El gobierno impulsó el
congelamiento de las remuneraciones de legisladores y altos funcionarios. El
objetivo es el ahorro fiscal. El resultado será el contrario. Bajas
remuneraciones profundizan la mediocridad y la mala gestión del Estado. Hay que
tener un Estado ordenado y eficiente con funcionarios bien pagos.
En el marco de fuertes
polémicas el gobierno presionó y logró que el Congreso retrotraiga una
actualización en la dieta de los legisladores. Esto derivó en la denuncia de
que el Poder Ejecutivo no estaba siguiendo la misma regla con los sueldos de
los altos funcionarios. En respuesta a la escalada del conflicto, el presidente
dispuso también congelar las remuneraciones en los cargos directivos del
Ejecutivo y pedir la renuncia del Secretario de Trabajo. El argumento para
sostener estos planteos es que “la política” tiene que dar el ejemplo y
hacerse cargo de la mayor parte del ajuste fiscal.
Simultáneamente, el
Ministerio de Economía volvió a anunciar superávit fiscal en febrero. En el
bimestre enero y febrero el superávit primario fue de aproximadamente $3
billones y el superávit financiero (luego del pago de intereses) de $800 mil
millones. Es muy marcado el contraste con el primer bimestre del año pasado
cuando el resultado primario era de un déficit de -$400 mil millones y el
resultado financiero de un déficit de -$1 billón.
La pregunta que cabe hacerse
es si hay conexión entre el ajuste a los sueldos de los funcionarios públicos y
la generación de superávit fiscal. Para ello conviene hacer el
siguiente ejercicio para febrero 2024:
- La dieta de un legislador es en promedio
de aproximadamente $2,8 millones y hay 329 legisladores,
por lo que el gasto mensual en dietas es de unos $900 millones.
- El gasto primario nacional en febrero 2024
ascendió a $4 billones.
- Esto implica que el gasto en las dietas de
legisladores representa apenas el 0,02% del gasto
primario nacional.
Estos datos muestran que la
incidencia en el gasto de las dietas de los legisladores es insignificante
dentro del total del gasto público. Incluso es poco relevante dentro de las
erogaciones del Congreso. Los legisladores son una parte menor del plantel de
aproximadamente 14 mil empleados que tiene el Congreso. Desde el punto de vista
fiscal es mucho más importante corregir los excesos de empleo –por ejemplo, la
biblioteca tiene 4.000 empleados– que congelar las dietas. Es una
medida atractiva para congraciarse con la gente, pero contraria al objetivo de
bajar el gasto público de manera sostenida.
Una buena práctica de recursos
humanos es contar con funcionarios probos, honestos y calificados, en la
cantidad estrictamente necesaria y comprometidos con ordenar y mejorar el
funcionamiento del Estado. Una condición necesaria para lograr este
objetivo es una remuneración acorde a estos requisitos. Por eso, congelar
salarios, particularmente en un contexto de muy alta inflación como el actual,
va en contra del objetivo de equilibrar las cuentas públicas porque se
deteriora la posibilidad de generar buena gestión en el Estado.
En lo que va del 2024 la mayor
reducción del gasto público se dio en las jubilaciones, no en los salarios
públicos. En general, el ajuste se hizo aumentando el gasto público
por debajo de la inflación. Dentro de esta licuación de gasto público, la
pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones representa aproximadamente la
mitad. Menor incidencia tuvieron la disminución de transferencias a provincias
(18% del total de la reducción del gasto) y del gasto en empleados públicos
(14% de la caída). Una de las principales debilidades y fuentes de preocupación
es que cuando baje la inflación –que es el objetivo buscado con el superávit–
el gasto público volverá a crecer. Para lograr un superávit más genuino y
sostenible es imprescindible un ordenamiento integral del Estado, donde la
profesionalización de la gestión pública es central. La excelencia en la
gestión del Estado es lo opuesto a salarios congelados con exceso de empleo
público.
Cambiar la organización del Estado es un desafío enorme. Se necesitan equipos con altas calificaciones y compromiso, con capacidad para innovar, romper inercias y combatir intereses espurios. Congelar arbitrariamente sus remuneraciones es un oportunismo que distrae la atención y hace mucho más difícil llegar a la meta del equilibrio fiscal sostenible con eficiencia y profesionalismo en la gestión pública.
IDESA