Plataforma del frente nacional que inscribió la UCR junto a la Coalición Cívica, el PRO, el Partido Fe, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Conservador Popular y el Partido del Diálogo.
CAMBIEMOS
Plataforma electoral
1. Declaración de principios.
2. Plataforma electoral.
a) Inclusión Social
b) Desarrollo económico
c) Fortalecimiento institucional
1. Declaración de principios
Los miembros de Cambiemos nos constituimos para impulsar el desarrollo económico, el fortalecimiento de la democracia y el sistema republicano, la independencia de la justicia, la calidad de la educación, la solidaridad social, y la felicidad personal de los habitantes de la República Argentina.
Buscamos el progreso y el desarrollo, como realización humana y material integral. No nos quedamos satisfechos con el mero crecimiento expresado en datos estadísticos sin implicancias personalizadas ni sociales. Y queremos ese desarrollo en una sociedad en libertad, donde la ley sea justa para todos y donde todos, a su vez, cumplamos la ley. Queremos una sociedad en la que la calle vuelva a ser de los ciudadanos, una comunidad en donde reine la armonía de una sana convivencia y en la que cada uno de nosotros pueda vivir con la seguridad de que su vida está protegida y a salvo, y donde la vida y la libertad sean valores supremos y realizados.
Creemos, además, que el Estado debe esforzarse por igualar oportunidades. Creemos en una sociedad próspera en la que todos puedan cumplir sus sueños y ser felices. Creemos en el enorme potencial igualador de la educación. Creemos que la pobreza es inaceptable. Creemos en un Estado inteligente que ofrezca a quienes más lo necesitan las mejores herramientas para crecer, desarrollar sus potencialidades y progresar. Creemos en un Estado que aliente, que estimule, que apoye, que incentive la producción. Creemos en un Estado competente en la producción de bienes públicos que intervenga para aumentar la riqueza presente y futura de los argentinos, y que permita que la prosperidad llegue a todos con equidad y justicia.
Creemos en la democracia y la república. Creemos en el estado de derecho y en el valor supremo de la instituciones republicanas. Creemos en la igualdad ante la ley y en el cumplimiento de las leyes como un modo de protegernos de los abusos de los poderosos; y como un modo, también, de brindar certidumbre para desarrollarnos. Creemos en la igualdad de género. Creemos en la plena vigencia de los derechos humanos. Creemos en la libertad de expresión y en el derecho a pensar diferente sin ser molestados, ni amenazados, ni amedrentados. Creemos en el pluralismo político. Creemos en la protección de los derechos de todas las minorías. Creemos que el Estado debe ser garante de la diversidad.
Creemos en el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, que fija las reglas de la convivencia argentina.
Creemos que el impulso del conocimiento, la solidaridad y la capacidad creativa y trabajadora de los argentinos es la mejor garantía de que los mejores años de nuestro país están por venir.
Conocemos nuestra historia patria. Sabemos de sus contradicciones; de sus luces y de sus sombras. No tenemos resentimientos, ni ponemos nuestro esfuerzo en reescribirla a nuestro gusto y saber. Admitimos la pluralidad de interpretaciones y valoramos convivir con ellas. Aprendemos de esa historia, pero miramos hacia adelante.
2. Plataforma electoral
Gobernar es el arte de construir acuerdos. Esta plataforma electoral resulta de una convergencia política entre partidos que sostienen sus respectivos proyectos programáticos y acuerdan llevar adelante las líneas de política pública que se enuncian a continuación. Las mismas serán parte de su programa parlamentario y de gobierno.
a) Inclusión social
Nuestro objetivo como país tiene que ser el pleno desarrollo de todos los argentinos sin importar su lugar de nacimiento. Ello implica la necesidad de asegurar un piso mínimo de ingresos con transparencia y equidad. La política social se concentrará en la ejecución de mecanismos de provisión de bienestar con el objetivo final de crear pisos mínimos de igualdad que se impongan por sobre las diferencias sociales de carácter estructural. Esto implicará un esfuerzo mayúsculo en educación y un trabajo especial en salud y vivienda. El objetivo de igualar oportunidades implica una combinación de políticas generales para todos y específicas a determinados sectores.
