Por Román Reynoso para Mundo
Norte
El debate educativo en la
Argentina suele quedar atrapado en una consigna recurrente: la exigencia de
mayores partidas presupuestarias. Sin embargo, un nuevo relevamiento del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) pone el foco en una variable
omitida por la dirigencia política: la eficiencia administrativa y pedagógica
de cada distrito. Según el informe nacional N° 1194 elaborado por la entidad a
partir del índice Edulab, las diferencias en la calidad de gestión entre
provincias explican una brecha de hasta 13,6 puntos porcentuales en la
proporción de estudiantes que logran incorporar aprendizajes elementales.
El punto de partida del análisis
se apoya en los últimos resultados de las pruebas PISA, donde el diagnóstico
resulta alarmante: el 60% de los jóvenes escolarizados de 15 años en el país no
domina las competencias básicas en lectura, mientras que el 76% no alcanza el
umbral mínimo en matemática. Frente a este retroceso, la respuesta tradicional
del arco político y académico ha sido la sanción de normativas que fijan pisos
mínimos de financiamiento educativo; leyes que, a la luz de las estadísticas,
no lograron revertir el deterioro del sistema ni garantizar resultados mínimos
en el aula.
Para medir el peso específico de
la administración local, el indicador Edulab aísla factores estructurales
determinantes como la pobreza, la tasa de ruralidad, el gasto público por
alumno y el peso relativo de la matrícula estatal en cada jurisdicción. Al
despejar estas variables, el índice determina cuánto se desvían los resultados
provinciales reales respecto de lo esperable dadas sus condiciones
socioeconómicas e inversión.
La disparidad territorial queda
expuesta en los extremos de la medición:
- Entre Ríos se ubica en el terreno positivo,
registrando 5,7 puntos porcentuales más de alumnos con aprendizajes
básicos que los proyectados por sus condiciones de base, un diferencial
atribuido a una gestión escolar eficiente.
- Tucumán, en contraste, exhibe un déficit de
gestión que la posiciona 7,9 puntos porcentuales por debajo de lo
esperable.
El reporte señala que los
determinantes no se limitan a los recursos ni al entorno socioeconómico de los
alumnos, sino a los incentivos que rigen el sistema formativo. En ese sentido,
IDESA cuestiona los estatutos docentes provinciales vigentes, a los que
califica de vetustos por priorizar la antigüedad por sobre el desempeño
pedagógico y convalidar altos niveles de ausentismo sin mecanismos de incentivo
vinculados al aprendizaje. A esto se suma una estructura ministerial
centralizada que resta autonomía operativa y margen de acción a los directores
de los establecimientos escolares.
Frente a la dispersión de resultados, el informe plantea una redefinición de tareas entre las provincias y la administración central: mientras que las gobernaciones tienen a su cargo la administración directa de los servicios educativos, la Secretaría de Educación de la Nación debe abocarse a la medición técnica, evaluación periódica y difusión pública de los rendimientos. Transparentar estos datos no solo expone las asimetrías de gestión territorial, sino que quita el velo a un dogma repetido: la idea de que la Argentina sostiene una ventaja competitiva regional basada en recursos humanos calificados se encuentra hoy desmentida por los datos oficiales de rendimiento escolar.
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