Empleó casi 10 mil palabras y habló durante más 80 minutos frente a la Asamblea Legislativa. Dejó anuncios y compromisos, pero también analizó la delicada situación del país.
El presidente Alberto Fernández dejó iniciado hoy el 138 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, frente la Asamblea Legislativa, que componen diputados y senadores, escoltado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero además escoltado por Gobernadores, Ministros, miembros de la Corte Suprema y lo más granado de la dirigencia política del país.
AQUÍ EL DISCURSO COMPLETO
Querido
pueblo argentino,
En
la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte
de nuestra política se ha valido de la ella para ocultar la verdad o
tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta
idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no
existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al
sistema democrático.
Yo
me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la palabra
recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al
cabo, en una democracia el valor de la palabra adquiere una
relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y
los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los
dichos, representa una estafa al conjunto social que honestamente me
repugna.
He
repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira es
la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no
es mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la
realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor
de una sociedad que se desarolle en condiciones de mayor igualdad.
La
constitución me ordena dar inicio al año legislativo a través de
un discurso. Pero quiero que todos sepan que no estoy aquí tan solo
enlazando palabras de ocasión. Con este discurso vengo a darle a mi
palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles, según lo
entiendo, en que lugar estamos parados como sociedad. Cuáles son los
riesgos que nos acechan y cuáles las fortalezas a las que podemos
recurrir para poder avanzar. Y también vengo a proponerles iniciar
una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en
rumbo del crecimiento con justicia social.
Con
ese espíritu y esa convición, vengo a hablarle a la Argentina toda,
frente a esta Asamblea Legislativa que reune a los representantes
del pueblo y de las provincias de un país federal y que hoy me
recibe para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.
Como
lo hice el día en que asumí el último 10 de Diciembre, vengo a
ratificar con mi presencia y mis palabras mi compromiso de cambiar el
rumbo que nuestro país venía transitando.
Desde
entonces han pasado apenas ochenta y un días. En ese lapso pudimos
conocer la situación real en la que está la Argentina y adoptar las
medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la
agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna
y solidaria que somos, para construir la transformación que nos
proponemos.
Hemos
encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un país
dañado en su tejido social y productivo y con su alma herida por
divisiones profundas.
Como
ya he dicho, quiero recuperar el valor de la palabra. Quiero ser
honestamente libre a la hora de describir el presente. No busco
revanchas. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. Solo
así dejaremos de ser esclavos de las fracturas que nos desunen. “El
punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que
el reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”, nos
enseñó alguna vez Néstor Kirchner.
Hemos
asumido el Gobierno Nacional en un escenario que creo imperioso
recordar:
- Soportamos un nivel de inflación récord de 53,8% durante 2019.
- Debemos enfrentar una deuda pública también récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa deuda.
- La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019.
- La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza el 40 %. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial.
- Nuestro país, hace dos años que está sumido en una recesión profunda.
- El Estado Nacional registra una deuda en materia de Obras Públicas de más de 35.000 millones de pesos. El 60 % de las obras iniciadas se encuentran paralizadas.
- Los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los cuatro años que precedieron nuestra llegada, registraron incrementos excesivos. El servicio de gas se incementó en ese período alrededor del 2.000 % y el de electricidad cerca del 3.000 %. El nivel de esos aumentos llevaron a situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, PyMEs e industrias.
- Más de cinco millones de argentinos y argentinas que son parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se endeudaron con la ANSES a altas tasas de interés solo para cubrir otras deudas que los apremiaban.
La
contundencia de los datos que acabo de reseñar, nos obliga a
desarrollar una sincera visión de conjunto frente a la ciclópea
tarea que todos tenemos por delante.
Encontramos
un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de
regulación. Ha habido problemas recurrentes con el mantenimiento de
la infraestructura y el patrimonio del Estado. Se lastimó la
relación con los trabajadores del Estado, postergados por la llegada
de supuestos gerentes de alta calidad que fueron recompensados con
sueldos que el resto de los empleados no recibieron. La recurrente
sub ejecución presupuestaria acabó conjugándose con deudas en
múltiples dependencias, con la decadencia de la infraestructura
ferroviaria por falta de mantenimiento y con empresas públicas que
incrementaron sus déficits operativos de modo sostenido.
Un
ejemplo tal vez sirva para entender la gravedad del deterioro:
estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año
2000, con el riesgo de perder el logro de ser un país libre de la
enfermedad.
El
nivel de depreciación argentina es tal, que sólo un esfuerzo
mancomunado que conjugue honestidad intelectual, ejemplaridad
dirigencial y fraternidad comunitaria, será capaz de encaminar
nuevamente a nuestra Patria en la senda de un desarrollo inclusivo y
sostenible.
Lo
afirmo con humildad y también con profunda convicción. Lo dije al
jurar como Presidente de la Argentina: comencemos por los últimos,
para poder llegar a todos.
Frente
a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la
solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional.
Al
mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica
centrada en la especulación para volver a poner el foco en el
trabajo y la producción.
Esta
definición nos obliga, esencialmente, a tomar una enérgica decisión
en las prioridades.
Para
revertir ese cuadro trazamos un programa integral y sustentable.
Desde
lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de política
monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la
deuda.
Desde
lo político, nos ocupamos antes que nada de los que han sido
olvidados. Después, persistimos en el diálogo económico y social
como el modo más perfecto de alcanzar el desarrollo en armonía
preservando precios para mejorar el salario real de quien trabaja.
La
primera etapa, el preámbulo de nuestro Nuevo Contrato de Ciudadanía
Social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos
en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y
recomponer los ingresos de quienes menos tienen.
Por
eso, deseo expresar a este Congreso mi reconocimiento por la oportuna
sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Ha sido el punto de arranque muy necesario para tomar medidas
urgentes en estos primeros días de gobierno, que estuvieron
destinadas a recomponer la capacidad de consumo de los sectores más
desprotegidos.
Así
lo hicimos:
- Dispusimos un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que representó un incremento del salario medio del 5,5 % y del 16.2% para las remuneraciones más bajas en el primer trimestre del año.
