El sociólogo y especialista en
sostenibilidad urbana planteó en "Mates y Datos" un modelo de ciudad
que no pide más subsidios, sino que reordena incentivos: pagarle al vecino que
separa residuos, dejar que los consorcios vendan energía solar y crear un
mercado de bonos con el arbolado público. La discusión, emitida este miércoles
por Jovita Stream, derivó también en un repaso crítico de por qué la Argentina
llega tarde a cada revolución tecnológica desde el siglo XIX.
El diagnóstico: eficiencia
antes que tecnología
Javier Vázquez, ex funcionario
del gobierno porteño y hoy consultor en proyectos de sostenibilidad urbana, fue
entrevistado por Román Reynoso y Denise Dertycia en la emisión de "Mates y
Datos" de este miércoles. Su tesis central desplaza el eje de la discusión
habitual sobre "ciudades inteligentes": una smart city, sostuvo,
"más allá de la tecnología, es una ciudad eficiente", y el desafío no
pasa por sumar sensores sino por aprovechar la infraestructura ya construida.
Consultado por casos concretos de
digitalización en la Ciudad de Buenos Aires, mencionó el asistente virtual Boti
como ejemplo de un servicio que resuelve trámites en tiempo real dentro de
WhatsApp, y la migración a iluminación LED como una mejora que combina menor
consumo con mejor calidad lumínica. Pero el diagnóstico más duro llegó cuando
la conversación giró hacia la basura en las calles porteñas: para Vázquez, el
problema no es solo social —la proliferación de gente que revuelve contenedores
en busca de materiales para vender—, sino de diseño de política pública.
"La estrategia que tiene hoy la ciudad para contrarrestar eso es aumentar
servicios: más limpieza, más recolección. Pero no se soluciona el problema,
porque el residuo sigue estando en la calle", explicó.
Pagarle al vecino para que
separe
La propuesta más desarrollada de
la entrevista fue un esquema de incentivo económico directo a la separación
domiciliaria de residuos. El mecanismo: el vecino que se registre con su número
de ABL entrega bolsas estandarizadas de material reciclable —entre 2 y 4 kilos,
según el promedio que arrojan las estadísticas de generación domiciliaria—,
recibe un pago mediante un código QR y ese material va directo a una
cooperativa de recuperadores urbanos.
El financiamiento no requeriría
partidas nuevas. Vázquez calculó que si la ciudad reduce de siete a cinco los
días semanales de recolección —posible, según su planteo, si se incorporan
sensores de llenado en los contenedores para que los camiones no circulen con
cargas parciales—, se liberarían entre 7 y 8 millones de dólares actualmente
destinados a servicios de recolección y barrido redundantes. Ese ahorro
financiaría el pago a los vecinos.
Reynoso planteó el punto más
sensible del esquema: la capacidad de presión de las empresas recolectoras y
los sindicatos del sector frente a una reducción de servicios contratados.
Vázquez no eludió el planteo: "Que venga otra empresa recolectora que
tenga ganas de cumplir el servicio", respondió, apostando a la licitación
como mecanismo de disciplina de mercado antes que a la negociación directa.
El especialista también recordó
que la ciudad llegó a tener una participación ciudadana en la separación de
residuos de entre 40% y 50%, frente al 60-70% de otras ciudades comparables, un
nivel que hoy se perdió por la falta de contenedores verdes accesibles.
Techos que pagan expensas
El segundo eje de la entrevista
fue la generación de energía fotovoltaica distribuida en edificios de propiedad
horizontal, en un contexto de consorcios con dificultades crecientes para
cobrar expensas. La propuesta requiere dos cambios: modificar la reglamentación
para que un consorcio pueda vender la energía que genera en su techo, y abrir
una línea de crédito a tasa mínima o cero —Vázquez mencionó al Banco Ciudad
como opción, aunque aclaró que podría instrumentarse con cualquier banco
público o privado— para financiar la instalación de los paneles.
El argumento de bajo riesgo
crediticio se apoya en la vida útil de los equipos: un panel solar produce
energía durante treinta años, lo que permite repagar la inversión inicial en
cuatro o cinco años y dejar veinticinco años de ganancia neta para el consorcio,
ya sea mediante la venta a la distribuidora, la reducción directa de expensas
entre las unidades funcionales, o la venta a un privado cercano.
