Hay 168 mil niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, un 1,6% de la población total de esa edad, que no posee DNI, según el informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP).
La carencia de documento incide en la vida de estos ciudadanos que ven como el sueño de un título académico, la necesidad de una atención sanitaria o la posibilidad de un empleo regular se esfuman por carecer del mismo.
El informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social e Iadepp repasa numerosos casos de niños, niñas y adolescentes que no fueron inscritos en el nacimiento por sus padres, se convierten en personas invisibles para el Estado e inician un largo camino de obstáculos en búsqueda de su ciudadanía.
"Siempre que se nos han preguntado sobre la proporción de niños, niñas y adolescentes que no tienen DNI en el territorio argentino nunca pudimos especificar con rigor sobre la cantidad de personas indocumentadas, más allá de alguna percepción que el trabajo de campo nos permitía. De alguna manera sentíamos una deuda pendiente con la causa de los indocumentados el no poder establecer con rigor cuántos son los indocumentados en nuestro país", explica Jorge Álvarez, presidente de IADEPP, una organización con una década de trabajo en la documentación de ciudadanos. Y añade: "Eso nos llevó al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, a fin de aprovechar el marco de las encuestas de la Deuda Social para conformar un mapa exhaustivo de la situación. Luego de varios meses de trabajo, pudimos llegar a conformar conjuntamente un informe que nos va a permitir conocer con precisión la cantidad de niños/ as indocumentad@s en nuestro país y también, la preponderancia de acuerdo a las edades, regiones y zonas donde existe mayor proporción de indocumentados menores de 17 años".
La pobreza y las dificultades administrativas son los principales factores asociados a este problema. "Hubo muchas iniciativas de gobierno que propiciaron un mayor registro. Pero lo que es claro es que hay una parte de la población a la que el Estado no llega. Todas las políticas requieren que la ciudadanía se acerque, pero falta que vayan a buscar a la gente", afirma Ianina Tuñón, coordinadora de la investigación en la UCA.
Si bien no se observaron diferencias entre géneros, sí se advirtieron desigualdades por edad –la situación más crítica la registraron los niños entre 0 y 4 años: el 2,3% no tiene documento– y por lugar de residencia. Los menores de edad del Gran Buenos Aires registran tres veces más chances de no tener documento que quienes viven en las ciudades urbanas del interior; y los indocumentados en villas o asentamientos duplican a sus pares en áreas de urbanización formal media (el 2,2% y 1%, respectivamente).
Al menos seis derechos básicos se vulneran por la carencia del DNI:
A la identidad. La carencia de DNI vulnera el derecho a la identidad, reconocido en varias normas, como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2006 y que recoge elementos de la Convención internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989 y de la cual Argentina es Estado parte.
Acceso a la escuela. Los niños de entre 5 y 17 años registran una mayor propensión a la no asistencia escolar: la posibilidad de no asistir a la escuela siendo indocumentado es de casi 4 veces. 3,5% de los niños y niñas argentinos no tiene DNI y no asiste a un centro educativo, mientras que esta proporción se reduce al 0,9% entre los niños que no tienen DNI pero que sí asisten.
A una titulación. La ausencia de DNI dificulta la obtención del certificado que acredite la finalización de estos estudios, requisito indispensable para seguir en el trayecto educativo o integrarse de un modo regular al mercado de trabajo. Lo ilustra el caso de Juliana, una joven de 21 años que sueña con ser farmacéutica pero carecer de DNI le impide continuar con sus estudios. “Yo quiero terminar el estudio, es lo que más quiero... y recibirme de farmacéutica, pero me anoté al colegio y me dijeron que no. Llevé el de mi mamá y me dijeron que no, que soy grande y tengo que llevar mi DNI, todos te dan vuelta la cara...”
A la atención sanitaria integral. Sin DNI también es más difícil acceder a la salud. Un indocumentado no puede acceder al sistema privado ni a beneficios de la obra social de los padres. La asistencia pública sanitaria se limita a las urgencias. Se estima que 2,4% de los niños/as argentinos menores de 18 años es indocumentado y registra déficit en la atención de su salud: no tiene cobertura y lleva más de un año sin control médico.
A un empleo regular. El DNI contribuye a que los niños estén protegidos por las leyes de edad mínima de empleo. Los niños/as indocumentados argentinos de entre 5 y 17 años registran mayores probabilidades de realizar algún tipo de trabajo, ya sea doméstico intensivo y/o económico. Las chances de trabajar aumentan a 2,5 veces entre los indocumentados. Carecer de documento es un obstáculo para el futuro laboral, ya que impide a los personas insertarse como trabajadores en el sistema formal, quedando sus oportunidades reducidas al mercado informal, temporal e inestable. Javier, por ejemplo, es un joven de 19 años que inició el trámite para obtener su documento a partir de una oferta de trabajo en blanco que no pudo aceptar.
A la asistencia social. Muchos programas de asistencia social por parte del Estado requieren constancia de DNI, por lo que aquellos sin la debida documentación quedan excluidos de subsidios, programas de transferencias monetarias (como la Asignación Universal por Hijo), planes alimentarios o prestaciones sociales.
El informe concluye con recomendaciones específicas para cada uno de los poderes: al Ejecutivo, un Plan Federal por el Derecho a la Identidad, que facilite la inscripción, registro y documentación; al Legislativo, una ley específica sobre la situación de las personas indocumentadas, hoy repartidas en las leyes referidas a los registros civiles o las del potencial humano; y al Judicial, la mejora de los procedimientos expeditivos y la celeridad en los juicios de inscripción para los niños mayores de 12 años.
