El organismo que conduce Marcelo Honores se mostró a favor de las gestiones que encabeza el Gobierno bonaerense para actualizar los recursos que le corresponden por este aporte.
Ante la posibilidad de que se puedan ampliar los recursos económicos necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los bonaerenses, la Defensoría del Pueblo de la Provincia manifestó su apoyo institucional ante las gestiones que lleva adelante el Ejecutivo para recuperar los recursos del Fondo del Conurbano.
“Creemos que la reivindicación que se lleva adelante desde el gobierno provincial, con el apoyo de todos los sectores, incrementará la base de recursos, posibilitando la materialización de las necesidades del conjunto de los bonaerenses, que devendrá en la concreción de sus derechos, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables”, sostuvo el secretario General de la Defensoría, Marcelo Honores.
Con una resolución, el organismo consideró que “la distribución de los recursos públicos llevada adelante desde una perspectiva de derechos y no de manera arbitraria, valorando adecuadamente las prioridades en la asignación y ejecución de los mismos, tiene repercusión inmediata en el efectivo goce y ejercicio de los derechos por parte de los habitantes de Provincia”.
Además, la Defensoría aclaró que tiene injerencia en este tipo de postura, ya que entiende que no existe efectivo goce de los derechos sin el debido respaldo presupuestario que permita consolidarlos, y que las asignaciones presupuestarias y su ejecución son una manera razonablemente objetiva de medir la intención y la acción estatal.
El apoyo tiene que ver con las gestiones que lleva adelante el gobierno de María Eugenia Vidal para actualizar el Fondo del Conurbano, un aporte creado con un porcentual de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y que se encuentra congelado desde 1996, lo que genera que Buenos Aires reciba desde ese momento una suma fija anual de 650 millones de pesos, mientras que el excedente de lo recaudado se destine al resto de las provincias.
“Resulta claro entonces que para acceder a los derechos a la salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, entre otros, debe contarse necesariamente con recursos suficientes para que el Estado pueda hacer frente a obras de infraestructura vial, construir hospitales y escuelas, redes de agua y cloacas, etc.”, concluyó Honores.