Las políticas sociales deben ser parte de una política económica y social integrada donde cada una actué en complemento y potencialidad de la otra. En esta integralidad y heterogeneidad reside la posibilidad de éxito de la construcción de una matriz de prosperidad.
Educación
La educación inclusiva y de calidad debe estar en la base del desarrollo social y productivo de la Argentina y, como tal, debe ser un eje fundamental de la conciencia social y la política central del porvenir y construcción de ciudadanías plenas. La educación es la principal herramienta de superación personal y progreso colectivo, de formación de ciudadanía, de bienestar presente y futuro, y de libertad. La educación contribuye a la existencia de una sociedad democrática. La educación pública gratuita y de calidad es un camino insoslayable para igualar oportunidades y desarrollar el país.
A pesar del aumento de la financiación al sector educativo, el diagnóstico muestra datos preocupantes. En nivel inicial, sólo 34% de los niños de 3 años asiste a la escuela. Al final del recorrido, sólo 50% de los jóvenes egresa de la escuela secundaria y sólo 17% de los jóvenes de entre 25 y 29 años cuenta con un título universitario. A estos problemas de acceso se les suman problemas de calidad: la oferta pública de escuelas de jornada extendida y completa sólo alcanza a 10% de la matrícula en el nivel primario y 7% en el secundario y Argentina no ha mejorado en ninguna materia según señalan distintos estudios nacionales e internacionales.
Nuestro gobierno aumentará la cobertura del nivel inicial en salas de 3 y 4 años; incrementará la oferta de escuelas primarias de jornada extendida o completa; y buscará promover, retener y sostener a los estudiantes en el nivel universitario.
Volveremos a impulsar la autonomía universitaria, que hoy se encuentra amenazada por la discrecionalidad que ejerce este gobierno en lo relativo a la asignación de recursos con criterios partidistas y de afinidad política, y que trae consigo premiar la obsecuencia y castigar el espíritu crítico y la excelencia.
Además de avanzar en el acceso es fundamental mejorar la calidad de la enseñanza. Nos proponemos lograr que los estudiantes cumplan con las metas curriculares en todo el país. Los avances que se realicen se podrán comprobar en la mejora significativa en las evaluaciones regionales e internaciones al cabo de los cuatro años de gobierno. Nos proponemos democratizar la educación elevando el nivel de aprendizaje. Para ello es clave fortalecer la formación y la práctica docente y también mejorar la gestión de la educación con procesos de evaluación transparentes y públicos. Hay que ir a fondo, además, con la enseñanza de idiomas, de cálculo y de educación digital desde el nivel primario para avanzar hacia una educación de siglo XXI, propia de un mundo cambiante y en movimiento.
Salud
El sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente (descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales son una muestra clara de la desintegración del sistema.
Nuestro gobierno tiene como objetivos principales mejorar la equidad y la eficiencia del sistema garantizando la universalidad de acceso. Vemos cuatro líneas estratégicas simultáneas: a) ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales; b) fortalecer la rectoría y la gobernanza de las autoridades sanitarias; c) aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia; y d) fortalecer la coordinación multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.
Protección Social
Todos los argentinos deben contar con ingresos mínimos que garanticen una vida digna, por eso nuestro gobierno va a mantener, mejorar y transparentar los planes sociales de transferencias de ingresos.
Alcanzar una política de protección social universal que otorgue cobertura ante los riesgos sociales a toda la población es base a su condición de ciudadanía. Vamos a institucionalizar y expandir la Asignación Universal por Hijo (AUH) para disminuir el nivel de desigualdad, pobreza e indigencia en la Argentina. El sistema será reformado para brindar protección social universal a los niños, niñas y adolescentes independientemente de la condición laboral de los padres y buscando generar incentivos a la formalización laboral. Además, se buscarán mecanismos institucionales para evitar el uso discrecional de los programas y aumentar el acceso a la educación y los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes. Procuraremos institucionalizar el sistema por ley, para que no dependa del gobierno de turno, incluyendo la actualización automática de los montos de la prestación.
