Lo que comenzó como un reclamo
por la baja de contratos terminó con una sentada en el despacho del Intendente
Ramón Lanús. La medida busca equiparar los recursos de todos los ediles,
eliminando beneficios heredados de la gestión anterior.
Por: Román Reynoso
La noche del jueves en San Isidro
se vio convulsionada por una medida de fuerza que escaló rápidamente.
Militantes vinculados al kirchnerismo local, bajo la conducción del actual
Director Provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, y la concejal de
"Movimiento Derecho al Futuro", Manuela Schuppisser,
protagonizaron una toma del hall de ingreso a la oficina del Intendente Ramón
Lanús.
El conflicto tiene su origen en
el Concejo Deliberante. Según trascendió, el presidente del cuerpo legislativo,
Jorge Álvarez, tomó la determinación de avanzar en una revisión integral
de los esquemas de contratación. El objetivo: terminar con lo que desde el
oficialismo califican como "privilegios" y estandarizar la cantidad
de asesores para todos los concejales por igual.
El fin de un trato
diferenciado
La raíz de la protesta radica en
la pérdida de una estructura que el sector liderado por Cianni y Schuppisser
mantenía desde 2021. Bajo un acuerdo con la administración anterior, este grupo
contaba con el doble de recursos y personal en comparación con el resto
de las bancas.
A partir de marzo de 2026, la
nueva normativa del Deliberativo local buscó "normalizar" esta
situación, equiparando las condiciones de trabajo de todos los ediles. Esta
decisión fue la que detonó la reacción de los militantes, que optaron por la
vía de la ocupación del espacio público municipal como método de presión.
Madrugada y presencia policial
La sentada en el corazón del
casco cívico sanisidrense se extendió durante horas. Si bien la protesta
finalizó en la madrugada de este viernes sin incidentes físicos de gravedad, la
presencia policial sobre la calle 9 de Julio fue constante para garantizar la
seguridad del edificio.
Desde el entorno municipal lamentaron las formas del reclamo, calificándolo como un "triste precedente" de prepotencia ante una medida que busca, esencialmente, la equidad en el uso de los fondos públicos destinados al legislativo. Por el momento, la decisión de la presidencia del Concejo se mantiene firme: no habrá marcha atrás con la quita de los beneficios extraordinarios.
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