Vázquez citó antecedentes
concretos: la provincia de Buenos Aires y Santa Fe ya cuentan con legislación
de comunidades energéticas que habilita la venta entre privados; San Juan
permite contabilizar la energía generada en una vivienda particular bajo el CUIT
de un comercio distinto del mismo propietario; y en Mendoza existe la
posibilidad de vender excedentes de una casa de fin de semana a un tercero. El
mismo esquema, planteó, podría aplicarse a los clubes de barrio, que hoy
enfrentan facturas de luz que —según coincidieron ambos periodistas en base a
su experiencia en gestión municipal— llegaron a rondar entre 4 y 6 millones de
pesos y pusieron en riesgo su continuidad.
Como referencia de escala,
Vázquez comparó a la Argentina con Brasil: un país con un territorio y una
población entre tres y cuatro veces mayores, pero con una capacidad instalada
de energía fotovoltaica distribuida diez veces superior a la argentina. "No
es una cuestión ni de territorio ni de población, sino de incentivos",
resumió.
Compost para gastronómicos y
bonos de carbono urbano
El tercer componente del esquema
apunta al sector gastronómico, hoy obligado a contratar recolección
diferenciada de residuos reciclables. Vázquez propuso extender la separación en
origen al residuo orgánico —responsable de buena parte de las emisiones de
metano del CEAMSE, que según citó es uno de los principales focos de este gas
de efecto invernadero a nivel global— con recolección gratuita mediante
vehículos eléctricos en horarios específicos, y compostaje en infraestructura
ya existente en el sur de la ciudad, pendiente aún de certificación de Senasa
para su uso comercial pleno.
El cierre de la entrevista
incluyó una propuesta menos convencional: un mercado de bonos de carbono
urbano, distinto de los que ya operan en el Chaco o Misiones, basado en los
servicios ecosistémicos del arbolado público porteño —absorción de CO2, reducción
de temperatura, prevención de inundaciones, mejora de la calidad del aire—.
Según los cálculos que presentó, la venta de estos bonos a empresas podría
generar entre 1,5 y 2 millones de dólares destinados a un fideicomiso para
mantener y ampliar el bosque urbano.
De Roca al litio: por qué la
Argentina llega tarde
La segunda mitad del programa
derivó hacia un análisis histórico-económico de más largo aliento. Vázquez
trazó una línea desde el gobierno de Julio Argentino Roca —que permitió a la
Argentina subirse a tiempo a la primera revolución industrial gracias a los
barcos frigoríficos, pasando de exportar charqui a carne fresca— hasta las dos
revoluciones tecnológicas posteriores, a las que el país llegó tarde: la
industrialización sustitutiva forzada por la crisis de 1929, y la revolución de
la informática y las telecomunicaciones de los años setenta y ochenta,
retrasada por la conflictividad política e ideológica de esa década.
Sobre la explotación actual de
litio, cobre e hidrocarburos, Vázquez introdujo el concepto de "trampa de
Hartwick" —en referencia al economista John Hartwick—: una vez que se pone
en marcha la explotación de un recurso no renovable, resulta económicamente
inviable frenarla antes de su agotamiento, dado el volumen de inversión ya
comprometido. El riesgo que planteó no es la extracción en sí, sino el destino
de la renta que genera: "Los recursos que genera eso no se reinvierten, se
gastan", sostuvo, y recomendó el libro ¿Por qué fracasan los países?,
de Daron Acemoglu y James Robinson, como marco para pensar la diferencia entre
instituciones extractivas e instituciones que reinvierten en su base
productiva.
El cierre: la grieta como freno a la innovación
Los tres participantes coincidieron en que la principal barrera para este tipo de propuestas no es técnica ni presupuestaria, sino política: la polarización impide evaluar iniciativas por sus resultados en lugar de por su origen partidario. Vázquez lo sintetizó apelando a la promesa fundacional de la democracia argentina: "El mito de la democracia argentina lo plantó Raúl Alfonsín cuando dijo 'con la democracia se come, se cura y se educa'. Esa promesa de un futuro deseable es lo que fracasó. Hoy no tenemos una propuesta de un futuro deseable."
Sobre el entrevistado: Javier Vázquez es sociólogo, especialista en sostenibilidad urbana y se desempeñó como funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja actualmente en el desarrollo de propuestas de política pública vinculadas a economía circular, energía distribuida y gestión de residuos, con vistas a su presentación durante 2027.
"Mates y Datos" se emite los miércoles de 18 a 19 horas por Jovita Stream, conducido por Román Reynoso y Denise Dertycia.
Instagram: @mundonorte