Las políticas de niñez buscarán extender la oferta de centros de cuidado de calidad para un pleno desarrollo de niños y niñas de 0 a 3 años, contemplando especialmente hijos e hijas de las familias en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad. Los centros de primera infancia focalizarán su esfuerzo en los hogares más desfavorecidos, acompañando las transferencias con trabajadores sociales de referencia.
Nuestro gobierno definirá una política integral para los adultos mayores procurando disminuir la actual dispersión institucional y territorial existente. Esto implica una centralización administrativa, la unificación de base de datos sobre Adultos Mayores y el diseño de portales digitales para publicitar y explicitar los programas dirigidos a adultos mayores. Se priorizarán las políticas relacionadas con el envejecimiento activo en general, y políticas para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social en particular.
Vivienda y hábitat
Argentina tiene un déficit de vivienda estimado de casi 3,5 millones de hogares, incluyendo un déficit cuantitativo de casi 1,5 millón de hogares y un déficit cualitativo de casi 2 millones de hogares. Aproximadamente la mitad de este déficit corresponde a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Este es el resultado de procesos complejos y de largo plazo, incluyendo una acción inadecuada del Estado, con proliferación y dispersión de organismos y programas, asignación de soluciones en forma discrecional y poco transparente, crecimiento de la irregularidad y escaso acceso al crédito.
Nuestro gobierno buscará reducir significativamente el déficit de vivienda a través de diversos ejes de acción. El problema va más allá de la vivienda, por eso la intervención debe comenzar por desarrollar el suelo urbano para la vivienda social e impulsar su tenencia formal con planes de ordenamiento locales a lo largo del territorio. En segundo lugar, es fundamental reducir la precariedad habitacional en villas y asentamientos. En el país hay, según estimaciones no oficiales, más de 1.800 asentamientos, con 530.000 hogares. Toda intervención debe comenzar por reordenar los programas actuales e incluir en la solución del problema a quienes sufren la necesidad, a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. En tercer lugar, es necesario generar planes de vivienda digna a los grupos más vulnerables, unificando planes y bases de datos, con una reformulación y simplificación de programas federales. Los programas deben apoyar a cada familia que las demanda y no a constructores privados.
Finalmente, buscaremos fortalecer el crédito hipotecario como herramienta de acceso a la vivienda. (El stock de préstamos hipotecarios representa en Argentina apenas 1% del PBI, por debajo del 3% de Perú y Brasil, el 8% de México 8% y el 19% de Chile.) Para ello será necesario impulsar un modelo que combine crédito, ahorro previo, subsidios progresivos asignados de forma transparente y otras alternativas de acceso a la vivienda.
De esta manera, en materia de política social, el objetivo central será avanzar hacia la conformación de una matriz de prosperidad, que garantice mediante diversas políticas que las personas puedan acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.
b) Desarrollo económico
Para encaminar a nuestro país al desarrollo sostenible hace falta mucho más que ordenar la macroeconomía, aunque sin duda es una condición para la inversión y el crecimiento.
A largo plazo necesitamos aumentar la competitividad sistémica, sectorial y regional y en esa línea el Estado tiene un papel importante. Argentina necesita un gobierno que se ponga a la cabeza de la gestión del desarrollo, que busque aumentar permanentemente la competitividad del sistema: con regulaciones simples y operativas, con infraestructura que baje los costos logísticos y potencie las economías regionales, con educación de calidad y que tenga visión de futuro, impulsando la innovación y la incorporación de tecnología, promoviendo a las PYMEs y los emprendedores y generando marcos y entornos estimulantes para la creación de nuevas empresas y nuevas fuentes de trabajo.
