Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las iniciativas esenciales que el Ejecutivo envió tuvieron acompañamiento gracias a dos factores: bloques oficialistas homogéneos y numerosos, más el apoyo de la oposición que, salvo excepciones, votó en consonancia.
El Congreso de la Nación apoyó, casi sin fisuras, los proyectos que el presidente Alberto Fernández le envió en sus primeros cien días de gobierno, considerados imprescindibles para paliar la grave crisis económica y social que afecta a la Argentina, entre los que figuraban la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y la de Sostenibilidad de la Deuda Pública, cuya aprobación motivó una visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, al Parlamento.
La solidez con la que el gobierno de Fernández avanzó estos primeros tres meses y medio en el terreno legislativo se debe a dos factores: bloques oficialistas homogéneos y numerosos y el apoyo de la oposición que, salvo excepciones, votó en consonancia con lo que pedía el Poder Ejecutivo.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el Frente de Todos supo tejer un entramado que le permitió una fluidez legislativa que no tuvo el gobierno de Mauricio Macri.
En la Cámara alta y gracias a la impronta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo es el bloque más numeroso por lejos: posee 41 senadores propios, cuatro más que lo que se establece para el quórum.
Bajo el sello oficialista, conducido por el formoseño José Mayans, se aunaron peronistas de todos los colores, así como algunos legisladores de bloques provinciales. Además, el oficialismo logró ciertos acuerdos parlamentarios con legisladores de distritos en los que no gobierna el peronismo, como Río Negro y Misiones.
Mientras en el Senado el quórum está asegurado, en la Cámara de Diputados la situación es un poco más complicada. El bloque encabezado por Máximo Kirchner está compuesto por 119 legisladores, diez menos que el quórum.
Sin embargo, y gracias al diálogo que ejercita el presidente de la Cámara, el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos suele tener el apoyo del bloque Unidad y Equidad Federal, así como algunos peronistas del Interbloque Federal que, en su momento, apoyaron la candidatura presidencial del economista Roberto Lavagna.
Con esa suma, más el aporte de agrupaciones de la izquierda o de algunos partidos provinciales, el oficialismo suele alcanzar el quórum necesario para iniciar la sesión.
El número para aprobar las leyes con holgura aún no alcanza. De hecho, durante la última sesión en la que se sancionó la reforma jubilatoria para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, el peronismo debió sentar en el hemiciclo al designado embajador en Brasil, Daniel Scioli, lo que motivó el rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio.
Pese a esa fricción, la difícil coyuntura económica, sumada ahora la explosiva pandemia de coronavirus, unificó los criterios y, en casi todos los proyectos que lograron ser convertidos en Ley, oficialismo y oposición votaron juntos.
De hecho, en estos primeros cien días del gobierno de Alberto Fernández, el Congreso sancionó leyes que fueron consideradas trascendentales por el Poder Ejecutivo, como la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, aprobada por la Cámara alta en una extensa jornada sólo dos semanas después del inicio de la nueva administración.
El Ejecutivo también obtuvo el aval de todos los bloques para aprobar la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Externa que, una vez promulgada en el Boletín Oficial, motivó una inédita visita del ministro Guzmán al Congreso de la Nación en la que desplegó algunos de los conceptos de la renegociación de las obligaciones argentinas con acreedores privados extranjeros y con el Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, el gobierno nacional también logró que el Parlamento le diera el visto bueno al mencionado nuevo régimen de jubilaciones para sectores como la Justicia y la Cancillería y cerró la discusión de dos cuestiones que habían sido abiertas durante el gobierno de Cambiemos.
En las últimas semanas, el Senado le dio sanción definitiva a la Ley de Góndolas, que pretende moderar el aumento de los precios de la canasta básica haciendo competir a los grandes productores de alimentos con las pequeñas y medianas empresas a través de las góndolas de los supermercados.
Además, la Cámara alta también aprobó la designación de Martha Graham como primera Defensora del Niño. Sin embargo, esa discusión no se saldó con holgura ya que el perfil de la postulante no era del agrado de un importante sector de los legisladores, además de que algunos consideraron que la candidatura había vencido por el tiempo que se tardó en aprobar su pliego.
El Poder Ejecutivo también obtuvo el acuerdo de la Cámara alta para designar en las principales representaciones argentinas en el exterior a más de una decena de embajadores políticos para países como Brasil, los Estados Unidos, Perú, China y Uruguay, entre otros.
La irrupción de la crisis causada por el coronavirus motivó que el trabajo parlamentario menguara hasta, por lo menos, el mes próximo.
Si bien la oposición se puso a disposición del Poder Ejecutivo para sancionar las leyes que hagan falta en esta coyuntura, cuestiones que el gobierno de Fernández quiere tener aprobadas en el corto plazo quedarán para más adelante.
Entre otras, el gobierno debe sancionar el Presupuesto 2020 que, en principio, iba a ser enviado al Congreso durante marzo.
También se pospone la nueva discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que estaba por ingresar junto con el Plan de los 1.000 días para proteger a embarazadas y sus hijos recién nacidos en la primera etapa, de la Reforma Judicial y la postulación del juez federal Daniel Rafecas como futuro Procurador General de la Nación.