- Otorgamos un incremento salarial para el sector estatal, las fuerzas armadas y de seguridad de 4.000 pesos para los trabajadores con remuneración inferior a 60.000 pesos.
- Dispusimos un Bono de Emergencia de 5.000 pesos para jubilados en los meses de enero y diciembre y se otorgó un subsidio extraordinario de 2.000 pesos en el mes de diciembre por cada hijo de las titulares de la Asignación por Embarazo y de la la Asignación Universal por Hijo.
- Resolvimos la baja en la tasa de interés en los Créditos ANSES y la suspensión del cobro de cuotas.
- Disminuimos las tasas de interés para las tarjetas de crédito, como parte de una disminución general de la tasa de interés que asfixia nuestra economía. En los ochenta y un días de gestión que llevamos, la tasa de interes bancaria se ha reducido del 63 % al 40 %.
- Establecimos una moratoria de la AFIP para PyMEs, monotributistas y entidades sin fines de lucro. Y se dispuso una nueva línea de créditos del Banco Nación para PYMES.
- Decretamos la doble indemnización para despidos sin causa.
- Relanzamos el Programa de Precios Cuidados (que incluyó a las ventas mayoristas) que se extendió también a los productos escolares ante el inicio de las clases.
- Renovamos el Programa “Ahora 12”.
- Dispusimos el congelamiento temporario de tarifas, suspensión del aumento de peajes, suspensión de aumentos en el transporte público y suspensión del aumento de combustibles.
- Otorgamos desde nuestra llegada al gobierno un 18.8 % de aumento en las jubilaciones mínimas.
- Relanzamos el Programa Remediar y, cumpliendo con mi promesa electoral, garantizamos el acceso gratuito a medicamentos esenciales a más de cinco millones de jubilados y jubiladas.
- Acordamos una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos en farmacias comerciales.
- La emergencia sanitaria permitió liberar rápidamente más de 12 millones de vacunas que estaban retenidas desde hacía meses en la Aduana.
Todo
eso lo hicimos después de haber abordado el problema que más nos
preocupaba: terminar con el hambre que sufren millones de argentinos.
Por eso pusimos en marcha, de modo plural y participativo, un plan
que aspira a que todos los argentinos, sin distinción alguna, se
conviertan en actores de la epopeya que supone derrotar al hambre que
asola a nuestros compatriotas.
Quisiera
detenerme en este último drama, que nos debe avergonzar como
sociedad que somos.
La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un
incremento del 71 % entre 2015 y 2018 en nuestro país, y fue uno de
los saltos más importantes registrados a nivel mundial.
Ahora
sabemos que no sólo en endeudamiento externo y concentración de
vencimientos de la deuda batimos todos los records.
Por
eso la lucha contra el hambre es nuestra prioridad. Porque comer no
puede ser un privilegio.
Casi
un millón de familias ya son titulares de la tarjeta AlimentAR,
incluyendo a un millón seiscientos mil niños y niñas de 0 a 6
años, embarazadas y discapacitados con AUH, que logran el acceso a
una canasta alimentaria de calidad, con leche fluida, verduras,
frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos.
En
todo el país comienzan a surgir ferias de la economía social y la
agricultura familiar, almacenes y comercios de barrio que ven cómo
crecen sus ventas y ofrecen -de modo solidario- descuentos y
promociones a los titulares de la tarjeta Alimentar.
El
Plan Argentina contra el Hambre, así lo hemos llamado, es también
una herramienta para motorizar la economía de abajo hacia arriba.
Una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en
comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil
millones de pesos anuales (más de 1.000 millones de dólares) que
representa la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra
Patria.
Lo
queremos impulsar con un criterio federal: lo potenciaremos de modo
complementario con el Programa “Pro Huerta”, que permitirá el
establecimiento de más de 200.000 huertas familiares en todo el
país.
Por
supuesto que todo este esfuerzo sería incompleto si no
desarrolláramos herramientas más eficaces para hacer un seguimiento
estricto de la evolución de los precios.
Trabajamos
para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación –un
trabajo que ya ha comenzado a dar incipientes resultados-, y también
trabajamos para crear una política de defensa del consumidor que
evite los abusos.
Estamos
analizando las estructuras de costos de los eslabones de la
producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre
intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los
abusos de posición dominante.
Vamos
a fortalecer también los mecanismos de defensa del consumidor y
lealtad comercial.
Que
los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de
todos. El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de
la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales
con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y
las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de
los alimentos siga creciendo.
Vamos
a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios.
Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su
rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos
preventivos”. Debemos terminar con la Argentina de los “vivos”
que se enriquecen a costa de los pobres “bobos” que estamos
condenados a pagar lo que consumimos.
Esa
descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso. No
solo es un imperativo económico sino también es un imperativo
moral. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene
cabida en esta Argentina.
Este
es el rumbo que hemos emprendido desde el 10 de diciembre. No venimos
con planillas de cálculo en las que los números cierran en teoría,
dejando afuera a muchos sectores de nuestro pueblo. Estamos haciendo
una Argentina inclusiva en la que el primer esfuerzo sea levantar a
los caidos
Todo
esto lo estamos haciendo en un contexto económico particularmente
complejo sujeto a todas las condicionalidades externas que hemos
recibido.
Nuestro
plan económico ha dado sus primeros pasos positivos. Mejoramos la
situación fiscal, dimos pasos consistentes para bajar la inflación
reduciendo también las tasas de interés financiero.
Estamos
generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a
los productores en sus proyectos y esfuerzos. Las mesas de acuerdo
entre trabajadores y empresarios son positivas, los sectores que
participan son comprensivos del momento que atraviesa el país. Hay
sectores que empiezan a reactivarse poco a poco.
Todo
ese esfuerzo común, convive con dificultades que arrastramos del
período anterior.
Pese
a lo negativo del escenario que nos tocó en suerte, hemos dado pasos
firmes en tranquilizar la economía para poder lograr el desarrollo
tan ansiado.
La
deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo
que enfrentamos.
