Por Román Reynoso para Mundo
Norte
En una nueva avanzada del proceso
de reorganización administrativa del Estado, el Poder Ejecutivo nacional
formalizó este lunes la implementación de un régimen de retiros voluntarios
destinado exclusivamente al personal de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses). La medida, que busca profundizar el recorte del gasto
público y la reducción de la planta estatal, fue oficializada a través de la
Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Bajo la denominación técnica de
"Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR)", la iniciativa se
encuadra en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la
extinción del vínculo por "voluntad concurrente". Según los lineamientos
técnicos del programa, los agentes que decidan adherir podrán percibir una
gratificación extraordinaria que tiene como techo los 24 haberes brutos, con un
límite nominal fijado en los 80 millones de pesos. Para aquellos casos donde la
liquidación supere dicho monto, el excedente se cancelará en dos cuotas
mensuales y consecutivas.
El esquema, diseñado por la
gestión de Fernando Omar Bearzi al frente del organismo previsional, establece
requisitos de admisión rigurosos. Podrán postularse aquellos empleados que
registren una antigüedad mínima de dos años. Sin embargo, la normativa es
taxativa respecto a las exclusiones: no podrán acceder quienes se encuentren
procesados por delitos contra la administración pública, personal con sumarios
disciplinarios en curso, mayores de 62 años o quienes ya hayan iniciado sus
trámites jubilatorios.
Un punto que promete generar
controversia en el ámbito gremial es la exigencia para los delegados
sindicales: aquellos que pretendan acogerse al beneficio deberán renunciar
formalmente a su tutela y estabilidad gremial. Asimismo, se ratificó la
cláusula de "bloqueo" que impide a los beneficiarios reingresar a
cualquier área de la administración pública nacional por un período de cinco
años.
El plazo para la presentación de solicitudes vence el próximo 5 de abril. La aprobación final de cada legajo quedará supeditada a la "exclusiva evaluación y conveniencia operativa" de la Anses, lo que otorga al organismo la facultad discrecional de rechazar solicitudes si considera que el perfil del agente es crítico para el funcionamiento de las Unidades de Atención Integral (Udai) en todo el país. Esta medida se inscribe en un marco de alta tensión, coincidiendo con la revisión de contratos temporales prevista para finales de este trimestre en diversas dependencias del sector público.
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