Hizo lugar a una demanda promovida por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y permitió a una joven brasilera regresar a su tierra junto a su hija de siete meses, sin autorización del padre. El fallo reconoció el riesgo de vida que corrían ambas, ante el grave contexto de violencia familiar.
La Justicia platense autorizó a una joven madre brasileña a salir del país junto a su pequeña hija argentina, sin autorización del padre, al reconocer el riesgo de vida que ambas corrían ante el grave contexto de violencia familiar al que fueron sometidas.
En efecto, el Juzgado de Familia N° 2 de la Plata, a cargo de José Luis Bombelli, se hizo eco de la solicitud presentada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría y resolvió permitir que la mujer abandone la Argentina con su hija de siete meses, sin autorización del padre, luego de un largo recorrido de denuncias y en función de la recopilación de todos los antecedentes judiciales que prueban la violencia permanente que sufría la víctima.
Luego de la extensa declaración de la mujer, el juez Bombelli entendió que en el contexto de violencia física, económica, psicológica y sexual a la cual estuvieron sometidas la mujer y la niña, el peligro de vida de ambas solo podía evitarse “autorizando el viaje a su país de origen donde vive su familia, que puede brindar ayuda económica, emocional y de protección”.
En su resolución, el magistrado destacó que pese a la actuación de los juzgados intervinientes, la joven “continúa siendo víctima de violencia de género, pues el agresor incumple reiteradamente las órdenes judiciales, encontrándose la progenitora de la niña en desigualdad de condiciones…” que la ubican “junto a su pequeña hija en un estado de desprotección y riesgo grave”.
En ese sentido, el juez detalló entre las condiciones de desigualdad de la mujer a ”su extranjería, su dificultad en el manejo del idioma, el nacimiento reciente de L. (la beba de siete meses) y el poco tiempo que ha estado en la República Argentina”.
En cuanto a la efectiva ejecución de la sentencia judicial, el OVG debió sortear distintos obstáculos y articular con instituciones tales como el Consulado de Brasil en Buenos Aires, la Dirección Nacional Migraciones y el Registro Nacional de las Personas.
“Algunos de los impedimentos que encuentran las mujeres para una vida libre de violencia, son el manejo y control que realizan los agresores sobre sus hijos. La ausencia de una perspectiva de género en el desarrollo de los procesos de familia de víctimas de violencia, puede resultar un obstáculo para el acceso a derechos propios y de sus hijos”, expresó Laurana Malacalza, coordinadora del OVG.
Malacalza destacó que “esta situación es aún más grave en los casos de mujeres migrantes, donde el desarraigo y la carencia de vínculos familiares en el lugar de residencia producen contextos de aislamiento e indefensión y operan como sustanciales desventajas ante las situaciones de violencia”.
En ese sentido, el equipo del Observatorio - que cuenta con años de experiencia en la temática- subrayó que “para remover estos obstáculos, que impiden el acceso a la justicia de mujeres migrantes, promovemos que los operadores judiciales investiguen y visibilicen los contextos de violencia, para entender las modalidades de actuación de los agresores frente a sus hijos como un ámbito más de extensión de su poder, violencia y dominación sobre las mujeres”.
La Defensoría del Pueblo considera que “esta resolución avanza sobre el reconocimiento de las implicancias en la violencia sobre los hijos de las mujeres víctimas, y además reconoce minuciosamente como opera la condición de migrante en una mujer violentada”.