En
esa materia, frente a este Honorable Congreso, hemos comenzado a
cumplir lo anunciado el día de nuestra asunción.
El
Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de
modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en
concepto de prestamos y el destino que los mismos merecieron. Todos
hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber
financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema
financiero, llevándose los recursos y dejándonose la carga de la
deuda.
Esas
prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso.
Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad:
endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del
prestamista.
Debemos
saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se
beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los
distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal
distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían
soportar varias generaciones de argentinos.
Nunca
más a un endeudamiento insostenible.
Nunca
más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la
noche a la mañana, a espaldas del pueblo.
Nunca
más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el
endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.
Más
allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para
reestructurar la deuda pública. Con tal propósito, desplegamos una
intensa acción diplomática internacional, que tuvo como propósito
dialogar con lideres de países del mundo central sobre la difícil situación que enfrentamos.
En
todos nuestros encuentros, recogimos comprensión. Todos advierten
que Argentina es un país devastado por el endeudamiento y expresan
un profundo estupor frente a lo sucedido. Todos tienen la certeza de
que las clásicas recetas de ajuste y recesión no aliviaran nuestro
pesar ni nos permitirán crecer.
Quiero
expresar mi agradecimiento en primer lugar al Papa Francisco, quien
de modo singular y ante los líderes de las finanzas internacionales,
volvió a enfatizar su llamamiento a construir una una economía con
alma: ¨ Se
trata –dijo- de ser capaces de sacarnos las escamas de los ojos y
de los corazones, para ver con una nueva luz estas realidades de
codicia e injusticia que claman a la tierra¨.
Los
líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania a quienes
entrevistamos, también manifestaron su predisposición a acompañar
la voluntad argentina de encarar una salida sostenible a la
encrucijada del endeudamiento externo.
El
propio Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda
argentina no es sostenible. De ese modo, nos ha dado la razón en lo
que hemos venido planteando con persistencia durante todo este
tiempo.
En
el tema de la deuda hay muchos intereses en juego. Hay gente con
intereses distintos a los del país, que no duda en jugar fuerte.
Esta
es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros
estamos del lado del pueblo. Agradecemos a la oposición el apoyo en
el Congreso para poder reestructurar la deuda. Más apoyos serán
necesarios si como país queremos salir bien parados de esta crisis
de deuda impagable. La aprobación legislativa de las políticas de
endeudamiento debería ser la regla para proteger a Argentina de los
ciclos de sobreendeudamiento en los que recurrentemente cae.
Algunos
nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay
peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más
ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza,
más desigualdad, más exclusión. No vamos a pagar la deuda a costa
del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las
argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria.
Con
las autoridades del Fondo Monetario Internacional venimos trabajando
de forma constructiva. Han reconocido lo profundamente grave que es
la situación económica. Hay un creciente entendimiento mutuo, en
una crisis en la cual todas las responsabilidades son compartidas por
el gobierno que precedió al nuestro, por los bonistas y por el mismo
FMI.
Preferimos
una resolución ordenada a la crisis de la deuda y estamos caminando
en esa dirección. Pero lo más importante es que el acuerdo al que
lleguemos con los acreedores sea sostenible. Necesitamos un acuerdo
que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es
innegociable.
Si
queremos superar para siempre los ciclos de sobreendeudamiento,
debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir, en lugar de
hacer promesas sobre la base de escenarios maravillosos que nunca
llegan y que nos terminan dejando en una situación peor. Esa premisa
será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las
próximas semanas.
Este
proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza.
No
sólo tenemos que evitar la dependencia económica de la deuda
externa. También debemos evitar la dependencia intelectual de la
deuda externa.
Ningún
acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico ni
milagroso. Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de
nuestros intereses nacionales, no nos eximirá a nosotros, los
argentinos, del desafío de concertar el futuro con responsabilidad,
solidaridad y sostenibilidad.
La
soberanía comienza por nuestra propia capacidad de concertar
prioridades estratégicas, en el marco de un nuevo Contrato de
Ciudadanía Social.
Necesitamos
un programa de desarrollo integral para la próxima década que tenga
bien presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
Argentina
tiene que reconstruir su sistema productivo para evitar las crisis
macroeconómicas que provienen del sector externo. La política
industrial del siglo XXI va a tener como ejes a las universidades y
centros tecnológicos calificados.
La
política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar
las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una
industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita
desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos
naturales y otras actividades.
Tenemos
que insertar a la Argentina en la agenda 4.0, en donde el mundo
avanza a una velocidad enorme. También discutir cómo ponemos en
valor la industria de bienes de capital para el sector del petróleo,
la minería y el campo.
Por
eso hoy vengo a proponer a la Nación y ante sus representantes
reunidos en esta solemne Asamblea Legislativa, un conjunto de
acciones colectivas para el período 2020/2021.
Iniciamos
una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Los
hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de
nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado
productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias
argentinas, motorizando la creación de empleos de calidad, el
desarrollo local de las comunidades, la innovación tecnológica, el
desarrollo de nuevas empresas y la incorporación de los desafíos de
la industria 4.0.
Por
eso, enviaré a este Congreso un proyecto de Ley para el desarrollo
del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la
inversión nacional e internacional en el sector y facilite el
desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de
servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos
e indirectos en los próximos años.
En
materia minera también tenemos grandes posibilidades pendientes, con
pleno respeto a estándares ambientales y participación social. En
particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como
grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas.
En
materia industrial, hemos comenzado a trabajar en proyectos
estratégicos de movilidad sustentable y el fortalecimiento del
programa de Parques Industriales. Vamos a desarrollar planes
estratégicos en ramas industriales con participación de académicos,
trabajadores y empresarios, para poner en marcha de modo concertado
el futuro de la producción.
Estamos
enviando una modificación de la ley de economía de conocimiento
para sectores intensivos en conocimiento, como software,
biotecnología y robótica. La Ley incorpora una perspectiva de
género y federal para la generación de empleo, facilita el ingreso
de PyMEs, genera incentivos para aumentar las capacidades de
investigación y desarrollo y la sustentabilidad ambiental en el
sector productivo.
