El bloque de legisladores de
la UCR manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesan las
universidades nacionales. Las instituciones educativas hoy reciben un tercio de
los fondos que necesitan para funcionar. El gobierno nacional decidió congelar
el presupuesto del año 2023 sin tener en cuenta la inflación interanual de más
del 250% y sin considerar los brutales aumentos en las tarifas de todos los
servicios. Además, ante los reclamos de los rectores, el gobierno nacional
adelantó que no enviará fondos adicionales.
Las universidades atraviesan
un ahogo financiero que hace imposible afrontar el ciclo lectivo 2024. Ya se
han suspendido proyectos de extensión e investigación y peligra el normal
dictado de clases. "El propio presidente Milei ha expresado su repudio a
la educación pública. Esta situación ya ha pasado de las frases altisonantes en
las redes sociales a una premeditada acción de desfinanciamiento que pone en
quiebre a la educación pública superior", destacó Lorena Matzen.
"Esta situación impacta
de lleno en el funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue y la
Universidad Nacional de Río Negro, que hoy reúnen a unos 98 mil estudiantes. La
comunidad universitaria está movilizada y temen que se suspendan las clases si
esta situación continúa", resaltó. "Se anunció un aumento del 70%
pero es necesario aclarar que es sobre el 3,5% del total del presupuesto 2023 y
que sólo está destinado a cubrir gastos operativos menores. El aumento no
contempla los salarios docentes y no docentes", explicó la Legisladora
Matzen.
"No podemos quedarnos
callados mientras intentan destruir a la educación pública. Debemos acompañar las
iniciativas que la defiendan. Por esto presentamos un proyecto de comunicación
para apoyar el proyecto de ley de la diputada nacional Danya Tavela (UCR).
Plantea declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario
nacional y propone establecer un mecanismo de asignación de recursos y gastos
en el marco del presupuesto 2024", sentenció Matzen.
El proyecto de Tavela es acompañado por sus pares radicales y por diputados de otros bloques. La iniciativa impulsa un esquema que contempla un 85% para gastos de salarios y un 15% para gastos generales y de funcionamiento. Además, prevé una actualización bimestral atada al índice de precios al consumidor y a la variación promedio de las tarifas de los servicios públicos.
