Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El debate sobre la reforma
laboral en Argentina a menudo se centra en la rigidez de las leyes de
contratación y despido, un factor que indudablemente desalienta la generación
de empleo registrado en las grandes empresas. Sin embargo, un reciente informe
del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) pone el foco en un
factor menos explorado pero igualmente decisivo para la informalidad: el diseño
inequitativo de las asignaciones familiares, que castiga al trabajador
formal de bajos ingresos.
En un país con 19 millones de
ocupados urbanos, donde solo el 32% son asalariados registrados en empresas
privadas y el 50% restante opera en la informalidad o como cuentapropistas,
revertir esta tendencia es el objetivo central de cualquier cambio normativo. No
obstante, desde 2012, de cada 4 millones de nuevos ocupados urbanos, solo el 5%
se sumó al empleo privado registrado, mientras que la informalidad creció en un
50%.
El Incentivo Inverso: La cifra
que explica la resistencia
El informe de IDESA revela
que, para los trabajadores de menores niveles de ingreso y las microempresas,
el incentivo a operar en la informalidad trasciende la legislación laboral. El
punto de inflexión está en el esquema de beneficios sociales, específicamente
en la asignación por hijo:
- Trabajador Formal:
Percibe mensualmente $60.000 por la Asignación por Hijo (con un
hijo menor de 3 años).
- Trabajador Informal:
Percibe un total de $217.000 al mes por el mismo hijo menor de 3
años, compuesto por $120.000 de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
$52.000 de la Tarjeta Alimentar y $45.000 del Complemento Alimentario.
Esta abismal diferencia de
casi cuatro veces más a favor del trabajador no registrado se convierte en un
"poderoso factor inductor a la informalidad". El análisis es
lapidario: para que un trabajador informal acepte un puesto registrado,
demandará un aumento salarial que compense los $157.000 mensuales que
perdería al pasar de la AUH al sistema formal de Asignaciones Familiares. En el
contexto de los sueldos bajos que prevalecen en las pequeñas empresas, esta
compensación es virtualmente inviable, a lo que se suman las cargas sociales
que rondan el 50% del salario de bolsillo.
Un abordaje integral para la formalización
El estudio concluye que para
impulsar un proceso dinámico de formalización, es "imprescindible"
nivelar las prestaciones por hijos entre informales y formales de más bajas
remuneraciones, a pesar del impacto fiscal que esto conlleva.
Además de la reingeniería de
los beneficios sociales, IDESA propone medidas complementarias y estructurales:
1. Alivio
Fiscal para Microempresas: Establecer un mínimo no imponible
sobre la masa salarial a las contribuciones patronales, focalizado en los
microemprendimientos.
2. Flexibilización
de Convenios: Habilitar acuerdos propios entre trabajadores
y empleadores, prescindiendo de los sindicatos de actividad. Incluso, se
sugiere eximir directamente a los microemprendimientos de hasta 10 trabajadores
de aplicar los convenios colectivos sectoriales.
3. Sistema
Previsional: Flexibilizar el requisito de 30 años de
aportes para la jubilación, asegurando que los aportes parciales se traduzcan
en una jubilación superior a la mínima.
En resumen, la reforma laboral no puede ser una solución aislada. La formalización masiva de los trabajadores menos calificados requiere una estrategia integral que comience por eliminar los incentivos perversos que hoy ofrecen los propios mecanismos de asistencia social del Estado.
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