Necesitamos
potenciar nuestro sistema de ciencia y tecnología. Comenzamos en los
primeros días ampliando los ingresos al CONICET y aumentando
sustancialmente los montos de las becas de nuestros jóvenes. Vamos a
revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en Ciencia
y Tecnología en los últimos años. Tengo el orgullo de haber
convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de
Argentina. Somos un gobierno con científicos, no con CEOS. Un
gobierno con la convicción de que el conocimiento es clave para las
políticas públicas y para el desarrollo.
Estamos
dando pasos para una Argentina más Federal. Les expreso mi
agradecimiento a todos los gobernadores del país por la firma del
Consenso Fiscal que devuelve capacidad tributaria a las
jurisdicciones, fortaleciendo sus autonomías.
Hemos
enviado a este Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara
a 24 distritos argentinos (uno por cada provincia y dos en el caso de
Buenos Aires) como “Capitales Alternas de la República Argentina”.
Nuestro objetivo es descentralizar la Administración Pública
Nacional y promover un Plan de Desarrollo con Equidad Territorial,
mediante el cual se fortalecerán las estructuras económicas en las
provincias con planificación y financiamiento para infraestructura
productiva.
Nuestro
Nuevo Contrato de Ciudadanía Social es claro en su rumbo económico.
En
este proceso de desarrollo económico federal y en un marco de crisis
fiscal como el que vivimos, el campo debe ser un protagonista
importante. Los hemos convocado para que con su esfuerzo colaboren en
la lucha contra el hambre. Los horticultores, los productores de
fruta, de cereales, de carne o de leche tienen mucho que dar a los
que necesitan. Pero también deben hacer el esfuerzo aquellos que
producen y exportan porque tienen mejores condiciones en la Argentina
de hoy.
Que
el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de
mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un
más facil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los
combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda
mucho a la hora de comprar insumos.
Partiendo
de alli, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos
hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las
exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de
venticinco cultivos que hoy estan afectados por esos derechos.
La
propuesta que hemos sometido a consideración del sector, que además
preserva la situación de los pequeños productores, respeta en un
todo las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ello resulta
absolutamente favorable para muchos cultivos pero particularmente
para el desarrollo de las economías regionales.
Yo
aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino
que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas
públicas.
Nuestro
apego a la idea de lograr el desarrollo a través de la inversión
productiva y la generación del empleo es inquebrantable.
Queremos
alinear los factores productivos para la creación genuina de
trabajo, el incremento de la productividad y la inserción
internacional. Queremos fomentar la generación de cadenas
productivas globales que mejoren nuestros procesos tecnológicos e
impulsen el entramado de Pymes. Queremos marcos tarifarios que
permitan la inversión y la competitividad de nuestra economía.
Queremos reglas claras de inversión que estén alejadas de abusos
monopólicos y posiciones dominantes de mercado. Queremos un sistema
financiero que ofrezca créditos accesibles para la producción y no
fomente la especulción financiera.
Lograr
construir esa nueva economía es una tarea colectiva y cooperativa.
No hay un Presidente salvador que pueda aplicar recetas personalistas
o fórmulas caprichosas. Queremos promover la Cultura del Encuentro
Productivo de toda la Argentina.
La
tarea que tenemos por delante supone una ética de la convicción
para no renunciar a nuestros ideales y también una ética de la
responsabilidad para saber que la verdad es sinfónica, compuesta de
voces, intereses y miradas diversas.
Vamos
a generar instancias para planear políticas de Estado, con un
criterio transformador.
Para
mi gobierno la concertación no es una acción burocrática sino una
convicción de vida. Acepté el desafío inmenso de ser Presidente de
todos los argentinos, porque estoy convencido del espíritu creativo
de millones de argentinos que sueñan y proyectan un gran país.
La
agenda de un nuevo Contrato 2020/2021 se basa en responder de modo
colaborativo y cooperativo a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro?
- ¿Cómo atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde?
- ¿Cómo atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales?
- ¿Cómo afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces?
Es
en este espíritu es que vengo a proponerle a esta Asamblea
Legislativa el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Económico
y Social para el Desarrollo Argentino.
Soy
consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis
facultades administrativas. Se muy bien que implica estar dispuesto a
abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema
democrático.
Quiero
desplegar esos cauces, propiciar la llegada de un aire nuevo y
renovador. Durante demasiado tiempo nuestra democracia ha estado
asfixiada en el microclima de intereses mezquinos, de miradas
tecnocráticas o de pujas estériles. Los convoco a preservar, nutrir
y construir este Consejo para que se constituya en una plataforma de
sueños que pueden hacerse realidad.
En
el proyecto que hoy sometemos al Honorable Congreso, el Consejo
Económico y Social para el Desarrollo Argentino estará integrado
por autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo que cuenten con el
acuerdo del Senado Nacional y cuyos mandatos trascenderán la
duración de un período de gobierno.
Queremos
que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas
de la sociedad. Los sectores del trabajo, de la empresa, de los
movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica
también serán convocado.
Los
dirigentes y especialistas que estarán representando a los
diferentes sectores en el Consejo también compartirán una
responsabilidad histórica: ser creativos, movilizar propuestas de
excelencia, innovar, saber renunciar a miradas individuales cuando se
establecen iniciativas superadoras de conjunto. Supo decir Raúl
Alfonsín que nuestra democracia solo funcionará “cuando todos
estemos dispuestos a anteponer los intereses de la República a ideas
particulares que resultarían estériles si no se compatibilizaran
con las del conjunto de la sociedad”. Hagamos pues del debate, del
renunciamiento y del acuerdo esa mejor democracia que aun nos
debemos.
Desde
este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos, de diseñar la
agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de
corto plazo. No pretendemos que desde su ámbito se discutan ni
precios ni salarios ni paritarias, elementos que estarán contenidos
en la institucionalidad ya existente del Consejo del Salario Mínimo
Vital y Móvil.
Las
preguntas antes mencionadas serán nuestra propuesta de primera
agenda de trabajo para el Consejo, a desarrollarse durante el período
2020/2021, que contará con el acompañamiento técnico de la
Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de las
Naciones Unidas.
