Por Román Reynoso para Mundo
Norte
A partir de este mes, la matriz
de asistencia social en la Argentina experimenta una de sus transformaciones
más profundas. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra
Pettovello, confirmó la finalización del programa Volver al Trabajo, una medida
que implica el cese del pago directo de $78.000 mensuales a cerca de 900.000
beneficiarios. En su reemplazo, la administración de Javier Milei implementará
un esquema de vouchers destinados de forma exclusiva a la formación y
capacitación profesional.
El próximo 9 de abril se
efectuará la última liquidación de esta prestación, heredera de la
fragmentación del controvertido Potenciar Trabajo. Según los datos oficiales
difundidos y confirmados por distintos documentos del Ejecutivo, el nuevo
paradigma tiene un doble objetivo: erradicar definitivamente la intermediación
de las organizaciones sociales y reconvertir la ayuda estatal en una
herramienta de inserción comprobable en el mercado laboral formal.
La dinámica del nuevo sistema de
vouchers rompe con el esquema tradicional de transferencias discrecionales. Los
fondos ya no se entregarán como dinero de libre disponibilidad. Aquellos
beneficiarios que decidan continuar bajo la órbita del Estado deberán
inscribirse a través del Portal Empleo o la plataforma Mi Argentina, donde
elegirán una especialidad dentro de una red federal de centros de formación. El
nuevo diseño incluye una cláusula estricta de regularidad: el Gobierno exigirá
controles de asistencia y permanencia, y el abandono de los cursos supondrá la
pérdida inmediata e irrevocable del beneficio.
Desde la perspectiva
macroeconómica, el desarme de esta política de sostenimiento de ingresos
representa para las arcas públicas un ahorro mensual estimado en 60.000
millones de pesos, capital que será redireccionado, en parte, hacia el
fortalecimiento de la educación primaria en sectores de bajos recursos. Cabe
destacar que el recorte no afectará a los sectores de extrema vulnerabilidad ni
a los mayores de 50 años, quienes seguirán percibiendo su asistencia a través
del programa Acompañamiento Social.
Con esta decisión, la Casa Rosada
busca clausurar una etapa de varias décadas marcada por el asistencialismo
directo y busca inaugurar un modelo de políticas públicas que asocie el gasto
social a resultados tangibles.
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