Se trata de la ordenanza mediante la cual el Intendente de San Isidro se disponía a comprar el predio en el que ase asientan 62 familias que iban a ser desalojadas. Es a raíz de que la Legislatura declaró los terrenos sujetos a expropiación.
Luego de que la Legislatura bonaerense declarara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos sobre los que se asienta el Barrio Uspallata de San Isidro, en el HCD local impulsan un proyecto para derogar la ordenanza mediante la cual el intendente Gustavo Posse se disponía a “realojar” a sus ocupantes para instalar un proyecto inmobiliario.
La movida fue impulsada por el edil sciolista Fabián Brest, y plantea lisa y llanamente la derogación de la Ordenanza Municipal Nº 8806 “en todos sus términos”. Mediante esa norma, la Municipalidad de San Isidro procedía a la compra del predio, en el que se encuentra ubicado el Barrio Uspallata de la localidad de Beccar, a un grupo inmobiliario en representación de varios propietarios privados, para posteriormente realizar un proceso de realojamiento de las 62 familias que habitan el lugar hace más de 30 años, fuera del distrito o en otras provincias.
La decisión de la Legislatura significó un revés al municipio, ya que habilita a llevar a cabo un proceso de regularización dominial incluyendo dentro del Plan General de Desarrollo y Vivienda y Censo integral de la población afectada previsto por la norma provincial sancionada, a todos los sectores del predio que no se encuentran alcanzados por dicha Ley en vigencia que alcanza hoy a 38 familias, a los fines de garantizar, el acceso a sus viviendas a la totalidad de las 62 que habitan el lugar.
Asimismo plantea incluir en el Presupuesto Municipal la asignación de partidas a los efectos de proceder a la provisión de los servicios públicos básicos, apertura y pavimentación de calles, conexión a la red cloacal, alumbrado público, la inclusión en el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, la asistencia integral en el Sistema de Salud Municipal y toda obra de infraestructura necesaria para procurar la urbanización e integración del barrio.
En este sentido el concejal Brest explicó “la sanción de la ley de expropiación viene a reivindicar la lucha y el trabajo de más de 30 años de los vecinos que lo habitan y les permitirá finalmente obtener el título de sus propiedades comprando, en las cuotas que establezca la norma, a 38 familias del barrio en principio y eso es un gran avance frente al plan de realojamiento del possismo que los obligaba a través de un subsidio a mudarse casi compulsivamente a otro municipio o provincia”.
