El conflicto entre la Nación y
las provincias tiene una intensidad inédita. Sin embargo, la contribución al
superávit financiero de la Nación que hizo el recorte a las provincias es
marginal al lado de la reducción en el valor real de las prestaciones sociales,
en especial, las jubilaciones.
El Sector Público Nacional
presentó en enero del 2024 –primer mes completo de gestión del nuevo gobierno–
un superávit primario de $2 billones que, luego del pago de intereses por $1,5
billones, arroja un resultado financiero positivo de $500 mil millones. La
última vez que el Sector Público Nacional mostró superávit financiero fue en
mayo del 2011. En esa época todavía jugaba un rol importante el hecho de que la
contabilidad pública no registraba como gastos los intereses de la deuda en
default ni los juicios que se fueron acumulando por jubilados a los que no se
les respetó la movilidad.
El ajuste fiscal actual se
basa en que mientras la recaudación aumenta a un ritmo parecido a la inflación,
los gastos se actualizan por debajo de la inflación. En concreto, el gasto
primario cayó un 39%. Como era previsible, la licuación del gasto público
generó reacciones. La más enérgica es de las provincias cuestionando el
recorte de las transferencias no automáticas. El rechazo es unánime y
escala a amenazas drásticas como, por ejemplo, el corte de suministro de
energía desde las provincias del sur.
¿Cuán importante es la
contribución de la caída en las transferencias provinciales en la reducción
total del gasto? Según el Ministerio de Economía se
observa que:
- La reducción de las transferencias
corrientes y de capital a provincias equivale a $0,4 billones.
- El ahorro por caída real en el gasto en
empleados públicos equivale a $1,2 billones.
- El ahorro por caída real en prestaciones
sociales equivale a $3,8 billones de los cuales el 66% corresponde
a las jubilaciones.
El ajuste basado en la
licuación se sostiene mientras se mantenga la inflación. Pero si la inflación
baja, como el gobierno espera, se producirá el efecto inverso. Los sindicatos y
las agrupaciones piqueteras presionarán para recomponer salarios y planes
asistenciales y los ajustes por fórmula de movilidad en las jubilaciones y las
asignaciones familiares harán crecer el gasto por encima de la inflación. El
resultado financiero positivo tenderá a revertirse. Por esto, es urgente
establecer fuentes más genuinas y sustentables de equilibrio fiscal.
Para alcanzar equilibrio
financiero sustentable es imprescindible un ordenamiento integral del Estado
que comprenda los tres niveles de gobierno (nación, provincias y
municipios). No hay manera de eliminar los crónicos déficits financiero
y de gestión que padece el sector publico si no se eliminan los solapamientos
tanto en materia de impuestos como de administración del gasto público.
Ningún nivel de gobierno por sí solo puede resolver estos problemas. No sirve
una reforma tributaria nacional o provincial impulsada de manera unilateral ya
que se necesita una reforma acordada entre los niveles de gobierno para
unificar y simplificar impuestos. Análoga situación se da ante el desafío de
mejorar la calidad de los servicios a cargo del Estado.
La escalada del conflicto entre la Nación y las provincias es una irresponsabilidad en la que subyace un grave error de diagnóstico. Por un lado, desde el punto de vista del ajuste basado en la licuación que impulsa el gobierno, el aporte de las provincias no es decisivo. Por el otro, desde el punto de vista del desafío de migrar hacia un equilibrio fiscal más sustentable, es imprescindible el acuerdo y trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Por lo tanto, en lugar de seguir escalando el conflicto, debería prevalecer un diálogo serio y fundado sobre como ordenar el régimen federal.
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