Por Román Reynoso para Mundo
Norte
Las universidades argentinas
dejaron atrás la lógica de contar solo horas de clase. Avanzan hacia un sistema
que también mide cuánto tiempo de estudio autónomo necesita un alumno para
aprender, y tienen como límite enero de 2027 para reorganizar sus carreras bajo
ese esquema.
Se trata del Sistema Argentino de
Créditos Académicos Universitarios (SACAU), aprobado en octubre de 2023 y
formalizado en abril de 2025 con el aval conjunto del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP). La reforma atravesó dos gestiones nacionales distintas sin
perder consenso, algo poco frecuente en la política universitaria argentina.
El cambio central es el Crédito
de Referencia del Estudiante (CRE): cada crédito equivale a 25 horas de trabajo
académico, sumando tanto las horas de interacción docente —presenciales o
virtuales— como el tiempo que el estudiante dedica a leer, hacer trabajos
prácticos y prepararse para exámenes. Hasta ahora, ese segundo componente no se
contabilizaba.
La implementación ya tiene
avances concretos. Un relevamiento del Consejo Federal de Decanas y Decanos de
Ingeniería (Confedi) detectó que el 86,5% de las instituciones de esa red ya
inició el proceso, y más de la mitad cuenta con normativa institucional
específica. La UTN, por ejemplo, fijó 60 créditos anuales —1500 horas— como
promedio para sus carreras del artículo 42.
El obstáculo que repiten todos
los especialistas consultados es el mismo: ¿cómo medir el trabajo autónomo?
Marcelo De Vincenzi, presidente del Confedi, distingue tres tipos de materias
según la autonomía que exigen: las introductorias, las de transferencia y las
de integración, cada una con una demanda de trabajo independiente muy distinta.
No hay fórmula única que las resuelva.
Ahí aparece el riesgo que marca
Marcelo Rabossi, de la Universidad Di Tella: que el sistema se aplique de forma
meramente declarativa, sin datos reales de carga horaria. Mónica Marquina
(Conicet, UBA, UNTREF) agrega otra advertencia: si la reforma se limita a
"traducir" planes existentes sin revisarlos en profundidad, el
problema de fondo —carreras que duran mucho más de lo previsto— queda intacto.
El especialista en educación
superior Norberto Fernández Lamarra, de la UNTREF, lo plantea como oportunidad
antes que como trámite: la posibilidad de repensar por qué tantos estudiantes
alargan sus trayectorias o abandonan sin recibirse. Coincide con Carlos Muñiz,
de la UCA, en que el cambio debe revisar contenidos y metodologías, no solo
reacomodar números.
En el plano institucional, la
adaptación ya está en marcha en la UNC (15 facultades), la UNLP (17
facultades), la UNSAM, la UNR, la UNCuyo, la UNL, la UNLaM y también en
universidades privadas como la UCA y la Universidad Austral, que incorporó
estudios comparados internacionales para calibrar sus estimaciones de trabajo
autónomo.
El debate llega en un contexto
particular: la agenda universitaria estuvo dominada los últimos dos años por el
conflicto presupuestario, que esta semana tuvo un capítulo nuevo con el fallo
de la Corte Suprema a favor de la ley de financiamiento universitario. El SACAU
es una de las pocas reformas estructurales que logró avanzar pese a esa
emergencia.
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