Apostamos
a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional.
Como
lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión
irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos
de la democracia.
Con
ese propósito dispuse la intervención de la Agencia Federal de
Inteligencia. Allí terminamos con el oscurantismo que imperó en
estos años. Pusimos fin a la norma que tornó secreto el
financiamiento del organismo. La Sindicatura General de la Nación se
sumó como contralor público de la administración de la agencia.
Ahora, como consecuencia de todas esas medidas, más del 90 % del
dinero que el gobierno anterior había declarado como fondos
reservados, se han transparentado y han vuelto a ser públicos.
Debemos
construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia
Nacional. Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se ha
perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de
Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo
a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer
facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar
tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No
habrá excepción alguna que quiebre esa resolución.
Esa
calidad institucional que pregonamos, solo se logrará si todos
ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a veintiseis años del
atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones
desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de
inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y
la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del
mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista
en el organismo sobre el tema.
De
esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que
se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la
inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier
forma de espionaje político interno.
Quiero
anunciar también otra transformación que es complementaria a la
anterior. La reforma de la justicia federal.
Como
Presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a
asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de la Argentina
en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación
de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización
política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de
poderes inconfesables de cualquier naturaleza.
Nos
proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que
evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los
tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que
acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida
para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas
del derecho.
Con
tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal
Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De
ese modo, los delitos contra la administración pública en los que
incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos
de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio
centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la
Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de
procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido.
Los
problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con
una mejor justicia.
Asimismo,
de la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal,
vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la
justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen
organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico,
especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe.
El
reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal:
consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con
su justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales
en la zona de Rosario y Santa Fe.
En
esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva
sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Para
fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del
código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos
auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un
fiscal coordinador de distrito.
Propondremos
la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría
federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada
a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el
narcotráfico.
En
el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la Capital
Federal, que resulta otra área clave para resguardar los intereses
patrimoniales del Estado y de todos los argentinos, también vamos a
impulsar una profunda transformación, que estará basada en su
unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la
justicia civil y comercial federal.
Se
trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de
competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos
humanos del Poder Judicial.
Queremos
desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el
poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos
como Argentina continuar con este deterioro.
Por
eso, más allá de estas reformas puntuales que estaremos impulsando
en los próximos días, he decidido la conformación de un Consejo
para Afianzar la Administración de Justicia en la República
Argentina.
Estará
integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo
académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder
Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en
nuestro Poder Judicial.
Debemos
optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar
el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo
de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el
mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y
fortalecer el rol del Ministerio Público.
Todos
los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a
consideración del Congreso de la Nación.
Honorable
Asamblea,
La
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es
un show mediático, sino un compromiso estructural, sustentable y
permanente para mi Gobierno, que apunte a las raíces profundas de la
impunidad.
La
política de Seguridad Interior no puede estar marcada por una mirada
centralista. La naturaleza del delito recorre múltiples factores,
muchas veces ignorados desde la capital. El objetivo que había sido
enunciado de reducir el narcotráfico fue más retórico que
efectivo. Los operativos crecieron, el narcomenudeo se expandió y la
cantidad de drogas secuestrada bajó.
Orientamos
ahora a las fuerzas de seguridad federales a la destrucción de las
grandes redes criminales, para lo cual se fortalecerá la
inteligencia e investigación de delitos federales como el
narcotráfico y organizaciones delictivas.
El
derecho a la seguridad es una obligación del Estado. Ese derecho a
la seguridad debe contener y proteger a todos y todas; debe atender
urgentemente a las y los más segregados.
Inauguramos
un camino de prevención de la violencia a través de la negociación
de la conflictividad. Por eso apostamos al diálogo entre los Jefes
de las Fuerzas de Seguridad y las Organizaciones Sociales que han
contenido la conflictividad social en estos tiempos de emergencia y
angustia. Ese diálogo es un mojón en la elaboración de instancias
para mitigar la violencia. Se trata de anticiparnos a los conflictos,
de resolverlos de manera pacífica, evitando la criminalización de
grupos o sectores sociales.
Estamos
convencidos de que el prestigio de las fuerzas se construye y se
sustenta en buenas prácticas, en el ejercicio profesional de sus
funciones, tal como definen las leyes y exige la democracia.
Lo
anterior también cuenta para nuestra área de Defensa Nacional.
Venimos
a reafirmar la conducción civil de la Fuerzas Armadas y de la
Política de Defensa, la adecuación del Instrumento Militar a las
funciones propias de las Fuerzas Armadas y el no involucramiento de
las FFAA en cuestiones de seguridad interior.
Celebramos
que por primera vez en la historia tenemos Jefes de las Fuerzas
Armadas que pertenecen a la generación que ha egresado como
oficiales en pleno funcionamiento de la democracia.
Quiero
dedicar un instante al hundimiento del submarino ARA San Juan.
Ha
sido un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto
al interior de la Armada Argentina y en las 44 familias que sufrieron
la pérdida de sus seres queridos, sino que también ha marcado a la
sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de
argentinos y argentinas.
Vamos
a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas ordenando el
ascenso post mortem de cada uno de ellos.
Sobre
aquel Estado deteriorado del que les hablé al iniciar estas palabras
vamos a actuar para volver a ponerlo en valor.
Necesitamos
un Estado activo, con nuevas capacidades. Y esas nuevas capacidades
tienen que ser reconocidas y promovidas a partir de las mejores
expresiones que hoy ya existen en la Administración Pública
Nacional.
Por
eso, hoy vengo a anunciar el relanzamiento de un sueño de Raúl
Alfonsín, en los albores de nuestra democracia en 1983: el cuerpo de
administradores gubernamentales. Un cuerpo profesional de servidores
públicos formados con excelencia académica, con arraigo a la
carrera administrativa y con una mística de transformación del
Estado para ponerlo al servicio de la sociedad.
