Nuevamente FOPEA se ve en la
obligación de expresarse por el tenor de las declaraciones del Presidente de la
Nación contra el periodismo.
Debemos recalcar que la
generalización y la descalificación sistemática que se evidencia en las
declaraciones del Presidente, pero sobre todo en su último posteo en X,
constituyen una metodología autoritaria que desprecia los principios más
elementales de una sociedad democrática.
La descripción del
comportamiento que hace el Presidente es un agravio gratuito e injustificado
hacia una mayoría de periodistas que ejerce su trabajo con apego al rigor y la
ética profesional
En una seguidilla de
declaraciones por medios y redes sociales, Javier Milei atacó con nombre y
apellido a periodistas que ejercen su derecho a preguntar o analizar la
situación política del país. También, en una modalidad que se ha convertido en
una lamentable costumbre, generalizó sobre una supuesta corrupción que según su
punto de vista, afecta a toda la profesión.
En su último posteo en X, el
Presidente aseveró: “Creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para
todos. No solamente para algunos”. Si así fuera, debería respetar el derecho de
que todos expresen su forma de pensar. También, de que todo el periodismo pueda
acceder a la información que su gobierno tiene la obligación de brindar. Esto
no está sucediendo. Solamente quienes cuentan con la simpatía oficial pueden obtener las respuestas buscadas. La
información oficial se ha convertido en una dádiva.
El Presidente, como cualquier
ciudadano, tiene derecho a decir su verdad. A lo que no tiene derecho, ni él ni
nadie, es a acusar y ensuciar impunemente a todo un sector de la sociedad que
cumple con los mandatos acordados en la Constitución y acuerdos internacionales
para que la información, que es un bien social, llegue a toda la ciudadanía.
Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un funcionario
público y sobre todo el presidente de una Nación deben ejercer una tolerancia
mayor hacia las expresiones “que se emiten en circunstancias o sobre asuntos
que poseen gran relevancia social”.
Que un jefe de Estado agravie
a periodistas y celebre la eventual pérdida de fuentes de trabajo resulta
doblemente grave por la evidente asimetría de poder y por la falta de empatía y
compromiso con el pueblo de la Nación al que representa en su carácter de
mandatario. El respeto a las normas que rigen su conducta y función debe ser
siempre prioritario. Como organización que vela por la calidad y la ética en el
periodismo, FOPEA propicia la autocrítica permanente. Sin embargo, el límite
siempre son el agravio y las generalizaciones. Recordamos, como ya lo hemos
hecho anteriormente, que la violencia verbal puede derivar en violencia física
contra algún periodista.
Una democracia sólida se
construye sobre la base del disenso, pero siempre partiendo del respeto mutuo.
Jamás desde el discurso estigmatizante e inquisidor.
La responsabilidad de elevar
la calidad del debate público es tanto de los periodistas como de los
funcionarios públicos. Y todos deben contribuir a luchar contra la
desinformación, flagelo capaz de paralizar a una sociedad por el pánico y la
incertidumbre. En ese sentido, resulta peligroso que desde las más altas
esferas del poder se den por ciertas y se difundan informaciones o indicadores
que no han sido previamente chequeados, como ha ocurrido en los últimos días.
En estos casos, es cuando más claro asoma el papel del periodismo profesional y
la prensa como institución garante de información contrastada, cierta y
contextualizada.
En caso que desde tan elevada investidura entienda que está frente a una situación ilegal o la presunción de un delito, el camino es la Justicia para que la verdad salga a la luz. Pero nunca las generalizaciones son justas.
FUENTE: FOPEA
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