El gobierno hizo explícitas sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio es apenas uno de los componentes. Mucho más importante como determinantes del crecimiento del gasto público es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Las autoridades económicas explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20% y 25% anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores. Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. Comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata demetas muy modestas. Hay un reconocimiento de que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más.
El principal motivo es el muy alto déficit fiscal. Aun con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público.
Para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI. Dentro del crecimiento del gasto se destacan:El gasto en personal e insumos subió en 2 puntos porcentuales del PBI.El gasto previsional subió en 4 puntos porcentuales del PBI.El gasto en subsidios económicos (tarifas y empresas públicas) subió en 4 puntos porcentuales del PBI.Estos datos muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público. Además, si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado.
Los primeros pasos tendientes a corregir las manifestaciones más visibles de uso del Estado para distribuir empleo a militantes, familiares y amigos vienen siendo avalado por gran parte de la sociedad. Pero frente a la magnitud del déficit fiscal, es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado.
No menos importante son los aspectos cualitativos. La sistemática depredación y colonización que sufrió el Estado plantea un enorme desafío de reconstrucción. Aunque el sector público nunca tuvo tantos empleados, en los niveles centrales y en numerosas delegaciones del interior, la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales. Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados.
Con resignación hay que asumir que la inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. La principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional. Esto marca la altísima importancia de que todas las áreas del sector público adopten criterios de austeridad y simultáneamente incorporen innovación y profesionalismo. El desafío no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado. Esto implica un profundo cambio de prioridades. En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social.
