La intempestiva eliminación
del FONID es fuente de conflictos. Seguramente será utilizado para que el ciclo
escolar comience nuevamente con paros. El FONID y todos los programas
nacionales que avanzan sobre funciones provinciales deben ser eliminados. Pero
como parte de un ordenamiento integral del Estado.
Cuando se terminó de
conformar la República Argentina en 1860, las provincias –que son las creadoras
de la República– se reservaron para sí, en el artículo 5° de la Constitución
Nacional, la administración de la educación. Pero ante la inacción de las provincias,
en 1880 –durante el gobierno de Julio A. Roca– Sarmiento se hace designar
superintendente de escuelas con el objetivo principal de construir escuelas y
formar docentes en las provincias desde el Estado nacional. Fue una
decisión práctica, pero contraria a la Constitución, que instaló la errónea
idea de que la Nación es responsable de la educación básica.
En las décadas del ‘70 y ‘90
se trasfirieron todas las escuelas nacionales a las provincias, regularizando
la situación. Pero esto no fue acompañado con una reconversión del
Ministerio de Educación nacional. Por el contrario, las autoridades
nacionales mantuvieron la intención de cogestionar las escuelas. Así es
como actualmente existen 7 programas nacionales que se inmiscuyen en la gestión
educativa de las provincias consumiendo la mitad del presupuesto de la
Secretaría de Educación. Uno de ellos es el Fondo Nacional de Incentivo Docente
(FONID) a través del cual se paga un complemento al salario de los docentes
provinciales que equivale, en promedio, al 9% del salario total.
¿Cómo impacta en las finanzas
públicas nacionales y provinciales la eliminación del FONID? Según
el Ministerio de Economía para el año 2023 se observa
que:
- El FONID repartió entre las provincias
$333 mil millones o 0,17% del PBI.
- Para las provincias este monto representó
el 1% del gasto provincial total.
- Para la Nación representó el 0,75% del
gasto nacional total.
Estos datos muestran que el
FONID tiene dimensiones relativamente pequeñas tanto en los gastos provinciales
como en el presupuesto nacional. Sin embargo, su eliminación genera
encendidas polémicas profundizando la conflictividad. Seguramente esto
contribuirá a que nuevamente –como viene ocurriendo desde hace décadas– el
dictado de clases no comience según el calendario escolar fijado por cada
provincia (26/4, 1/3 o 4/3). Un costo social y político exageradamente alto
para los pocos recursos involucrados.
El FONID nació, como el resto
de los programas nacionales, con buenas intenciones: financiar un incentivo que
premie a los educadores que se comprometen con la formación de sus
alumnos. Esto colisionó con la realidad de que los docentes son
empleados públicos provinciales. Abandonando su diseño original, el FONID
rápidamente migró a ser un complemento salarial para todos los docentes. Así,
cobra lo mismo el docente que da clases con un alto compromiso en su tarea,
como el que no trabaja gracias a las reglas y múltiples vericuetos
administrativos que ofrecen los arcaicos estatutos docentes. En lugar
de premiar el esfuerzo y la buena docencia, el FONID estimula la mediocridad.
La eliminación del FONID se
justifica tanto por razones legales como de gestión. Lo
mismo corresponde a los otros 6 programas nacionales que actualmente ejecuta la
Secretaría de Educación nacional. Pero debe hacerse como parte de un
plan de reconversión del rol del Estado nacional en materia de educación básica.
Esto requiere corregir muchas incoherencias como, por ejemplo, las que
contempla el proyecto de ley ómnibus que mantiene la paritaria nacional cuando
los docentes son empleados provinciales. Asimismo, el plan de
reconversión tiene que ser instrumentado en coordinación con las provincias.
De lo contrario, se exacerba la conflictividad lo que les da la oportunidad a
los gobiernos provinciales, que son los responsables de la gestión educativa, a
diluir sus responsabilidades por el profundo deterioro de la educación.
El caso del FONID resulta muy ilustrativo de las diferencias que hay entre ajustar y ordenar el Estado. Eliminar el FONID, sin una estrategia coherente, aporta poco en términos de ahorro fiscal y mucho en términos de profundización del deterioro de la educación. La eliminación del FONID debe formar parte de la reconversión de la Secretaría de Educación. Esta Secretaría debe reconvertirse en una agencia de coordinación y generación de información. Así, será factible bajar el gasto público de manera sustentable y simultáneamente mejorar la calidad de los servicios provinciales de educación.
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