El
Hipódromo de San Isidro, emplazado en el principal pulmón verde del distrito
fue rezonificado mediante una ordenanza que el Concejo Deliberante, dominado
por el Intendente Gustavo Posse, aprobó en la última sesión del 2013. Esta
modificación habilitó la construcción de torres de al menos 3 pisos, en una
superficie de 43.000 metros cuadrados de bosques y árboles.
Sin
embargo, el proyecto encontró resistencia casi desde el principio. Primero
fueron los vecinos aledaños al Hipódromo,
quienes ya reunieron más de 10.000 firmas para exigirle al gobierno de
Posse que dé marcha atrás con la ordenanza que básicamente agregaría unas 400
viviendas provocando graves conflictos con los servicios públicos básicos y con
el tránsito vehicular en el casco céntrico de San Isidro.
Los
argumentos del Jockey Club de Buenos Aires, propietario del predio, para vender
esas tierras son que necesita el dinero para sostener la actividad hípica y las
arcas del club, que son deficitarias. Sin embargo, trascendió una carta enviada
por la Comisión Directiva a los socios de la institución el 9 de julio pasado,
en la que dice que “se evaluará la inversión en uno o más predios, de hasta 200
/ 300 hectáreas, ubicados preferentemente en la zona Norte del Gran Buenos
Aires, en un radio de hasta 100 km de la Capital Federal” y que “los fondos
provenientes para tal operación provendrán de la venta de la esquina de Av.
Márquez y Av. Santa Fe”. Es decir, con la venta de los 43 mil metros cuadrados
de espacios verdes en San Isidro, la institución planea invertir en otras
instalaciones, contradiciendo sus argumentos.
Hay
que recordar que el turf está subsidiado por ley, y que según Raúl Nelson,
quien hasta el mes de mayo fue el Presidente de la Comisión de Carreras del
Jockey Club, la actividad hípica tuvo un gran apoyo desde el gobierno
provincial, a través del Fondo de Reparación de la Actividad Hípica.
El
proyecto también ha recibido cuestionamientos dentro del propio Jockey Club
donde acusan a los miembros de la Comisión Directiva de “sentirse dueños de la
verdad, sin tener en cuenta las sugerencias y la comunicación con los socios” y
de querer vender los terrenos de una manera que “no parece que sea una forma
transparente”.
A
los cuestionamientos de los vecinos y de los socios del club, se sumó una
presentación judicial de la concejala Marcela Durrieu, del Frente Renovador,
quien presentó un acción de amparo para exigirle al intendente que realice una
consulta popular y estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la
construcción, algo que omitieron hacer los concejales que aprobaron la
ordenanza.
Durrieu
afirmo que “existe un fallo judicial que exige el estudio de impacto ambiental
y una consulta popular, que de hecho, debió realizarse antes de aprobar esa
Ordenanza. O sea, tiene vicios de procedimiento y sería muy imprudente permitir
que se empiecen a construir las torres. Esperemos no tener que frenar las obras
de apuro con el dictado de una medida cautelar de la Justicia. Queremos evitar
que esto termine como con el Paseo de Fátima, o sea sin espacios verdes, con
una obra paralizada y a medio hacer, y con un juicio millonario en contra de la
Municipalidad que vamos a terminar pagando todos durante años. Así también
terminó la venta del viejo hospital".
Además,
la concejala Durrieu presentó un proyecto para derogar la ordenanza que
habilitó la construcción de edificios. Veintitrés concejales aprobaron enviarlo
a comisión, con pedido de pronto despacho, para que se debata a fondo la
validez de la rezonificación del Hipódromo de San Isidro. La concejala Ester
Fandiño, de Unidos por San Isidro acompañó el proyecto y afirmó que “con este
pedido de derogación se pretende tener, en la comisión, una discusión más
amplia sobre los cambios en el Código de Ordenamiento Urbano”.
Por
otro lado, el senador provincial Sebastián Galmarini presentó un proyecto en el
Senado bonaerense para declarar al predio del Hipódromo “Espacio Verde de
Interés Provincial”, que ya cuenta con el apoyo de 11 senadores del Frente
Renovador y que espera sumar voluntades del FPV, para evitar la pérdida de esta
reserva natural.
“Los
vecinos se oponen a la venta del Hipódromo, pero no los quieren escuchar. Por
eso no hicieron ni una consulta popular ni un debate público”, afirmó Durrieu.
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