estos cinco directivos se le puede aplicar el artículo 73 del Código
Contravencional que pena con hasta 20 días de arresto a los que violen
clausuras dispuestas por la justicia, ya que de hecho, tanto la página web como
la aplicación, que tenían la orden de cierre por parte de la jueza, continuaban
en funcionamiento", destacó Lapadú.
El
funcionario judicial destacó que "hasta ahora lo que hicimos fue bloquear
los lugares de comercialización de Uber como tarjetas de crédito y sitios como
Rapipago o Pago Fácil donde la empresa canalizó allí sus pagos al estar
cancelada la posibilidad de las tarjetas".
"Ahora
viene la etapa de las imputaciones", destacó Lapadú quien adelantó en este
sentido que luego del secuestro que se efectuó de computadoras se podrán
conocer más identidades y, en consecuencia podría haber más allanamientos y
personas imputadas", precisó el fiscal.
Indico
además que UBER "continúa funcionando por una cuestión técnica" ya
que "su dominio es ".com" y no se puede cancelarlo acotándolo sólo
a la Ciudad de Buenos Aires, para hacerlo hay que realizarlo en todo el
país".
Pero
adelantó que "se está en vías de solucionar este problema y que con la
imputación a choferes y directivos creemos que el funcionamiento de la empresa
estará mucho mas acotado".
El
22 de abril pasado la jueza Claudia Alvaro ordenó la clausura de la aplicación
y de las oficinas que pudiera tener pero en virtud de usar un espacio público
con fines lucrativos se realizaron los allanamientos en el microcentro y en
domicilios particulares.
"El
objetivo fue recolectar pruebas que sirvan para reforzar la reconstrucción del
ilícito e identificar correctamente a los autores con el objeto de poner fin a
la contravención, a la vez que se les imputa a los gerentes el haber violado la
clausura impuesta por la jueza Alvaro el pasado 22 de abril", indicó el
Ministerio Público Fiscal en un comunicado.
Durante
los allanamientos "se incautó documentación, que liga a los más de 20
imputados con las actividades ilegales de la empresa, y aparatos de telefonía
inteligente como smartphones, computadoras y otros dispositivos utilizados por
UBER", aseguró el Ministerio.
Fuente: Télam / Mundo Norte