Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El desarrollo urbano en el
partido de Tigre atraviesa uno de sus momentos más críticos. La vigencia de una
medida cautelar que frena los nuevos emprendimientos en altura ha generado un
clima de incertidumbre que trasciende los despachos empresariales para golpear
directamente en la base de la pirámide laboral.
En una entrevista exclusiva para
Mundo Norte, Martín Palma, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de
Tigre, analizó el impacto de esta parálisis y lanzó duras críticas hacia la
intervención del Poder Judicial en la planificación del distrito.
Durante la primera parte de la
entrevista, Palma describió una situación de asfixia para el sector.
Según el directivo, la suspensión
no solo afecta a proyectos futuros, sino que mantiene en un "limbo
jurídico" a más de 90 obras que ya contaban con viabilidades otorgadas,
derechos pagos y que se encuentran impedidas de iniciar. "Estamos de
acuerdo con que se limiten las alturas, pero pedimos que no se paren las
obras", enfatizó, marcando la diferencia entre la necesidad de una
nueva normativa y el cese total de la actividad.
La mayor preocupación de la Cámara
de Desarrolladores Urbanos de Tigre, radica en el impacto social de esta
medida. La construcción es un motor dinamizador de la economía local que
involucra desde obreros y capataces hasta proveedores, corralones y comercios
de cercanía. Palma advirtió que la continuidad de esta parálisis está
provocando la pérdida de cientos de puestos de trabajo, en un contexto
económico nacional ya de por sí complejo.
La estimación de la Cámara
sugiere que, de no destrabarse la situación en las sesiones legislativas de
marzo, el daño al empleo local podría ser irreversible para muchas familias del
distrito durante 2026.
Respecto al rol de la justicia,
la queja de los desarrolladores es tajante. Consideran que el fallo judicial,
impulsado por amparos ambientales y vecinales, excede sus facultades al
interferir en atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo y
al Concejo Deliberante. "La justicia no puede legislar sobre el perfil
urbano de una ciudad", señalan desde el sector, argumentando que la
cautelar atenta contra la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de los
inversores que cumplieron con todos los pasos legales previos.
Para concluir, Palma instó a las
autoridades políticas a dar un debate urgente sobre la Ordenanza de Alturas. El
objetivo de la CDU de Tigre, no es un crecimiento desmedido, sino una
planificación equilibrada que permita seguir generando inversión y empleo sin
colapsar la infraestructura del partido.
Mientras tanto, el sector permanece a la espera de una señal clara que permita reactivar las hormigoneras y devolver el trabajo a miles de tigrenses.
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