Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N°1 de San Martín, integrado por Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti
y Daniel Omar Gutiérrez, condenó a 25 personas —19 expolicías bonaerenses, dos
abogados y cuatro civiles más— tras un juicio oral que se extendió desde
octubre de 2024 hasta agosto de 2026. La causa reconstruyó el funcionamiento de
una estructura que, desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de
Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro, extorsionaba a personas investigadas
por narcotráfico, fraguaba causas judiciales y se apropiaba de cargamentos de
droga para reintroducirlos en el circuito de venta.
El caso "Leones
blancos"
El hecho central del juicio
ocurrió el 29 de diciembre de 2013 en una quinta de Moreno perteneciente al
clan Loza. Un procedimiento armado a partir de un llamado anónimo derivó en el
secuestro de casi media tonelada de cocaína en el lugar, más otros 480 kilos
interceptados en una camioneta que había salido de esa propiedad. La
investigación estableció que otra media tonelada fue sustraída por la banda y
trasladada a Santa Clara del Mar para su venta en la costa bonaerense, mientras
una parte adicional estaba destinada a exportación en envases termosellados. El
valor de la droga robada fue tasado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.
Por este hecho recibieron condena
13 acusados, la mayoría policías de la Delegación Departamental de Quilmes:
- Marcelo Roberto Di Rosa, comisario a cargo
de la delegación, y Adrián Gonzalo Baeta, subteniente: coautores de
uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia
de estupefacientes con fines de comercialización.
- Juan José Magraner, subcomisario y jefe de
Operaciones: mismas figuras, sin la falsedad ideológica.
- José María Delgado, teniente primero: 11
años, mismos delitos.
- Juan Alberto Elizalde, oficial principal, y Marcelo
Carlos Blanco, subcomisario: 14 años y 6 meses cada uno.
- Héctor Hugo Alberto Correa, subcomisario: 11
años.
- Tamara Silvina Machuca, sargenta: 11 años.
- Adrián Osvaldo Dos Santos, subteniente: 3
años en suspenso, por falso testimonio agravado.
- Johana Belén Medina, agente: 2 años y 6
meses en suspenso, por uso de documento falso.
- Cristian Esteban Seu (civil): 12 años. Luis
Víctor Tourn (civil): 9 años. Carlos Daniel Maidana (expolicía):
8 años, también por peculado.
Los casos
"Bustamante", "Acosta", "Basaldúa" y
"Santellán"
Otras 12 condenas correspondieron
a hechos protagonizados mayormente por integrantes de la delegación de San
Isidro:
- Roberto Adrián Okurzaty, comisario a cargo
de esa dependencia: 17 años, la pena más alta del juicio, como organizador
de la asociación ilícita.
- Santiago Ignacio Cabré, sargento: 14 años.
- Mario Alberto de Armas, teniente: 12 años,
con inhabilitación perpetua.
- Gabriel Cabral, oficial principal: 8 años,
con reducción de pena por colaborar con la investigación.
- Juana Elizabet Medina, subcomisaria de la
Subdelegación de San Miguel: 9 años.
- Alesis Jesús Tabares, oficial ayudante de
Lomas de Zamora: 8 años y 6 meses.
- Francisco José García Maañón y Matías
José Pedersoli, abogados: 3 años y 2 años y 6 meses en suspenso,
respectivamente, con inhabilitación profesional por 4 años.
- José Ángel Molina (civil): 2 años en
suspenso, por cohecho activo.
El tribunal absolvió a Amílcar
Esteban Pino, Claudio Javier Burgos, Carlos Ramón Ramírez, Agustín Rodrigo
Machuca Lannoo, Carlos Javier Ochoa y Jonathan Gabriel Chauvin.
La sombra de Scapolan
El fiscal general Marcelo
García Berro, junto a los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes
Soiza Reilly, sostuvo que la complicidad policial contó con el respaldo del
exfiscal Claudio Scapolan, destituido en 2023, quien se desempeñaba en
la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro. Scapolan no fue
acusado en este debate, pero el tribunal ordenó remitir las actuaciones a
instrucción para sumarlas a la causa que ya lo investiga junto a otros
funcionarios judiciales y policiales.
Los fundamentos del veredicto se
conocerán el 7 de octubre, y el tribunal dispuso comunicar el fallo al
Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio Público bonaerense y a los
organismos de control del narcotráfico provincial.
Fuente: Fiscales.gob.ar, Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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