En definitiva, hace falta 1) ordenar la macroeconomía, 2) producir un shock de infraestructura y 3) avanzar en políticas activas para fomentar sectores y regiones específicas.
Ordenamiento macroeconómico
Nuestro gobierno buscará normalizar la economía y sentar las bases para el desarrollo de largo plazo. Esta normalización no va a impactar negativamente en sectores económicos ni en sectores sociales específicos; se puede lograr progresivamente y de forma que promueva el bienestar general y el progreso de todos.
Buscaremos reducir paulatinamente la inflación y el déficit fiscal y desarmar las trabas que impiden a las familias y las empresas planificar sus decisiones de inversión, ahorro y consumo. En esta línea de normalización, restauraremos la autonomía del INDEC y reformaremos, más adelante, la Carta Orgánica del Banco Central.
Se impone asimismo una reforma tributaria equitativa y una reducción de impuestos distorsivos. Partiendo del reconocimiento del déficit fiscal, el objetivo es reducir paulatinamente los impuestos distorsivos. Todo el plan de normalización se hará junto con un acuerdo social con empresarios, sindicatos y sector político, buscando aumentar la competitividad de la economía y mediante pautas sostenibles de aumentos salariales y de precios, consistentes con el objetivo de reducir la inflación y de crecimiento de la economía.
Infraestructura
Argentina necesita un shock de infraestructura para impulsar su entramado productivo, dinamizar su proyección internacional y fortalecer su integración territorial.
En transporte, los objetivos principales pasan por aumentar la seguridad y reducir los costos logísticos para aumentar la competitividad de la economía, principalmente de las economías regionales. Para eso es clave cambiar la matriz de carga e invertir en puertos, vías navegables (destacándose el calado de la hidrovía hasta Rosario a 36 pies en una primera etapa y 38 pies después de tres años) y ferrocarriles, como la puesta en valor del Belgrano Cargas. La red vial necesita un piso de 2.500 kilómetros de autopistas e inversiones permanentes en caminos rurales y rutas nacionales y provinciales.
Cuidaremos los recursos naturales y energéticos. En los últimos diez años, Argentina dejó de ser autosuficiente en energía por políticas públicas erróneas. Ahora, con la nueva oportunidad presentada por los recursos no convencionales y la potencialidad que aún tienen los recursos tradicionales, deberá reordenarse la institucionalidad del sector y generar confianza para permitir el crecimiento de las inversiones, sobre todo en upstream, pero también en el downstream petrolero y en generación eléctrica. La inversión pública y privada en transporte y distribución eléctrica tiene como objetivo recuperar el autoabastecimiento perdido y rebalancear la matriz eléctrica.
Nuestro proyecto tiene como meta a 2030 una reducción de la participación de la energía térmica de 66% a 46%, una mayor diversificación de la matriz energética con un fuerte aumento de fuentes renovables.
Políticas activas
Nuestro gobierno tendrá políticas activas que busquen mejorar la productividad sistémica de la economía con el objetivo de generar empleo y mejorar el salario real de manera sostenible en el tiempo.
Entre las agencias y políticas transversales se encuentra una agencia única para la gestión de las relaciones económicas internacionales; su objetivo es incrementar el comercio exterior, mejorar el acceso de los productos y servicios fruto del trabajo argentino en los mercados más competitivos y facilitar la internacionalización de las empresas argentinas.
Se velará por un desarrollo sostenible, que permita satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin impedir a las del futuro satisfacer las suyas.
En ciencia y tecnología buscaremos fortalecer la coordinación de las diversas agencias y centros de investigación. Impulsaremos el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en relación al PBI, con especial énfasis en el I+D del sector productivo para generar empleo de mayor calidad y mayor capacidad de innovación. Proponemos la creación de una agencia de inversiones y competitividad que facilite la inversión y fomente el emprendedorismo.