En
el transcurso del período 2020 se convocará a una nueva edición
actualizada de dicha experiencia, a la que llamaremos Programa de
Innovadores de Gobierno. Vamos a lanzar un concurso nacional para
conformar un cuerpo profesional, estable y creativo entre los mejores
empleados públicos y entre los jóvenes de todo el país con
vocación de incorporarse al servicio civil, para que estén en
condiciones de impulsar cambios significativos en el Estado Nacional.
Lo vamos a convocar en el espíritu de dotar a ese cuerpo profesional
de un conocimiento de vanguardia a nivel mundial, con las mejores
herramientas tecnológicas, que se movilicen para promover cambios de
calidad en el sector público.
No
podemos construir un Estado del siglo XXI con las herramientas de un
Estado del siglo XX.
Tenemos
que aplicar las mejores tecnologías como vanguardia de un cambio
cultural profundo en nuestra administración. Por eso he tomado la
decisión de crear la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de
las Políticas Públicas. Cada peso que se gaste debe tener en el
Estado un sentido de productividad social, atendiendo en primer lugar
a los últimos, para llegar a todos.
Una
de sus prioridades será medir el impacto de los programas que
cuentan con financiamiento internacional. La deuda pública externa
que se contraiga en el futuro no estará sujeta al capricho de los
grupos de presión o los tecnócratas, sino a la prioridad basada en
evidencia científica y necesidad social.
Esta
Agencia de Evaluación de Impacto será el elemento central para
estar en condiciones de discutir un Presupuesto 2021, que garantice
la calidad de la inversión pública, que reoriente las prioridades
de inversión en cada Ministerio, que rediseñe prioridades
estratégicas del Estado Nacional, en consonancia con los Estados
provinciales y municipales. Necesitamos un gasto e inversión pública
de mejor calidad y precisión.
No
hay Estado sabio con marañas burocráticas perversas. No hay Estado
social con laberintos normativos que castigan a los más humildes. El
Presupuesto 2021 tiene que constituir una épica de la sensibilidad
para todo nuestro Gobierno.
Un
Estado activo es un Estado innovador, también para nuestras
relaciones internacionales.
Nuestra
política exterior tiene como propósito un dinamismo pragmático, en
un mundo de soberanías multidimensionales.
Siempre
tenemos como pertenencia y como horizonte a una América Latina
unida. Trabajaremos para fortalecer la institucionalidad democrática
en Sudamerica y en la región. Vamos a contribuir para que América
Latina encuentre su voz, expanda su agenda y reconfirme los
principios. Nuestro compromiso es dar continuidad a los valores
esenciales de defensa de la paz y la seguridad internacionales, la
solución pacífica de controversias, el apoyo al multilateralismo,
el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, la
equidad de género y la protección del medioambiente.
En
materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una integración
regional y global que a su vez sea una integración social,
productiva y democrática de nuestros países.
Queremos
también que el Mercosur mire hacia sus propios integrantes y sus
propios pueblos, y que profundice una integración dinámica de su
estructura en materia productiva, de garantía de inversiones, de
compras públicas, de mejora de trámites aduaneros, de armonización
de estándares laborales, sanitarios, ambientales y sociales. La
integración bien entendida comienza por el hogar común.
En
el plano de la inserción global vamos a avanzar con una agenda sin
exclusiones en la que avancemos en esquemas de asociación con países
desarrollados, con países emergentes y con países en desarrollo.
Por eso, al tiempo que hemos abierto nuevos canales de diálogo con
potencias de América y Europa estamos trabajando activamente en
reafirmar nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y
Rusia.
Nuestro
hogar común tiene también una herida sangrando en lo más profundo
de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de Islas Malvinas,
Georgias del Sur, y Sandwich del Sur.
Enviaré
tres Proyectos de Ley para afianzar la soberanía territorial de la
República Argentina.
En
primer lugar, la “Creación del Consejo Nacional de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
Espacios Marítimos Correspondientes”, que será plural y asegurará
políticas de Estado a mediano y largo plazo. Contará con
representantes de la oposición política, del mundo académico y
jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los ex
combatientes.
En
segundo término, el “Proyecto de ley sobre la demarcación del
límite exterior de la plataforma continental argentina” que
contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los
recursos del lecho y subsuelo. La adopción de la ley y la
publicación de las coordenadas de la plataforma continental
argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento
de concesiones que tengan como finalidad la exploración y
explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias. Esta
ley cristaliza el reconocimiento realizado por las Naciones Unidas en
2016 y 2017 al trabajo que nuestro país viene realizando hace más
de dos décadas a través de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental, como ejemplo de Política de
Estado.
Finalmente,
la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley N° 24.922) para
endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los
espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde
nuestro país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos (lo que
incluye las Islas Malvinas).
Quiero
hablar ahora de los desafíos que tenemos como sociedad para terminar
con algunos privilegios y para ampliar derechos ciudadanos.
Empecemos
por nuestro sistema previsional.
Hemos
encontrado un ANSES desfinanciado por la destrucción de fuentes de
trabajo, la caída en el salario real y los cambios impositivos. A
ello se sumó el hecho de que el Estado Nacional entre 2016 y 2019 se
financió con los recursos de los jubilados, haciendo que al momento
de nuestra llegada al gobierno casi el 70 % del Fondo de
Sustentabilidad estuviera compuesto por bonos públicos.
Por
el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria dispuesto en diciembre
de 2017, los jubilados perdieron entre diciembre de 2015 y diciembre
de 2019 el 18,5 % de sus haberes en términos reales. Asimismo, la
desigualdad entre los haberes se incrementó hacia el interior del
universo de los jubilados. De ese modo, mientras que el 40 % de
aquellos que menos ganan perdió un 22 % de su poder de compra en los
últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró un 1% su poder
adquisitivo. Es decir, la mayor parte del ajuste recayó sobre los
sectores más vulnerables.
Las
decisiones que tomamos desde nuestra asunción han beneficiado al 85
% de los jubilados, pensionados y titulares de la AUH.
La
crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar
mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los
privilegios.
Por
eso enviamos el Proyecto de Ley de Modificación de los regímenes
jubilatorios especiales del Poder Judicial y del Ministerio Público
de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos,
y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos,
fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema
previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran
como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo
plazo.
