El gobierno de La Rioja decidió emitir cuasimonedas. El origen del
problema es el exceso de gasto, especialmente en empleo público, financiado con
coparticipación y transferencias discrecionales nacionales. Urge rediseñar el
sistema tributario, incluyendo la sustitución de la coparticipación por un
Fondo de Convergencia.
Las cuasimonedas tienden a
depreciarse con respecto al peso. La magnitud de la pérdida de
valor depende del monto de la emisión. De manera que, si el Estado provincial
mantiene en el tiempo la estrategia de cubrir sus desequilibrios emitiendo
cuasimoneda, la tasa de depreciación será creciente. El principal efecto es que
quienes reciban del Estado provincial pagos en cuasimonedas, al deterioro que
le provoca la inflación en pesos, se le adicionará la perdida que le generará
la caída en la paridad. El impacto sobre la actividad productiva y la situación
social en la provincia será muy negativo.
¿Qué dicen las evidencias
respecto al argumento del gobernador de La Rioja de que el origen del problema
son las insuficientes transferencias de la Nación? Según
información publicada por el Ministerio de Economía para el año 2023 se
observa que:
- El conjunto de las provincias
argentinas recibió de la coparticipación $42.000 por
persona y tiene en promedio 50 empleados públicos por
cada 1.000 habitantes.
- La Rioja recibió $94.000 por
persona y tiene 114 empleados públicos por cada 1.000
habitantes.
- Esto implica que La Rioja recibió
más del doble de coparticipación y tiene más del doble de empleados
públicos por habitante que el promedio nacional.
Los excesos de gasto público,
en particular de empleo público, son promovidos por los incentivos que genera
la coparticipación de impuestos nacionales. De manera diaria y
automática la recaudación nacional se transfiere a cada provincia en base a
parámetros muy arbitrarios. Algunas provincias reciben muchos más recursos que
los que aportan, sin ningún condicionante. El exceso de financiamiento estimula
y posibilita a los gobiernos provinciales a ejecutar prácticas clientelares. La
expansión de la planta de empleados públicos para eternizarse en el poder es
sólo un ejemplo. Ser privilegiada por la coparticipación es un factor de atraso
porque induce a malas prácticas de gestión.
Los daños que provocan las
cuasimonedas no se van a evitar aumentando las transferencias nacionales. Todo
lo contrario, mientras más recursos se envíen más se incentiva el derroche de
fondos públicos. Se necesita un ordenamiento tributario que elimine la
coparticipación. En lugar de centralizar la recaudación de impuestos
nacionales para luego distribuirlos entre el Estado nacional y las provincias
con criterios arbitrarios, hay que distribuir las fuentes tributarias. Bajo
esta lógica, las provincias pasan a autofinanciarse con la totalidad del IVA
que se genere en su territorio unificado con Ingresos Brutos. La
recaudación sigue siendo centralizada, solo que la distribución no es por
coparticipación, sino que va a la provincia donde se generó el valor agregado.
Para las provincias con menor nivel de desarrollo hay que contemplar un Fondo
de Convergencia que le permita seguir funcionando con normalidad, pero que a la
vez le imponga la condicionalidad de aplicar una estrategia de desarrollo
realista y verificable.
La ley ómnibus plantea reformas a algunos impuestos. Pero elude un ordenamiento integral del sistema tributario. Se trata de una debilidad que debería ser rápidamente subsanada. El desarrollo general del país, en especial de las regiones más pobres, depende de desactivar los perversos incentivos que genera la coparticipación.
FUENTE: IDESA
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