El Poder Ejecutivo Nacional promulgó este miércoles la denominada “Ley del arrepentido”, -sancionada el 19 de octubre último por el Congreso- que introduce cambios al Código Penal.
A través del Decreto 1144/2016 publicado en el Boletín Oficial, entra en vigencia la ley que establece que las escalas penales podrán reducirse cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado con los delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos. Incluye otros delitos previstos en los códigos Penal y Aduanero.
Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito.
También esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos.
Asimismo proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta los quince (15) años de prisión. La reducción de pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa.
Establece además que será reprimido con prisión de cuatro a diez años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos.
El acuerdo con el imputado arrepentido deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.
La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Cuando la reducción de la escala penal prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca como probable, podrá ser considerada a los fines de la excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo a las normas procesales comunes.
La decisión del Ejecutivo lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de 137 votos, con el respaldo del oficialista Cambiemos y el Frente Renovador pero sin la presencia del Frente para la Victoria-PJ y algunos bloques de Izquierda que adhirieron al paro convocado por el colectivo NiUnaMenos.
De esta manera, la Cámara de Diputados aceptó los cambios que introdujo el Senado al texto que la cámara baja había sancionado semanas atrás y que busca reducir las penas a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción.
