Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El proyecto para modificar la
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) e instituir
su independencia formal respecto del Poder Ejecutivo reabre una discusión
estructural en la economía nacional. La iniciativa parlamentaria busca prohibir
de manera explícita la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro,
exigiendo además mayorías calificadas en el Congreso para el nombramiento y
eventual remoción de sus autoridades.
Aunque la medida apunta a obturar
la vía directa con la que los sucesivos gobiernos cubrieron sus excesos de
gasto, la evidencia histórica sugiere que la autonomía monetaria resulta una
condición necesaria pero insuficiente si no se resuelve el déficit de fondo.
Un relevamiento del Instituto de
Desarrollo Social Argentino (IDESA), basado en cifras oficiales del Ministerio
de Economía, refleja las consecuencias del período comprendido entre 2011
—momento en que se desmanteló la autonomía de la autoridad monetaria— y 2023:
- El déficit fiscal acumulado alcanzó el 54% del
PBI.
- La asistencia monetaria del BCRA al Tesoro
representó el 31% del PBI.
- El nivel general de precios se multiplicó por 468,
provocando una caída del 21% en el salario real del sector formal.
El antecedente directo de este
esquema funcionó entre 1992 y 2002 bajo el régimen de Convertibilidad. Sin
embargo, cuando la insostenibilidad fiscal sobrepasó la capacidad de
endeudamiento, fue el propio Congreso el que votó las leyes para flexibilizar los
límites de emisión, proceso que derivó en la reforma de 2012 y la posterior
aceleración inflacionaria.
Prohibir la emisión sin encarar
un reordenamiento integral del Estado deja expuesta a la ley a futuras
contrarreformas impulsadas por la urgencia de las cajas públicas. Para que la
estabilidad monetaria sea perdurable, la agenda legislativa requiere avanzar
sobre tres frentes críticos:
1. Coordinación
tributaria: Rediseñar la coparticipación y simplificar el esquema
impositivo para reducir la evasión y eliminar tributos distorsivos.
2. Reorganización
de competencias: Delimitar las funciones de gasto entre Nación, provincias
y municipios para evitar superposiciones estructurales.
3. Sostenibilidad
previsional: Armonizar los sistemas jubilatorios nacionales y provinciales,
cuyo déficit crónico presiona sistemáticamente sobre las cuentas generales.
Complementar la autonomía del BCRA con la prohibición de imponer controles de cambio y la exigencia de mayorías agravadas para cualquier modificación normativa reforzará la seguridad jurídica. No obstante, la historia económica local demuestra que ningún cerrojo legal al Banco Central resiste en el tiempo si no se elimina la causa raíz de la emisión: el desequilibrio fiscal persistente.
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