La discusión previsional
está monopolizada por la movilidad. Sin embargo, las soluciones pasan por un
ordenamiento integral que corrija los crónicos déficits financieros y las
inequidades. Para lograr estos objetivos se necesita tiempo, por esto, es urgente
una ley de transición que aborde hoy los problemas más críticos.
Mientras tanto el gobierno
y la oposición en el Congreso plantearon la necesidad de que se modifique la
regla de movilidad. El gobierno planteó
originalmente en la ley ómnibus suspender la fórmula de movilidad para pasar a
aplicar ajustes discrecionales. La oposición rechazó esta amplia e inédita
delegación al Poder Ejecutivo y aspira a reemplazar la actual fórmula, que se basa
en 50% salarios y 50% recursos tributarios de la ANSES, a otra donde la
movilidad sea mensual y en función de la inflación.
Para evaluar la importancia
y urgencia de revisar la normativa previsional sirve comparar los haberes
actuales respecto al promedio de las últimas tres décadas. Según información oficial, y suponiendo inflación del 15% y 10% para
febrero y marzo respectivamente, se observa que en marzo 2024:
- El haber mínimo es de
$134.445, un 41% inferior al promedio histórico 1995 –
2024.
- El haber mínimo más el
bono es de $204.445, un 14% inferior al promedio
histórico.
- El haber medio de los
jubilados que no usaron las moratorias es de $299.407 que es un 29% inferior
al promedio histórico.
Estos datos muestran
que el deterioro en el poder de compra de los haberes previsionales es
muy profundo. Hay que considerar que en marzo operó la movilidad trimestral
con lo cual en abril y mayo el deterioro se profundizará. Entre los haberes más
bajos, donde prevalen beneficiarios que ingresaron con las moratorias, la caída
se modera gracias al pago del bono. Pero entre aquellas personas que no usaron
las moratorias para jubilarse la licuación llega a casi un tercio del
haber.
En este deterioro de las
jubilaciones subyacen problemas que trascienden a la movilidad. El sistema es estructuralmente deficitario y plagado de inequidades.
Con los aportes y contribuciones se financia apenas la mitad de los gastos; los
regímenes especiales cubren al 3% de los jubilados, pero absorben el 10% del
gasto; más de la mitad de los beneficios se dieron con algunas de las muchas
moratorias que se fueron sancionando a lo largo del tiempo; crecen los
beneficiarios con doble cobertura que ya llegan a 1,2 millones de jubilados. A
esto hay que agregar que la demografía alerta de que los problemas financieros
se agravarán en las próximas décadas.
Hay que abordar un
ordenamiento integral del sistema previsional donde el cambio en la movilidad
es apenas uno de los ítems. Entre los temas más
importante aparece eliminar los regímenes especiales (tender a que todas las
personas sean iguales para la previsión social); sustituir el rígido requisito
de un mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación por un esquema
que sea proporcional a los aportes; perfeccionar la PUAM; revisar la pensión
para los convivientes considerando que todas las personas tienen derecho a su
propia jubilación; y establecer la regla de que la edad jubilatoria se ajuste 1
mes por año de forma tal de acompañar el envejecimiento.
Como estos cambios llevarán
tiempo instrumentarlos es urgente que el Congreso se aboque a una ley
de transición hacia el ordenamiento integral del sistema. Entre los puntos
prioritarios hay que establecer la movilidad mensual en base a inflación con un
empalme correcto con la actual formula (en abril aplicar el IPC de enero de
manera que sea consistente con la movilidad que se aplicó en marzo que consideró
variaciones hasta diciembre); establecer un bono para quienes no accedieron por
moratorias; modificar las situaciones más injustas de los regímenes especiales;
e instruir a la ANSES a que pague los juicios previsionales con sentencia firme
y las deudas con las provincias.
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