Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El Consejo de Administración de
la Fundación El Libro se declaró en estado de alerta tras los anuncios
oficiales que contemplan la derogación de la Ley de Protección a la Actividad
Librera (N.º 25.542). La entidad, que reúne a editores, libreros, distribuidores,
autores y la industria gráfica, ratificó su rechazo unánime a la medida y
advirtió que la eliminación del marco regulatorio pone en riesgo la red de
librerías independientes en todo el país.
La norma, vigente desde hace más
de dos décadas, establece el régimen de precio uniforme de venta al público
para los libros en sus primeros meses de comercialización. Este mecanismo no
opera como una distorsión comercial, sino como una salvaguarda estructural:
impide que grandes cadenas o plataformas de venta masiva apliquen descuentos
agresivos imposibles de absorber para los comercios de cercanía, igualando las
condiciones de competencia en el punto de venta.
La desregulación tarifaria altera
de forma directa la sostenibilidad de la cadena de valor. En mercados donde se
retiró la protección al precio del libro, la consecuencia inmediata no fue la
baja sostenida de precios, sino la destrucción del minorista independiente y la
concentración del catálogo en un puñado de títulos de alta rotación comercial.
Este fenómeno impacta en segundo orden sobre las pequeñas y medianas
editoriales, que pierden espacio de exhibición para autores locales y
literatura no masiva.
Con una de las mayores concentraciones de librerías por habitante en América Latina, el modelo argentino sostiene la diversidad bibliográfica a partir de la capilaridad de sus comercios. Frente a la eventual caída de la Ley 25.542, el sector editorial inicia una instancia de movilización e interlocución institucional para frenar el proyecto y preservar el ecosistema cultural.
Instagram: @mundonorte
.gif)
