Consultado por el proyecto presentado por el bloque de diputados oficialistas para regular los piquetes el Presidente de bancada del Frente Renovador, Darío Giustozzi afirmó: "Hace años que vengo diciendo que hay que terminar con los piquetes que se han convertido en la mayoría de los casos en una provocación social, en su momento recibí duras criticas del propio gobierno por sostener esta postura. Cuántas ambulancias llegaron tarde, cuántos trabajadores perdieron el presentismo, cuánto se perdió por las demoras o miles de baches generados por las cubiertas quemadas, cuántas horas de su vida perdieron los ciudadanos por quedar entrampados sin salidas en algún corte, es un disparate seguir así".
En este sentido, el diputado nacional Darío Giustozzi sostuvo: “Cada vez que hay confrontación entre el derecho a peticionar -que se debe consolidar y no restringir-, y el derecho a circular, se produce una confrontación de intereses del que nace un germen de violencia. Si éste se multiplica, se genera una atmósfera de tensión social que perjudica la calidad de vida de millones de ciudadanos. Por eso es necesario regular las manifestaciones públicas que perjudican a terceros".
Finalmente el diputado recordó que: "Ya hemos presentado nuestro proyecto, y vamos a trabajar para que salga lo mejor posible. Con nuestra iniciativa buscamos garantizar el derecho a peticionar sin limitar el derecho de otro a la libre circulacion".
El 27 de marzo pasado, el diputado Giustozzi presentó la propuesta de ley de Responsabilidad Cívica en la Vía Pública que reconoce el "derecho a la petición social", pero sostiene que dichas manifestaciones sociales no pueden realizarse a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Procura garantizar un ejercicio de las mismas respetando las libertades y los derechos de todos los integrantes de la comunidad.
Cabe señalar que el proyecto plantea no sólo establecer espacios públicos para que las manifestaciones populares no perturben o impidan el uso de la vía pública, sino que cada lugar debe contar con un sistema de transmisión visual permanente de libre acceso que permita la mayor visibilidad posible para los medios de comunicación. Dichos lugares deberán establecerse en las diferentes jurisdicciones, tanto la federal como la provincial y la municipal.
La iniciativa asimismo estipula que aquellos que no se adecuen a la norma tendrán sanciones que radican en trabajos comunitarios o multas que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos si las protestas se realizan en calles, y entre 3 y 5 sueldos en el caso de que sean avenidas o autopistas las afectadas.
En este sentido, el diputado nacional Darío Giustozzi sostuvo: “Cada vez que hay confrontación entre el derecho a peticionar -que se debe consolidar y no restringir-, y el derecho a circular, se produce una confrontación de intereses del que nace un germen de violencia. Si éste se multiplica, se genera una atmósfera de tensión social que perjudica la calidad de vida de millones de ciudadanos. Por eso es necesario regular las manifestaciones públicas que perjudican a terceros".
Finalmente el diputado recordó que: "Ya hemos presentado nuestro proyecto, y vamos a trabajar para que salga lo mejor posible. Con nuestra iniciativa buscamos garantizar el derecho a peticionar sin limitar el derecho de otro a la libre circulacion".
El 27 de marzo pasado, el diputado Giustozzi presentó la propuesta de ley de Responsabilidad Cívica en la Vía Pública que reconoce el "derecho a la petición social", pero sostiene que dichas manifestaciones sociales no pueden realizarse a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Procura garantizar un ejercicio de las mismas respetando las libertades y los derechos de todos los integrantes de la comunidad.
Cabe señalar que el proyecto plantea no sólo establecer espacios públicos para que las manifestaciones populares no perturben o impidan el uso de la vía pública, sino que cada lugar debe contar con un sistema de transmisión visual permanente de libre acceso que permita la mayor visibilidad posible para los medios de comunicación. Dichos lugares deberán establecerse en las diferentes jurisdicciones, tanto la federal como la provincial y la municipal.
La iniciativa asimismo estipula que aquellos que no se adecuen a la norma tendrán sanciones que radican en trabajos comunitarios o multas que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos si las protestas se realizan en calles, y entre 3 y 5 sueldos en el caso de que sean avenidas o autopistas las afectadas.
