El sistema de indemnización por despido desalienta la creación de empleos porque genera costos impredecibles muchas veces definidos en un juicio laboral. La propuesta de crear una “mochila” por trabajador para financiar el despido es menos eficiente que la alternativa de que la “mochila” esté en cabeza del empleador.
En Argentina, el tamaño promedio de las firmas es de 14 trabajadores. Esto significa que, para la mayoría de las empresas, el despido de un trabajador con 12 o más años de antigüedad le implica abonar una indemnización superior a toda la masa salarial mensual. Si hubiera fallas en la registración, la indemnización sería más de 2 veces la masa salarial. Si hubiera dudas en la naturaleza del despido (el empleador entiende que es con causa y el empleado sin causa) y la resolución es mediante un juicio laboral, los gastos se siguen multiplicando con los intereses y los honorarios de los abogados. No es arriesgado afirmar que un despido puede llegar a quebrar una microempresa.
Un aspecto saliente de las desvinculaciones laborales es que su frecuencia es muy variable entre las empresas. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Trabajo para el período 2004 – 2012, que fue de alto crecimiento del empleo, se observa que:
- Entre las grandes empresas cada año en promedio se desvinculó al 10% del plantel.
- Entre las empresas medianas la tasa de desvinculación fue de 15% anual.
- Entre las microempresas la tasa de desvinculación fue de 29% anual
Circula una propuesta de crear un Seguro de Garantía de Indemnización para financiar la actual indemnización por despido. La propuesta consiste en crear una nueva contribución patronal con alícuota que varía entre el 8,33% y el 2% del salario, según la antigüedad promedio de los trabajadores de la empresa. Con estos fondos, ANSES les abonaría a los trabadores que se desvinculan de las empresas –sea por despido o por renuncia voluntaria– una cantidad de salarios igual a la actual indemnización por despido. Figurativamente se le llama a este sistema la “mochila” del trabajador en el sentido de que los empleadores ahorran por cada trabajador el pago de la indemnización por despido.
La propuesta aborda un tema pertinente, pero es necesario revisar el diseño. La principal debilidad es que pasa por alto la alta variabilidad en la tasa de desvinculaciones. Para las empresas con bajas tasas de desvinculaciones el cambio implicará aumentar los costos laborales ya que la contribución patronal, aunque sea la mínima, será mayor al costo que le insume los pocos despidos que hacen. Incluso para las empresas con alta rotación y que seguramente pagarán la contribución patronal más alta del esquema, probablemente, les genere mayores costos ya que actualmente no pagan indemnizaciones en las desvinculaciones voluntarias. A estos problemas se agrega que seguramente el mecanismo resultará deficitario para la ANSES, generando más déficit fiscal.
Un esquema alternativo es poner la “mochila” en cabeza del empleador. Se podría instrumentar estableciendo que el empleador mantiene la obligación de pagar la indemnización, como en la actualidad, pero si el monto supera, por ejemplo, 4 salarios el excedente va a cargo del actual Fondo Nacional de Empleo. De esta forma, el Fondo pasa a operar como un seguro con franquicia. Se mantiene el desaliento al despido cuando la antigüedad es baja y se modera el impacto en las empresas que preservan a sus trabajadores porque se pone un tope al gasto de la indemnización por despido a su cargo.
