Por Román Reynoso para Mundo
Norte
La controversia entre el Gobierno
nacional y las universidades públicas mantiene en vilo a la opinión pública,
centrando la discusión fundamentalmente en el plano presupuestario. Mientras
que desde la postura oficial se defiende el equilibrio fiscal y se reclama una
mayor transparencia en el control de los recursos del Estado, la comunidad
universitaria advierte sobre una asfixia financiera que pone en riesgo el
normal funcionamiento de las instituciones. Las masivas movilizaciones
registradas en distintos puntos del país evidenciaron que, más allá de las
disputas políticas de turno, una parte sustancial de la sociedad se moviliza
bajo una premisa histórica: la defensa de la universidad pública como el
principal motor de la movilidad social ascendente en la Argentina.
Sin embargo, un reciente análisis
pormenorizado del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) plantea
un interrogante incómodo pero indispensable para el debate de fondo: ¿hasta qué
punto la educación superior conserva hoy esa capacidad integradora? El informe
nacional nº 1174 advierte que, independientemente de las discusiones sobre la
eficiencia o el financiamiento universitario, el verdadero cuello de botella se
encuentra mucho antes de ingresar a los claustros: en las profundas falencias
de la educación básica.
Los datos relevados por la
Secretaría de Educación en 2024 resultan categóricos. Actualmente, apenas el
59% de los jóvenes argentinos logra concluir sus estudios secundarios a los 18
años. El diagnóstico se vuelve aún más complejo al evaluar la calidad de dicho
egreso: de ese porcentaje que termina a término, menos del 18% alcanza niveles
de conocimiento satisfactorios o avanzados en áreas clave como lengua y
matemática. En términos reales, esto significa que solo el 10% del total de los
jóvenes de 18 años finaliza el nivel secundario en tiempo y forma con las
competencias cognitivas necesarias para afrontar una carrera de grado.
Dicho de otro modo, 9 de cada 10
jóvenes en el país abandonan la escuela media o egresan con severas
deficiencias formativas. Ante este panorama estructural, incluso una
universidad pública que operara con los máximos estándares de excelencia
institucional tendría un impacto marginal en la movilidad social, dado que la
inmensa mayoría de la población estudiantil queda excluida de la posibilidad
real de sostener y finalizar los estudios superiores. El informe destaca,
además, que la porción de alumnos con la preparación adecuada proviene
mayoritariamente de escuelas de gestión privada, pertenecientes a familias que
ya forman parte de la clase media.
La decadencia de la educación
básica responde a múltiples factores, entre los que IDESA resalta los malos
incentivos en la gestión educativa. Los estatutos docentes arcaicos y la
marcada rigidez burocrática desalientan a los educadores, al carecer de reconocimientos
económicos o profesionales ligados al compromiso y al rendimiento efectivo en
el aprendizaje. A esto se suman deficiencias en la infraestructura escolar y
una histórica resistencia a la medición y difusión transparente de los
resultados educativos.
En el marco de un sistema
federal, el documento señala la necesidad de reordenar las competencias. Si
bien la responsabilidad directa sobre las escuelas secundarias y primarias
recae sobre las provincias, históricamente el Estado nacional intervino de manera
distorsiva. En este sentido, el informe califica como un avance la
desactivación de la paritaria docente nacional —toda vez que la Nación no es el
empleador que abona los salarios de esos maestros—, evitando así el dispendio
de recursos y la dilución de las responsabilidades locales.
Finalmente, el análisis sugiere que los esfuerzos nacionales para revertir el deterioro de la escuela básica deberían concentrarse en robustecer la evaluación de los aprendizajes y en modernizar la gestión de las políticas sociales. Específicamente, propone reemplazar la libreta física de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cruces informáticos que agilicen el control y ofrezcan estímulos económicos claros para garantizar la terminalidad escolar de los sectores más vulnerables. La movilidad social, concluye el diagnóstico, no se define exclusivamente en los presupuestos universitarios, sino en la capacidad del Estado para reconstruir los cimientos del sistema educativo formal.
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