Por
Román Reynoso para Mundo Norte
La
desaceleración de la inflación fue la herramienta más potente para contener el
deterioro social inmediato, pero el instrumento empieza a mostrar síntomas de
agotamiento. De acuerdo con el último informe del Instituto para el Desarrollo
Social Argentino (IDESA), basado en registros del INDEC, la pobreza urbana
experimentó un rebote al pasar del 28% al 32% entre el segundo semestre de 2025
y la primera mitad de 2026. En términos de hogares, el salto fue del 21% al
24%.
Si
bien el cuadro se ubica lejos del pico del 53% registrado en el primer semestre
de 2024, el dato enciende alertas metodológicas y económicas: la brecha de
pobreza —la distancia entre los ingresos familiares y el costo de la Canasta
Básica Total (CBT)— se mantuvo clavada en el 36%, pero el número de personas
bajo la línea de flotación aumentó. Cuando la brecha no cede y la cantidad de
pobres crece en un entorno de desinflación, el problema deja de ser puramente
de precios y pasa a ser de empleo.
En
fases de shock inflacionario, el salario informal pierde la carrera de manera
automática frente a la canasta básica. Cuando los precios convergen a una
meseta, ese efecto de arrastre se disipa y deja a la vista la estructura real
del mercado de trabajo. La pérdida acumulada de puestos formales y la
precarización laboral achatan los ingresos de los deciles medios y bajos:
familias que se encontraban al límite caen en la pobreza sin que medie un salto
abrupto en el costo de vida.
El
equilibrio fiscal y la contención de la emisión monetaria desactivaron la
espiral nominal, pero revelan sus límites para impulsar la actividad
transversal. Mientras sectores intensivos en capital —como energía, minería, el
complejo agroexportador y los servicios financieros— muestran dinamismo, las
ramas que traccionan mano de obra masiva (industria manufacturera, construcción
y comercio) siguen estancadas. La permanencia de restricciones cambiarias, la
dureza del esquema monetario, una matriz impositiva distorsiva y deficiencias
estructurales de infraestructura actúan como un freno de mano para la
contratación formal.
El informe de IDESA remarca un dilema central para la sostenibilidad del programa económico: sin una reforma laboral efectiva que incentive la creación de puestos genuinos y una normalización macroeconómica integral, el alivio que aportó la baja inflacionaria corre riesgo de revertirse. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero sin recuperación del empleo formal de calidad, el piso social no bajará y las tensiones sociopolíticas volverán a tensionar el rumbo del país.
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