El
problema afecta a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
11 provincias.
Los diputados nacionales Miguel Bazze y Ricardo Alfonsin (UCR Buenos Aires) presentaron un proyecto en el que piden informes al Poder Ejecutivo sobre la deficiencia en la entrega de medicamentos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que tiene la obligación de atender las prestaciones de más de 4,5 millones de jubilados, pensionados y familiares.
En el articulado reclaman, entre otros datos, porqué se mantiene el convenio con la industria como intermediaria, cuál es el sistema de auditoría sobre los pagos que realiza el INSSJP, de qué manera se realiza, si hay deuda y si existe un plan de pagos.
“Dentro de las obligaciones para con sus afiliados se encuentra la provisión de medicamentos, la que se encuentran resentidas por diferentes cortes de servicios que realizan las farmacias adheridas al convenio que el INSSJP mantiene con la Industria Farmacéutica aduciendo los adherentes el atraso en las acreditaciones de notas de créditos en las cuentas corrientes de sus proveedores y otros pagos, además de expresar que ya no pueden realizar el aporte en concepto de bonificación lo que les impide un normal aprovisionamiento de medicamentos en sus farmacias”, dicen en los fundamentos.
Según informan, en septiembre hubo cortes de servicios que afectaron a millones de afiliados al INSSJP en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Rio Negro, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.
“En 2002 en medio de la crisis social, económica y política, que afectaba -entre otros- a la actividad comercial y al estado, y para garantizar la provisión de medicamentos a los jubilados y pensionados se introduce un nuevo actor dentro del vínculo instituto, representantes de las farmacias y las farmacias prestadoras del servicio, allí aparece la industria farmacéutica como administradora del sistema”, explican.
Los diputados Bazze y Alfonsín señalan que “las entidades representativas de las farmacias vienen denunciando atrasos en las acreditaciones por parte del administrador que no le permiten cancelar los saldos con proveedores, lo que motivó las protestas de las farmacias que se expresó en los cortes de servicios por 24hs en 11 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los últimos días”.
“Ante la gravedad de la situación, la complejidad del sistema y la vulnerabilidad de la población a la que afecta, resulta urgente y necesario que el Poder Ejecutivo informe los motivos por los que: se mantiene hasta Diciembre de 2015 un contrato que impone un sistema tan farragoso y no se exige, en el mismo, la dispensa por nombre genérico de medicamentos; si ante esta complejidad tiene implementado algún sistema de auditoría o control que garantice que los pagos que realiza el instituto al administrador llegan en tiempo y forma al dispensador; si el instituto mantiene deuda en atraso con la industria farmacéutica (administradora) y en este caso cual sería el cronograma previsto para cancelar la misma; y fundamentalmente explique las políticas a llevar adelante en futuras contrataciones tendientes a mejorar el servicio en favor del afiliado, haciendo realidad el eslogan de Por una Argentina con Mayores Integrados – PAMI”, finaliza el proyecto.
