Por Román Reynoso para Mundo
Norte.
La decisión de avanzar hacia la
privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ataca apenas una
fracción del problema estructural de la empresa. El principal déficit no radica
exclusivamente en su administración estatal, sino en una anomalía federal
prolongada: el esquema que obliga a los contribuyentes de todas las provincias
a subsidiar el agua y las cloacas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
y el conurbano bonaerense. Para desarmar esta inequidad, la regulación y el
control de la compañía deben transferirse de manera directa y urgente a las
jurisdicciones locales involucradas.
El último diagnóstico del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) desnuda la magnitud de
esta asimetría. Entre 2006 y 2025, el Tesoro nacional inyectó en AySA subsidios
equivalentes al 2% del Producto Bruto Interno. Durante ese mismo lapso, las
provincias y los municipios del interior debieron sostener sus propias
prestadoras de servicios, desembolsando un 5,8% del PBI. En la práctica, el
habitante de Córdoba, Salta o Chubut tributa por partida doble: paga los costos
operativos de su infraestructura local y aporta sus impuestos nacionales para
financiar la tarifa de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), la región con mayor concentración de riqueza del país.
Esta matriz de subsidios cruzados
no logró siquiera unificar los estándares de calidad dentro del propio
territorio operado por AySA. Las disparidades de cobertura son extremas.
Mientras CABA exhibe un acceso casi universal a la red de agua y saneamiento,
los cordones del conurbano bonaerense apenas alcanzan un 73% en agua y un
crítico 55% en cloacas. El financiamiento nacional irrestricto no revirtió la
deficiencia del servicio; funcionó simplemente como un mecanismo para licuar el
déficit operativo constante de la compañía en las últimas dos décadas.
Concesionar el servicio al
capital privado mientras el Estado Nacional retiene la facultad regulatoria
significa dejar el proceso a mitad de camino. La provisión y el control de los
servicios públicos constituyen competencias exclusivas de los estados provinciales.
Corregir el solapamiento de responsabilidades exige un nuevo acuerdo de
coordinación fiscal donde la Nación se retire definitivamente de la
administración sanitaria del AMBA. Entregar el poder de policía y el control
tarifario a los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires es el
paso técnico e institucional ineludible para sanear un régimen federal que hoy
penaliza el desarrollo del interior para sostener artificialmente los costos
operativos de la capital y sus alrededores.
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