Los choferes cobrarán una suma fija no remunerativa
de 500 mil pesos en dos cuotas. Existen dudas acerca de cómo se financiará esa
suba, ya que las empresas alegan, incluso tras haber comprometido el pago, que
no tienen la plata para afrontarlo.
Al
salir del encuentro, el vicepresidente de
la cámara empresaria AAETA, Luciano Fusaro, puso en evidencia el
carácter precario que tiene el acuerdo.
En declaraciones a medios que esperaban el final del cónclave en la sede
Callao de la Secretaría de Trabajo
admitió que lo firmado sólo permite "ganar tiempo", ya que las
empresas no cuentan con el dinero para afrontarlo, si lo tuvieran que pagar
hoy.
"Esto
se va a pagar con aumentos en el precio del boleto o de subsidios",
advirtió. "Ahora tenemos que hablar con el Gobierno para ver qué vamos a
hacer. Si el dinero no está, habrá conflicto", sumó.
"Los
choferes nos dieron tiempo", reconoció Fusaro.
Por su
parte, la UTA concluyó su comunicado de la siguiente manera: "Sabemos que
no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y
necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento
de nuestras familias. La discusión salarial continúa abierta, los estaremos
informando de los avances de la misma", concluye el comunicado de la UTA.
De
esta manera, el paro que parecía inminente queda en suspenso, al menos mientras
se continuán las negociaciones.
El
sindicato conducido por Roberto Fernández pretendía que les reconocieran a más
de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000, un acuerdo
en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a
diciembre, y que le gana por 32 puntos a la inflación, muy por encima de lo que
el Gobierno busca convalidar.
La
estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de
Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $ 737.000 a los choferes o
poner la diferencia de su bolsillo.
La
tensión viene desde hace varios meses, inclusive antes del cambio de gestión en
la Casa Rosada, por el reclamo de la UTA por mejoras salariales y desde las
empresas por suba de tarifas en los boletos o mayores transferencias de
subsidios.
En
plena reunión de este miércoles, el gremio sacó a relucir una propuesta con la
que que pensaban hacer sentir su descontento, presionando a los empresarios
pero al mismo tiempo eludiendo el paro. La medida novedosa era "salir a
trabajar sin activar la Sube (es un rubro salarial) como medida de protesta,
sería como no cobrar boleto". Es decir, los pasajeros viajarían gratis.
Los gremios trazaron un paralelismo con la situación en los subtes. "Ellos
levantan los molinetes y no pasa nada", sostuvieron. La medida encuentra
el previsible rechazo de las empresas: dicen que sería ilegal desactivar la
validadora SUBE.
La
semana pasada se reunieron el gremio y las cámaras, pero no hubo acuerdo. El
viernes la Secretaría de Transporte recibió a los empresarios pero tampoco se
logró una solución al conflicto. Hoy desde las 13 volvieron a juntarse en un
último encuentro para intentar que no se produzca el paro.
Las
empresas sostienen que el precio del boleto en el AMBA es bajo, por lo que no
llegan a recaudar lo suficiente para sostener el servicio y asegurar un
incremento para los trabajadores.
La
crisis del sector lleva más de 20 años y empezó a la salida de la
Convertibilidad, cuando las tarifas dejaron de reflejar los costos. Pero se
profundizó a mediados de 2022, cuando la Argentina empezó con otro régimen de
inflación más alta que la previa. Hoy el Estado (Nación, Ciudad y provincia de
Buenos Aires) cubre el 70% de los costos reconocidos con subsidios y los
usuarios un 30% con tarifas, una relación que llegó hasta el 90% y 10%,
respectivamente, en enero 2024.
"Los ingresos del sector son regulados por el Estado, quien determina el nivel de tarifas y compensaciones a percibir. Los subsidios no surgen de declaraciones juradas presentadas por las empresas, sino del cálculo de los costos del sector que realiza la propia Secretaría de Transporte. Dicho cálculo incluye los costos de operación, inversión y la ganancia empresarial", detallaron desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta).
Asimismo, sostienen que la Secretaría de Transporte deberá implementar modificaciones en las tarifas del transporte público, con el fin de garantizar el funcionamiento del servicio.
