Por Román Reynoso para Mundo
Norte
Desde la eliminación de la
"derivación de aportes" en enero de 2025, el tablero de la salud en
Argentina expone una fractura estructural. Los datos más recientes de ARCA,
correspondientes a mayo de 2026, revelan que apenas 53 prepagas y 17 obras
sociales de dirección concentran el 50% de la recaudación total del sistema. En
la otra vereda, 264 obras sociales sindicales deben sostener al grueso de los
trabajadores de menores ingresos con la mitad restante de los recursos.
Esta radiografía, analizada por
el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), pone sobre la mesa
una segmentación extrema. Mientras un sector de aportantes de altos ingresos
financia y accede a prestadores privados de calidad, la otra mitad sostiene
entidades sindicales que, ante la incapacidad de brindar respuestas de alta
complejidad, terminan derivando la demanda hacia el hospital público. El nivel
de concentración es tal que una sola prestadora, OSDE, absorbe el 21% del total
de la caja del sistema.
La desregulación total y la libre
elección introdujeron un riesgo de desfinanciamiento generalizado. La exigencia
legal de cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO) choca de frente contra una
realidad aritmética: para una enorme porción de los trabajadores, el costo de
este plan supera ampliamente su aporte salarial. Al habilitar la migración de
afiliados sin barreras, la demanda de bajos ingresos se vuelca hacia la
medicina prepaga, trasladando el déficit operativo a las empresas privadas e
inyectando inestabilidad financiera al sistema entero.
El diagnóstico exige ajustar las reglas financieras para evitar un colapso. La corrección más urgente implica utilizar la totalidad del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para subsidiar los aportes de quienes menos ganan, estableciendo un piso de ingreso per cápita razonable. En paralelo, resulta ineludible sincerar el PMO. Mantener un menú prestacional infinito sin respaldo presupuestario es una ficción normativa. El sistema requiere que áreas de alto impacto financiero, como las prestaciones por discapacidad, cuenten con fondeo estatal específico y dejen de absorber los recursos estrictamente sanitarios. Sin estas herramientas, la libre elección terminará quebrando incluso a las administradoras más ordenadas.
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