La masiva protesta
universitaria puso en agenda la discusión sobre el presupuesto universitario.
Justo cuando el gobierno celebra el superávit fiscal. Ante problemas crónicos
de desfinanciamiento y mala gestión, las soluciones no pasan por ajustar sino por
mejorar la organización del Estado, en este caso, la de las universidades.
El presidente anunció como el
principal logro de sus primeros meses de gestión el superávit financiero del 1°
trimestre del 2024. Con una larga historia de crónicos desequilibrios
de las cuentas públicas, el énfasis puesto por el presidente en el equilibrio
fiscal no es exagerado. Pero a las pocas horas se concretó una masiva
protesta universitaria que congregó a alumnos, docentes, egresados y
público en general en las principales ciudades del país. La agenda excluyente
que motorizó esta convocatoria fue el rechazo a la reducción real de los
recursos que el Estado nacional transfiere a las universidades.
La contundencia de la protesta
indujo al gobierno a replantear su estrategia. En este marco,
anunció que garantizará el funcionamiento de las universidades públicas. Pero
advirtió que exigirá rendición de cuentas de cómo administran los recursos
públicos que se les asigna. Cabe tener en cuenta que las universidades gozan de
plena autonomía de gestión y se gobiernan por cuerpos colegiados que
representan a los diferentes estamentos universitarios, esto es, docentes, no
docentes, egresados y alumnos.
¿Qué dicen las evidencias en
relación al funcionamiento de las universidades? Según
información histórica publicada por el Ministerio de Educación nacional se
observa que:
- En el 2012 el Estado
nacional invertía $1 millón por año por alumno a precios
del 2023 y en el 2023 invirtió $723 mil.
- En el 2012 había 45 universidades
mientras que en el 2023 hay 56 universidades.
- En el 2012 el presupuesto
promedio por universidad era de $31 mil millones mientras
que en el 2023 fue de $21 mil millones.
En el conflicto universitario
subyacen varias contradicciones. Por un lado, su contribución al ajuste
fiscal es marginal. El gasto en universidades no fue el que más se retrasó
en el 2024 por lo que la reducción del valor real del presupuesto universitario
aportó apenas un 2% al superávit fiscal del 1° trimestre del 2024. Esto
contrasta, por ejemplo, con la reducción del gasto previsional que explica el
38% de la reducción del gasto público nacional en el primer trimestre del año.
Por otro lado, porque el planteo que suscribieron quienes administran las
universidades pasa por alto que la caída en el presupuesto no es un
fenómeno reciente generado por el actual gobierno sino un proceso de larga data
y tampoco reconocen que los déficits de gestión en las universidades públicas
son grandes.
Aplicar un ajuste sobre un
sistema mal organizado no resuelve los problemas y en muchos casos los agrava.
Desde el punto de vista fiscal lo más probable es que el pequeño ahorro
conseguido en estos primeros meses del año se revierta en los próximos ante la
necesidad de improvisar respuestas para evitar nuevas protestas. Desde el punto
de vista de la eficiencia, el ajuste mantiene y profundiza malas decisiones de
administración. Por ejemplo, no revierte la demagogia de crear universidades
sin financiamiento, cuando lo conveniente es concentrar los recursos escasos en
las universidades más grandes y tradicionales, junto con un buen sistema de
becas para que los alumnos del interior accedan a ellas. En educación, lo mejor
es tener mucho volumen de alumnos con profesores bien formados y bien pagos que
muchas instituciones pequeñas con pocos alumnos y docentes mal pagos.
Lo que ocurre con las
universidades se reproduce en el resto del sector público. El ajuste no
resuelve el problema organizacional del que adolece el Estado argentino.
Por eso, de cara al objetivo de salir de la decadencia, sin subestimar la
importancia del equilibrio fiscal, el factor decisivo es tomarse en serio la
agenda de transformaciones estructurales que se plantean en el Pacto de Mayo.
FUENTE: IDESA