El
senador provincial de Buenos Aires por el Frente Renovador, Sebastián
Galmarini, salió al cruce del intendente de San Isidro y ex aliado massista,
Gustavo Posse, y pidió su renuncia ya que "debería ser coherente con lo
que opinó sobre la candidatura de Niembro y renunciar a la suya", al
recordar que el jefe comunal también está imputado por malversación de fondos
de un plan de viviendas.
"Así
como le pedimos explicaciones a Niembro por el caso de corrupción de su
productora, esperamos que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, explique
ante la Justicia por qué está bajo la lupa por malversación de fondos del plan
de viviendas", dijo a Télam Galmarini.
El
intendente de San Isidro había sostenido anoche que, tras conocerse las
contrataciones irregulares de la empresa La Usina -propiedad de Fernando
Niembro- con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por más de 20 millones de
pesos, "no elegiría a Niembro como diputado nacional".
"Niembro
hizo bien en presentarse ante la Justicia pero hace mal en ser candidato. Si
ustedes me dicen si hoy en estas condiciones lo elegiría a Niembro como
candidato a diputado nacional, les digo que no, en ninguno de los lugares,
porque se trata de una persona que está afectada", dijo.
"Él
va a tener su oportunidad como tantos en un expediente judicial de demostrar su
absolución. Hoy no es el candidato ideal obviamente. Esto no quita las
posibilidades y el rango que tiene Mauricio Macri para ser presidente",
cerró.
Las
declaraciones del dirigente bonaerense provocaron rechazo dentro del Frente
Renovador, y recordaron que a principios de enero de este año, Posse quedó
involucrado en una denuncia por un millonario fraude en la construcción de
viviendas que involucra más de 400 millones de pesos, judicializada por el
fiscal Jorge Di Lello.
Posse
fue parte del Frente Renovador hasta febrero pasado, cuando anunció su
alejamiento de esa fuerza con intención -fallida- de competir en la interna de
Cambiemos con María Eugenia Vidal en las PASO, en pos de lograr la candidatura
a la gobernación bonaerense.
En
la investigación preliminar fueron imputados Posse, dos de sus secretarios y
empresarios por la implementación en San Isidro del Plan Federal de Viviendas,
en una denuncia por subejecución de obras y la adjudicación a empresas
constructoras ligadas a funcionarios locales.
La
sospecha radica en una presunta defraudación contra la administración pública
por no haberse realizado las obras que comprometieron, principalmente, fondos
del Estado Nacional por más de 410 millones de pesos entre ese año y 2007.
La
denuncia había sido presentada por la concejala del Frente Renovador del
distrito, Marcela Durrieu, originada por "reclamos efectuados por vecinos
de los barrios precarios de San Isidro", dado que "a la fecha no se
ha dado cumplimiento con la totalidad de las viviendas y obras de
infraestructura que se habían proyectado".
"Se
preveían construir 3.246 viviendas, cantidad que supera ampliamente las
proyectadas para Municipios de menores recursos como La Matanza (donde se
proyectaba construir 1.333 viviendas) de acuerdo con el Anexo I del Convenio
Marco" del programa de viviendas, indicó Di Lello en base a la
documentación recopilada.
En
el caso, de acuerdo al fiscal, tomaron intervención la Defensoría del Pueblo de
la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "los cuales
establecieron que el PFV no se había cumplido de acuerdo a lo estipulado, que
la cantidad de viviendas construidas era mucho menor a los proyectado" y
que estas "cumplen con las condiciones habitacionales básicas y que
carecen de los servicios necesarios, entre otras deficiencias".