Vamos
a enmendar los desequlibrioo internos del sistema y a fortalecer su
solvencia y su credibilidad social e institucional.
La
Argentina necesita salir adelante y el esfuerzo tiene que ser de cada
uno según su posibilidad.
La
democracia se sostiene en derechos. La democracia es igualdad y
libertad, no es ni puede ser privilegio.
Quiero
ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre
nosotros. Se que para muchos, es un tema que tiene profundas
implicancias personales.
La
situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos
diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que
desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden
interrumpir el embarazo.
Un
Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos
procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud.
La
legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza
la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las
situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo
ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está
visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la
pena prevista para el aborto y que recurren a el para interrumpir sus
embarazos.
La
existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente
demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma
norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de
escazos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más
absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su
vida misma
Todos
saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es
solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en
un debate como este.
Un
Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y
obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda
sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a
disponer libremente de sus cuerpos.
Por
eso, dentro de los proximos diez días, presentaré un Proyecto de
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto
en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al
sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
Simultáneamente,
desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa
de educación sexual integral y prevención del embarazo no desaedo.
Nuestro
propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en
situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la
presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y
primeros años de crianza.
El
Estado debe estar presente en esos tres momentos trascendentales de
la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante
el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el
desarrollo de la primera infancia del recien nacido. Para ello
necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de
articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las
familias que necesitan su apoyo.
En
nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para entender
estas necesidades. Ahora necesitamos una coordinación más efectiva
de ellas para optimizar sus beneficios.
Seremos
ambiciosos y buscaremos alcanzar un mayor número de mujeres y niños
o niñas nacidas a fin de evitar la desproteción del Estado.
Junto
a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso
Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días,
para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la
salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros
años de vida.
Por
esa via queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y
desnutrición, proteger los vinculos tempranos, el neurodesarrollo y
la salud de madres e hijos de manera integral.
Estamos
seguros que de este modo estamos ampliando los derechos de la mujer y
dando protección a las que necesitan más apoyo en el momento del
embarazo.
Así
como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos recuperado la
centralidad de los Derechos Humanos en la gestión de gobierno.
Con
nuestra llegada, hemos encontrado un panorama de desidia y abandono.
La
gestión anterior dejó sin responder al menos 120 casos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 75 % tiene el
plazo de respuesta vencido. Cuando el Estado no responde alguna de
esas peticiones las consecuencias pueden incluir la pérdida del
derecho de defensa, graves perjuicios económicos o una situación de
riesgo para la vida e integridad física de alguna víctima sin
atender. Llama la atención además que la falta de defensa de Estado
incluye peticiones presentadas por personas condenadas por crímenes
de lesa humanidad.
Fuera
de ello, no se otorgaron los insumos básicos para el normal
funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria. Se incumplió el
envío de fondos al Equipo Argentino de Antropología Forense, que
debió suspender tareas como la identificación de los soldados de
Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la
colaboración en casos de femicidios, trata de personas o
desapariciones actuales.
La
defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un
Gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su
conjunto.
Sin
memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente
de pie.
Vamos
a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes
de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad, el papel que
históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de
las políticas públicas que garanticen el proceso de memoria, verdad
y justicia.
En
el contexto de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, queriendo
preservar el recuerdo colectivo del horror de la dictadura, vamos a
impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de
Mayo, por donde pasaron más de 5.000 víctimas.
Vamos
a trabajar para fortalecer el rol de sujetos de derechos de los
pueblos originarios y de las comunidades de migrantes, tal como lo
establece nuestra historia y nuestra legislación.
Junto
con las organizaciones y las comunidades se desarrollarán
estrategias que terminen con la mirada estigmatizante, la acción
persecutoria y los discursos de odio.
Los
temas de género también ocupan un espacio en nuestra agenda de
gobierno. Deseo mencionar tres cuestiones relevantes sobre la
materia.
En
primer término, seguiremos adelante con la implementación y
cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y
capacitación del sector público en materia de género y violencias
por razones de género, incluyendo la capacitación del presidente de
la Nación y altas autoridades del Poder Ejecutivo.
Durante
este ejercicio, lanzaremos el Plan Nacional de Acción contra las
Violencias por razones de Género 2020-2021.
Con
ese espíritu, relanzaremos la Línea Nacional 144 para la atención,
contención y asesoramiento telefónico a personas que atraviesen
situaciones de violencia por razones de género.
Enviaremos
el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio N ° 190 sobre
Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Es una expresión unánime
de la comunidad internacional contra la violencia de género y el
acoso en el mundo del trabajo.
Honorable
Asamblea, querido Pueblo Argentino,
Mañana
comenzarán las clases normalmente en casi todo el país.
Esto
es fruto de diálogos, comprensión y acuerdos como los que queremos
implementar. En Educación nuestro objetivo es democratizar el acceso
al conocimiento y lograr romper las desigualdades de cuna con que
ingresan al colegio nuestros chicos y nuestras chicas.
Para
ello, es fundamental garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes
vigentes cuyos consensos fueron construidos por todos los partidos
políticos con representación parlamentaria.
Nos
referimos a las Leyes programáticas que trazan horizontes claros
como la Ley de Financiamiento, la Ley de Educación nacional o la de
Educación Técnica. Leyes que empezaron a incumplirse hace cuatro
años.
Educar,
educar y educar para que haya futuro.
Escolarización
temprana que garantice un mejor rendimiento en la trayectoria
educativa. Una escuela primaria que sea un espacio de transferencia y
creación de conocimiento. Un colegio secundario que se extienda para
alcanzar a los jóvenes con mayores dificultades. Articularemos con
entidades deportivas y centros culturales para que nuestros
adolescentes estén más tiempo contenidos; queremos extender esa
cobertura. Con los escasos recursos actuales buscaremos que cada
adolescente tenga sus libros y tenga una computadora, como condición
del ejercicio de la ciudadanía.
