Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El Museo MAR de Mar del Plata se
convirtió esta semana en el epicentro del debate sobre la política de tránsito
en el país. En la apertura del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, el
ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, buscó marcar una línea
clara que divide la responsabilidad penal y legislativa de la conducta humana
en las rutas: "Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no
cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables
conduciendo".
El encuentro, que se extiende
hasta este jueves 12 de junio bajo la fuerte consigna "Señales de
ausencias eternas", expone una tensión estructural que el Estado
bonaerense intenta saldar: la convivencia entre el punitivismo vial y la
deficiencia en infraestructura. Si bien Buenos Aires funcionó como el principal
banco de pruebas con la implementación de la Ley de Alcohol Cero, la realidad
en los accesos y rutas provinciales demuestra que el marco normativo es apenas
una de las aristas del problema.
El propio presidente de
Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), José Arteaga, reconoció durante la jornada
inaugural un factor crítico que habitualmente matiza el discurso oficial sobre
la culpa exclusiva del conductor: "Sin una traza mantenida hay riesgo, hay
siniestros". El funcionario planteó la necesidad de avanzar en obras
intensas, admitiendo implícitamente que el estado de la red vial bonaerense
sigue siendo un talón de Aquiles para la prevención.
La articulación del evento con la
Fundación Estrellas Amarillas, liderada por Silvia González, y la presencia de
referentes históricas como Viviam Perrone (Madres del Dolor), le otorgaron al
congreso un peso político y social que excede la mera formalidad institucional.
Los paneles técnicos, que abarcan desde observatorios estadísticos hasta el
análisis de la salud mental de los conductores, intentan unificar criterios en
un territorio provincial profundamente fragmentado en sus realidades viales.
El desafío de la gestión de Marinucci radica ahora en transformar el despliegue territorial —que incluyó a intendentes como Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Waldemar Giordano (Colón), además de una nutrida comitiva de legisladores y subsecretarios— en partidas presupuestarias concretas para señalización y mantenimiento. Sin ese correlato económico, las apelaciones a la "sensibilidad y empatía" de los conductores corren el riesgo de quedar reducidas a una declaración de principios en plena temporada de debate legislativo.
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