El Estado también desarrollará programas específicos sector por sector para potenciar en las cadenas de valor, las inversiones y la generación de empleo. Argentina cuenta con ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas en la agroindustria, el turismo, la petroquímica y la minería, que podrán crecer y ganar en competitividad y exportaciones. Pero también tiene nichos de gran potencial y valor en la industria manufacturera y en sectores clave de la economía creativa, el desarrollo de software y tecnologías de la información y las comunicaciones y telecomunicaciones, la biotecnología, la energía nuclear y la nanotecnología.
Un eje fundamental de trabajo pasará por remover los obstáculos para la inversión y el crecimiento de las economías regionales, fuentes de empleo en todo el país, para que los argentinos tengan la posibilidad de desarrollarse y crecer donde nacieron. Estas políticas deben ser generales y automáticas, haciendo hincapié en la reducción de los costos logísticos, la capacitación y la reducción de los costos del empleo, y una fuerte reducción de impuestos a las PYMES, las cuales actualmente están obligadas a llevar su economía en “negro” para poder subsistir.
c) Fortalecimiento institucional
Es imposible cumplir los objetivos de inclusión social y desarrollo económico sin instituciones fuertes y estables que permitan el respeto de los derechos de los individuos y de las garantías constitucionales. La democracia permite elegir a las personas que nos gobiernan, pero la república es la forma de organización de nuestra nación para defendernos contra los abusos de poder y hacer respetar nuestros derechos. La igualdad ante la ley es una de las condiciones indispensable para la democracia.
Justicia y Derechos Humanos
Argentina debe fortalecer su Estado de Derecho, con un estricto respeto de la división de poderes, la independencia de la justicia y los principios y garantías constitucionales, y con una total libertad de expresión. Lamentablemente, el país está lejos de esa situación, con indicadores preocupantes de corrupción, transparencia y participación ciudadana, justicia efectiva y calidad institucional. Sin legalidad constitucional no hay libertades ni derechos ni garantías para la vida y el desempeño personal y colectivo. El desarrollo económico y social requiere de la previsibilidad de la ley.
El sistema judicial argentino necesita reformas profundas y de largo alcance, pero el punto principal y excluyente es garantizar la independencia judicial, lo que requiere, entre otras cosas, el reequilibrio del Consejo de la Magistratura.
En línea con los objetivos del área de seguridad, es fundamental mejorar los resultados de la persecución penal para disminuir la impunidad y que los argentinos podamos vivir con tranquilidad
Para ello son necesarios procesos penales rápidos y efectivos que sancionen al delincuente con el pleno respeto de las garantías constitucionales. En esta línea, debe realizarse un gran esfuerzo para tener cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los presos, como indica la Constitución Nacional, con centros de seguridad que ayuden a los detenidos a reinsertarse productivamente en la sociedad, con educación y trabajo. Otro eje es ampliar el acceso a la Justicia a sectores vulnerables, con políticas para el acompañamiento a las víctimas en los procesos judiciales y herramientas en los mecanismos jurisdiccionales para la sociedad, y que contemplen el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado argentino.
Seguridad
Entendemos por seguridad aquella situación de hecho en la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de delitos como los niveles de criminalidad y violencia. El Estado posee la responsabilidad indelegable de proveer y asegurar los niveles aceptables de seguridad pública y protección a los ciudadanos en lo referido a su integridad física, como también a su patrimonio, siendo sus herramientas principales las políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y de seguridad y la administración de justicia penal.
Ocho de cada diez argentinos se siente inseguro. Existe en la sociedad una percepción de ausencia de justicia. El costo anual de las tasas actuales de delito es, creemos, del 3% del PBI. Nuestros objetivos, entonces, son, además de reducir las tasas delictivas, recuperar la presencia integral del Estado en todo el territorio, potenciar la prevención social del delito, desarrollar un sistema integral de estadísticas criminales y diseñar e implementar un Sistema Nacional de Inteligencia moderno, democrático y operativo.
También nos proponemos reformular el Sistema de Seguridad Interior y crear la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.
