Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El sistema de control
agroalimentario argentino atraviesa una de sus crisis institucionales más
profundas de las últimas décadas. Lo que hasta hace poco eran advertencias
internas por recortes presupuestarios y reducción de personal, hoy se ha
transformado en un problema de mercado concreto: cargamentos rechazados en el
exterior y suspensiones que ponen en duda la rigurosidad de los controles
nacionales.
En las últimas semanas, la
devolución de partidas de carne desde China y de girasol desde Bulgaria
encendieron las alarmas en el sector exportador. Estos episodios no son hechos
aislados, sino el síntoma de una pérdida de capacidad operativa en el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La falta de
inspectores, la sobrecarga de tareas y la mora en el pago de viáticos
operativos —que en muchos casos terminan siendo cubiertos por los propios
trabajadores para no frenar la actividad— están erosionando la eficiencia de un
organismo clave para el ingreso de divisas.
El escenario es complejo desde lo
analítico. Argentina compite en un mercado global donde los estándares
fitosanitarios son cada vez más exigentes. La "marca argentina",
históricamente asociada a la excelencia en productos primarios y manufacturas
de origen agropecuario, se sostiene sobre la confianza que los servicios
sanitarios extranjeros depositan en el Senasa. Si esa confianza se quiebra,
recuperar los mercados puede llevar años de negociaciones diplomáticas y
técnicas.
A este frente externo se suma una
preocupación creciente por el mercado interno. El debilitamiento de los
controles no solo afecta lo que sale del país, sino también lo que llega a la
mesa de los argentinos. La aparición de enfermedades controladas o la circulación
de productos sin la debida fiscalización son riesgos latentes ante un organismo
que está siendo empujado a una situación de asfixia funcional.
La reciente decisión oficial de permitir el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, rompiendo una histórica barrera sanitaria, no ha hecho más que profundizar el malestar y la incertidumbre en el sector. En un contexto económico donde la exportación es el principal motor de recuperación, el descuido de los activos institucionales y sanitarios parece una apuesta de alto riesgo que podría comprometer seriamente la reputación comercial de la nación.
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