Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
El debate sobre la arquitectura
institucional del Banco Central volvió al centro de la escena política y
económica del país. El reciente anuncio oficial sobre el envío de un proyecto
de ley al Congreso para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria
busca reinstaurar pilares fundamentales: establecer su autonomía legal, fijar
la estabilidad de la moneda como único norte y prohibir de forma taxativa la
emisión para financiar el déficit del Tesoro.
La iniciativa sintoniza con las
corrientes técnicas internacionales y encuentra un espejo nítido en la región.
Un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina
(IDESA) pone el foco sobre el caso de Perú, país que blindó la independencia de
su Banco Central de Reserva en 1993. Desde entonces, el diseño institucional
peruano prohíbe de forma estricta el financiamiento al fisco y la imposición de
controles de cambio o cepos, un esquema que sobrevivió intacto a décadas de
severa volatilidad política y atomización partidaria.
Los datos duros recopilados por
IDESA, basados en estadísticas oficiales de ambos países durante la última
década, exponen la profundidad de los resultados contrapuestos:
- Inflación: Mientras la Argentina registró
una alarmante media anual del 66%, Perú navegó aguas calmas con un
promedio del 3,5% anual.
- Crecimiento económico: El Producto Bruto
Interno (PBI) argentino acumuló una tibia suba del 3% en diez años. En el
mismo lapso, la economía peruana se expandió un 26%.
- Inversión: La tasa de inversión en la
Argentina promedia el 18% del PBI, frente al 24% que exhibe el mercado
peruano.
La evidencia demuestra que la
previsibilidad monetaria es el vector que apuntala la inversión y le otorga
sostenibilidad al crecimiento económico de largo plazo. El éxito de la
experiencia peruana radica en la generación de confianza; los ahorristas e inversores
operan bajo la certeza de que las reglas de juego cambiarias y monetarias no
serán alteradas para cubrir baches fiscales.
Sin embargo, el análisis advierte
sobre un error de diagnóstico recurrente en la historia legislativa local. La
Argentina ya contó con una Carta Orgánica de autonomía similar entre 1992 y
2001, la cual terminó desarticulándose bajo la presión de la crisis de 2002 y
se flexibilizó por completo en 2012 para permitir un rol activo del Central en
el financiamiento público.
La diferencia estructural
determinante entre ambos escenarios radica en la organización política del
Estado. Perú es un país unitario, lo que facilita el control centralizado de
las cuentas públicas. La Argentina, bajo su régimen federal, acarrea una complejidad
fiscal intrínseca: el recurrente desorden, el solapamiento de gravámenes y la
falta de delimitación clara de funciones entre la Nación, las provincias y los
municipios. El quiebre del orden monetario de 2002 no tuvo su origen en las
oficinas del Banco Central, sino en el desborde de los déficits fiscales
provinciales.
La reforma de la Carta Orgánica y la eventual tipificación penal del financiamiento monetario marchan en la dirección correcta para alinearse con los estándares internacionales de estabilidad. No obstante, la experiencia histórica enseña que los candados legales sobre el emisor monetario carecen de credibilidad si no se avanza en paralelo hacia un acuerdo profundo de coordinación tributaria que dote de sustentabilidad fiscal a todo el entramado federal. Sin ese ordenamiento de fondo, el blindaje de la moneda corre el riesgo de volver a ser una solución transitoria.
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