Uno de los 10 puntos que el
gobierno propuso para el Pacto de Mayo es la actualización de las normas
laborales. El profundo y crónico deterioro laboral hacen incuestionable esta
reforma. Pero hay que alertar que para su instrumentación se necesita mucha más
idoneidad técnica y pericia política que la mostrada hasta ahora.
La economía argentina en los
últimos 10 años no creció. Según el Ministerio de Economía, en el 4° trimestre
del 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) fue de $280 billones, monto similar al
del 4° trimestre del 2013 que –ajustado por inflación– fue de $282 billones.
Como la población crece a razón de aproximadamente 1% por año, en una década,
el PBI per cápita cayó 10%. Ante semejante retroceso productivo no
sorprenden la caída de los ingresos reales y el deterioro en las condiciones de
vida de la mayor parte de la población.
Para salir de esta decadencia
el gobierno impulsa el Pacto de Mayo. Contiene un decálogo para avanzar hacia
la modernización institucional. Incluye el respeto a la propiedad privada,
equilibrio fiscal, menor gasto público, reformas tributaria, de la coparticipación,
laboral, previsional, reforma política, integración al mundo y promoción a las
provincias para que exploten sus recursos naturales. Son todas transformaciones
imprescindibles que deben ser abordadas de manera simultánea. Dentro de ellas, una
muy importante para la recuperación del empleo y que suscita muchas
resistencias es la reforma laboral.
La pregunta que cabe hacerse
es si están dadas las condiciones para abordar una discusión seria,
desapasionada y conducente hacia la modernización de las instituciones
laborales. Para responderla, ayuda remitirse a los datos del Ministerio de
Trabajo y del INDEC. Según estas fuentes, se estima que al 4° trimestre del
2023 en Argentina hay 20 millones de ocupados urbanos de los
cuales:
- Asalariados registrados en empresas
privadas son el 31%.
- Empleados públicos de planta nacionales,
provinciales y municipales son el 17%.
- El restante 52% son
monotributistas y trabajadores informales.
El gobierno, apenas asumido,
dispuso –a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 70/23– importantes
transformaciones sobre las instituciones laborales.
Elimina la multiplicación de la indemnización por despido por fallas en la
registración laboral, tipifica el trabajo independiente para dar seguridad a
las contrataciones de obra y servicios, estipula que los créditos laborales se
actualizarán por inflación más un 3% anual en reemplazo de las muy gravosas
tasas de interés que aplica la justicia laboral, habilita a las pymes a pagar
la indemnización por despido hasta en 12 cuotas, entre otras medidas.
Probablemente su principal debilidad es que preserva la centralización en la
negociación colectiva.
Como era previsible, el DNU
fue cuestionado y la justicia laboral falló a favor del pedido de suspensión.
Aunque los argumentos para el cuestionamiento son variados, los principales
puntos de conflicto son la prohibición al empleador de hacer retenciones de
aportes sindicales sin consentimiento expreso del trabajador, la caída de la
vigencia de aportes sindicales en convenios colectivos vencidos (ultra-activos)
y poner como causa objetiva de despido los bloqueos, tomas o impedimentos a
otros trabajadores a trabajar. Es decir, medidas que afectan directamente el
interés de los sindicalistas.
El fracaso del capítulo
laboral del DNU muestra la relevancia de contar con idoneidad técnica y pericia
política para instrumentar reformas tan disruptivas.
Carecer de estrategias eficaces para la implementación lleva a que los planteos
de transformación se reduzcan a meras expresiones de voluntarismo. La principal
conclusión es que para llevar a la práctica la reforma laboral y el resto de la
agenda del Pacto de Mayo se necesita mucha más capacidad técnica y
política de la que el gobierno viene mostrando hasta ahora.
FUENTE: IDESA