Nuestras
universidades son una instancia central de la democratización del
acceso al conocimiento. Proponemos iniciar el debate de una nueva Ley
de Educación Superior que permita fortalecer nuestro sistema
universitario. La gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad
son el punto de partida. Fortalecer el vínculo de la universidad con
la comunidad y el sector productivo es central para garantizar el
desarrollo territorial.
Deseo
informarles asimismo que en breve estaremos poniendo en marcha, tal
cual lo anuciamos el 10 de diciembre, un proceso de reconversión de
la publicidad oficial, que insumía millonarios recursos públicos.
La
reorientación de la misma hacia contenidos educativos ha disparado
un proceso creativo inédito entre los medios de comunicación
privados y el Estado. Agradecemos esa creatividad de las ideas y
propuestas recibidas, que resulta potenciada por un trabajo plural en
conjunto con la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación.
Por
otra parte, estamos poniendo en valor a los medios públicos
garantizando a partir de ellos, contenidos de calidad y pluralidad de
ideas para llegar de forma igualitaria a todas y todos. Estos también
serán la punta de lanza en la épica educativa que hemos encarado en
materia de contenidos.
A
favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro
pueblo, queremos construir una Argentina medioambientalmente
sustentable.
Por
eso, ya derogamos
el decreto que permitía el ingreso de residuos al país.
Las
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, el
fortalecimiento en la implementación de la ley de Bosques, el
despliegue de un plan federal para la erradicación de basurales a
cielo abierto, la implementación del plan de ciudades sustentables y
el desarrollo de experiencias de producción agroecológica de
alimentos apuntan en esa misma dirección.
Llevamos
ochenta y un días de gestión. Casi nos queda todo el mandato por
delante.
En
este tiempo, hemos alcanzado nuestros primeros logros. Pero seré
sincero: advierto que atravesamos un camino que tiene obstáculos.
Tal
vez un ejemplo permita explicar mejor aquello de lo que hablo. Soy
consciente que hemos avanzado poniendo cierto freno a la inflación
que recibimos. Pero sinceramente también se que necesitamos dejar
atrás la maldita inercia de la remarcación. Está en la
responsabilidad social de cada uno de nosotros ponerle fin al vicio
inflacionario.
Muchas
veces, son los cultores de esas prácticas los primeros en levantar
el dedo acusador y señalar problemas en un país donde no faltan
dificultades reales que están a la vista de todos.
Aun
asi, hay un obstáculo que a mi juicio resulta ser el mayor de todos.
Otra inercia, en este caso cultural e histórica.
A
diferencia de la inmensa mayoría de los argentinos, hay quienes
todavía no comprenden que todos estamos subidos a un mismo barco.
Que nuestra suerte será la misma como país y como sociedad. Y que
por eso necesitamos trabajar conjuntamente. Todos unidos.
Poner
a la Argentina de Pie requiere que reconozcamos la importancia del
equilibrio. Del equilibrio económico, social, ecológico, federal.
Vengo a proponer que reconstruyamos los equilibrios que nunca debimos
perder. El equilibrio no es neutral ni indiferente. El equilibrio es
restablecer prioridades. Equilibrio significa integración social,
justicia y democracia.
Sabemos
que cuando decimos “primero los últimos” estamos marcando que
hay necesidades que reclaman ser atendidas.
Sabemos
que ello nos obliga a definir prioridades y que de ese modo aparecen
sectotres que deben esperar que posteriormente la recuperación los
beneficie.
Sabemos
que hoy en Argentina tener mejores ingresos no es lo mismo que tener
grandes ingresos en esa amplia clase media de la que muchos somos
parte.
Y
sabemos también que este rumbo permitirá recuperar en Argentina la
movilidad social ascendente que nunca debió perder.
Queremos
agradecer a todos los sectores sociales. Al Movimiento Obrero
Organizado. A los Movimientos Sociales en su diversidad. A los
empresarios y sus diferentes organizaciones.
Les
he dicho que hemos encontrado grandes dificultades, pero justo es
decir que también hemos encontrado buena voluntad y comprensión en
sectores representativos de nuestra sociedad.
Todo
esto de lo que hoy hablamos, está ocurriendo en el mismo momento en
el que se cumplen 250 años del nacimiento y 200 años del
fallecimiento de Manuel Belgrano.
Quiero
invitar a todas y todos, sin excepción, a que hagamos de este 2020
un año singular para la memoria colectiva. Quisiera que el recuerdo
de Belgrano nos convocara a la celebración plural en cada lugar del
país. Y sobre todo que recordemos y homenajemos a un prócer de
excepción que luchó por los destinos de la Patria, comprometido
como pocos con nuestra independencia, con la producción y con la
educación. Alguien que tuvo ideas de avanzada para su época y una
conducta absolutamente signada por la honestidad y la entrega.
Los
fundadores de esta Patria han sabido muy bien de sueños, de
compromisos y de dificultades. Y gracias a ellos hemos tenido grandes
logros. Ninguna situación de crisis debería hacernos olvidar de los
grandes avances productivos, educativos, científicos y democráticos
que la Argentina ha tenido a lo largo de su historia. En estos
momentos, necesitamos tener más presente que nunca la memoria de
esos hombres y esas mujeres que dejaron todo por el futuro del país.
Como
Presidente de los argentinos, hago una invitación a trabajar en este
rumbo a todos los sectores sociales, a todas las provincias, a todas
las fuerzas políticas.
El
futuro está en nuestras manos y es con todos.
Como
decía Manuel Belgrano, solo la unidad del pueblo “es capaz de
sacar a las naciones del estado de opresión”. Y agregaba: “La
unión es un valor inestimable en una nación para su general y
particular felicidad”.
Entendamos,
de una vez y para siempre, que en las crisis las banderías políticas
deben ceder. Que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo
barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino
no pude haber nada mejor que otro argentino.
La
solución de nuestras frustraciones sociales no dependen solo de un
presidente. Dependen de nuestra vocación social de superarnos y de
ser mejores.
Hay
una Argentina mas justa que nos debemos. Está en nuestras manos
poder construirla.
De
este modo doy por inaugurado el presente ciclo legislativo.
Muchas
gracias.