Relaciones internacionales y defensa
Nuestro gobierno no verá al mundo exterior como un enemigo, sino como una oportunidad para el desarrollo del potencial argentino.
Creemos que en la última década Argentina ha perdido gravitación y credibilidad regional y global. Además, ha caído en los rankings internacionales y tiene una participación decreciente en los flujos de comercio e inversión. Nuestro país tiene toda la potencialidad para ser mucho más de lo que es ahora.
Para ello Argentina debe comenzar por resolver temas internos, incluyendo las trabas a movimientos financieros y comerciales que le han valido sentencias desfavorables en la OMC. Debe fortalecer su integridad territorial, reducir la permeabilidad de las fronteras y aumentar su control efectivo del espacio aéreo y marítimo para enfrentar las nuevas amenazas que plantean el narcotráfico y el terrorismo internacional. En segundo lugar, deberá normalizar sus vínculos con sus vecinos, avanzando en agendas positivas con Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, y se debe revisar con los países integrantes la situación del MERCOSUR para que potencie el desarrollo de la región. En tercer lugar, deberá equilibrar sus relaciones internacionales, que en los últimos años han virado, muchas veces a través de acuerdos secretos o con cláusulas secretas que van en detrimento de una diplomacia sostenible y transparente.
Argentina puede y debe relanzar agendas positivas buscando realizar su aporte a los grandes temas de las agendas regional y global: desarrollo sustentable, lucha contra el terrorismo, no proliferación nuclear, cuestiones humanitarias y derechos humanos, calentamiento global, avance de la democracia y de las libertades.
Sin ir en detrimento de ningún país o región. Tanto para la defensa de su integridad territorial como para su aporte como herramienta de relaciones exteriores, Argentina deberá encarar una progresiva modernización de su sistema de defensa y fuerzas armadas, teniendo en cuenta fundamentalmente las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional, los ciberataques, el terrorismo internacional y los intereses estratégicos del país (incluyendo los recursos del Mar Argentino). A partir del diálogo con todos los sectores involucrados, Argentina necesita una política de Estado en materia de defensa, debidamente sometida a la aprobación del Congreso y al control público.
Modernización del Estado
La modernización del Estado debe realizarse con sentido federal favoreciendo el acceso de todos los argentinos a las prestaciones estatales, no importa en qué región del país se encuentren.
Una de las prioridades de nuestro gobierno será desarrollar un plan integral de Gobierno Electrónico, que incluya la reducción de papelerío, generar un sistema transparente de compras electrónicas, integrar los sistemas de identificación de personas, y la tramitación electrónica y transparente de subsidios.
Transparencia, ética pública y organismos de control Argentina tiene un gran desafío por delante en materia de lucha contra la corrupción. La promoción de transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas han sido relegadas durante los últimos años, dando lugar a prácticas corruptas, opacidad y un manejo discrecional del Estado. Muchos de los instrumentos necesarios para revertir este proceso están contemplados en numerosas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción que Argentina ha ratificado y leyes que han sido aprobadas.
Seguiremos promoviendo una ley nacional de acceso a la información pública y pondremos en práctica políticas de transparencia y disposición y uso inteligente de datos al interior de la Administración pública.
Los ejes fundamentales de la política de transparencia pasan por la rendición de cuentas, el acceso a la información y la ética pública, poniendo énfasis anto en la prevención como en la lucha contra la corrupción, articulando políticas y organismos, en base al diseño, implementación, y seguimiento y evaluación de políticas públicas. Se buscará generar un fuerte impacto al interior de la administración pública, y de la ciudadanía en nuestro país y hacia el exterior, favoreciendo la reputación de la Argentina a nivel internacional.
En la línea de reducir la corrupción y mejorar la eficiencia y transparencia del Estado para que sirva mejor a los ciudadanos, es fundamental fortalecer la autonomía e independencia de los organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Defensor del Pueblo de la Nación (DPN).
