Por Román Reynoso para Mundo
Norte
La Cámara Federal de Casación
Penal asestó un golpe determinante a la estrategia defensiva de la familia
Kirchner. La Sala IV del máximo tribunal penal del país declaró inadmisible el
recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner y dejó firme el embargo
preventivo sobre trece inmuebles pertenecientes a las sociedades Los Sauces y
Hotesur S.A., en el marco de la ejecución de sentencia de la causa Vialidad.
El fallo, adoptado por mayoría
con los votos de los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña —quienes
consideraron que la medida cautelar dispuesta en origen no resulta recurrible—,
ratificó lo actuado por el Tribunal Oral Federal 2. En disidencia, el juez
Mariano Borinsky se pronunció a favor de dar trámite al recurso de queja, en
línea con un criterio previo donde consideraba que los activos inscriptos
formalmente a nombre de los hijos de los exmandatarios no debían ser alcanzados
en esta instancia.
La ruta del decomiso y los
bienes alcanzados
La traba preventiva sobre este
lote de activos responde a una solicitud expresa del fiscal general Diego
Luciani y se inscribe dentro de una segunda etapa de decomiso patrimonial que
comprende un paquete global de 141 bienes muebles e inmuebles, atribuidos a la
expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
En términos económicos, el
objetivo central de la justicia federal es asegurar el recupero patrimonial
frente a la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública, cuyo resarcimiento solidario entre los nueve condenados
fue fijado en 685.000 millones de pesos. Cabe recordar que una primera nómina
de 111 activos ya cuenta con el aval de Casación y aguarda la resolución de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para tornarse definitiva.
Entre las trece propiedades bajo
cautelar figuran activos centrales del entramado societario familiar:
- Hotesur S.A.: La firma tiene como único
inmueble el hotel Alto Calafate, operado y gerenciado comercialmente por
empresas de Lázaro Báez hasta mediados de 2013.
- Los Sauces S.A.: Es titular del departamento
porteño de la calle San José 1111 (inmueble que ya cuenta con medidas
cautelares firmes), el histórico chalet ubicado sobre la costanera de Río
Gallegos y el hotel La Aldea, emplazado en la localidad de El Chaltén.
El alcance del artículo 23 del
Código Penal
Para respaldar el avance sobre
estas personas jurídicas, el TOF 2 remarcó que la maniobra defraudatoria
juzgada generó lucros directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner
mediante un flujo financiero comprobado que terminó nutriendo el patrimonio de
ambas sociedades.
En ese sentido, los magistrados hicieron hincapié en la aplicación del artículo 23 del Código Penal, norma que faculta al Estado a incautar el provecho del delito aun cuando haya sido transferido a entes ideales o cedido gratuitamente a terceros. Dado que la cesión del paquete accionario de Cristina Kirchner a sus hijos se concretó en el marco del proceso sucesorio de Néstor Kirchner de 2017 —cuando ya se investigaba el origen de dichos activos—, la justicia resolvió que la modificación de la titularidad registral no neutraliza la ejecución patrimonial ni resguarda los inmuebles de cara a un eventual remate o traspaso definitivo al Estado.
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