Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El desajuste entre la demografía
y las leyes previsionales transformó a las cajas jubilatorias de los empleados
públicos en una bomba de tiempo fiscal para las provincias argentinas. Entre
2005 y 2024, el gasto previsional en los 13 distritos que no transfirieron sus
sistemas a la Nación se expandió un 87% por encima de la inflación, superando
con creces el aumento del gasto público total, que se ubicó en un 40% real. La
velocidad de esta subida amenaza la sustentabilidad de los gobiernos locales y
limita la capacidad para financiar infraestructura, seguridad, salud y
educación.
Los datos oficiales del
Ministerio de Economía exponen una tendencia uniforme hacia el estrangulamiento
financiero. En La Pampa, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Santa
Cruz, las erogaciones destinadas a jubilaciones estatales más que se duplicaron
en términos reales en las últimas dos décadas. El impacto es crítico en cinco
de estas jurisdicciones —Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Chaco—
donde el sostenimiento de los pasivos de ex-empleados públicos absorbe casi una
cuarta parte de todo el gasto público provincial.
La raíz del problema radica en la
resistencia política e institucional a convalidar el aumento de la expectativa
de vida y la caída de la natalidad dentro de los regímenes de retiro locales.
Lejos de encarar modificaciones que equilibren los aportes con los años de
beneficio, las legislaturas provinciales acumularon normas de excepción, fallos
judiciales desfinanciados y parches de gestión que aceleraron el déficit.
Un reflejo nítido de esta
improvisación regulatoria ocurre en la provincia de Buenos Aires. La
legislatura bonaerense sancionó una norma que obliga a colegios privados y
empresas con participación estatal a desviar sus aportes desde la Anses hacia
el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Si bien la medida inyecta
liquidez inmediata a la caja bonaerense, los aportes de esos trabajadores
activos resultan insuficientes para cubrir el costo de sus prestaciones
futuras. El mecanismo replica la lógica de un esquema Ponzi: captura ingresos
de corto plazo a cambio de una deuda futura que de antemano se sabe impagable.
Frenar la inercia del déficit requiere superar el cortoplacismo político. El envejecimiento poblacional es irreversible y vuelve obligatoria la reconfiguración de las condiciones de acceso y financiamiento del retiro. La inviabilidad fiscal de los modelos aislados demuestra que la única salida efectiva es el diseño de una reforma integral y coordinada que involucre en simultáneo al sistema nacional y a las 13 cajas provinciales no transferidas.
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